VALÈNCIA. Las relaciones entre el Consell y el Gobierno de España respecto a la reconstrucción tras la Dana no están siendo fáciles. Más allá de las proclamas públicas sobre la necesidad de colaboración y coordinación entre administraciones, siempre existen discrepancias a la hora de bajar a la letra pequeña, siempre más alejada de los focos. Este jueves, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, lamentaba en el Fórum Europa Tribuna Mediterráneo las soluciones aportadas por su homóloga en el ministerio y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ante algunas peticiones del Consell ante la Dana. "Su respuesta ha sido que nos sigamos endeudando. Se ha dejado de hablar del fondo transitorio de nivelación que pedimos, no me cabe en la cabeza que nos digan que nos endeudemos más. Somos la comunidad más endeudada de España en relación al PIB y la segunda en términos absolutos, yo a eso le llamo maltrato financiero", subrayó Merino.
En este caso, llueve sobre mojado. Especialmente si se tiene en cuenta la relación epistolar que han mantenido ambas responsables gubernamentales en las últimas semanas. Así, según fuentes del Ejecutivo valenciano, el pasado 7 de noviembre, apenas díez días después de la Dana, la conselleria remitía una primera carta a la ministra en la que se informaba a Montero de los daños estimados en las infraestructuras autonómicas y los gastos adicionales a realizar, que cifraban en 5.000 millones de euros. Con esta antesala, desde la conselleria se solicitaban en la carta "recursos procedentes del Estado y de la UE a fondo perdido" para "reparar daños de la Dana y reactivar la economía", una método, recordaban, que ya se aplicó en 2020 y 2021 para "combatir la pandemia".
Por otro lado, de forma complementaria a lo anterior, se solicitaba al Gobierno de España autorización a la Generalitat "para endeudarse" con el objetivo de "atender gastos de urgencia y reconstrucción", además de recibir luz verde para "superar los límites de déficit estructural, volumen de deuda pública y regla de gasto". O lo que es lo mismo, según la propia redacción de la conselleria, una petición para ostentar "un déficit objetivo singular".
En la respuesta de Montero con fecha del 12 de noviembre no se respondía a la petición de contar con recursos a fondo perdido, si bien se concedíaabsoluta prioridad" a cualquier solicitud concreta de autorización de endeudamiento.
La Conselleria de Hacienda replicó de inmediato, con una carta enviada al día siguiente, en la que Merino reiteró que la medida más urgente es que en 2024 y "en ejercicios sucesivos", la Generalitat recibiera "recursos a fondo perdido" para hacer frente a una catástrofe "sin precedentes". En esta línea, la responsable autonómica recordó que durante la pandemia se financió "el 50% del déficit autorizado mediante una transferencia extraordinaria directa", por lo que se reclamaba una "solución similar". Además, Merino subrayaba que una solución basada sólo en el endeudamiento agravaría la situación en la Comunitat Valenciana, la autonomía con mayor déficit y mayor deuda en términos del PIB.
La misiva fue respondida de forma casi inmediata por el ministerio, donde Montero subrayó el esfuerzo del Gobierno con medidas puestas en marcha en pocos días, si bien insistió en la alternativa del endeudamiento, para el cual el Gobierno agilizaría los trámites de autorización, vía FLA o financiación en mercados. Respecto a la transferencias directas que pedía la Generalitat, Montero recalcó que sólo eran posibles si se aprobaban unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
"Por ello, para poder realizar transferencias directas, sabes bien que resulta imprescindible contar con unas nuevas cuentas públicas que recojan la dimensión de esta tragedia. Tengo plena confianza en que, dadas las circunstancias y el enorme desafío que afrontamos, ambas administraciones podremos contar con la colaboración de las distintas fuerzas políticas en las respectivas cámaras parlamentarias", señalaba la carta de la ministra, instando así a que el Consell a que pidiera al PP nacional que se abriera a la negociación presupuestaria.
Curiosamente, en paralelo, el 6 de noviembre, la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, había anunciado públicamente que su partido apoyaría los presupuestos que presentara Carlos Mazón con el objetivo de transmitir "unidad" y "apoyar a la ciudadanía". Una maniobra interpretada también como medida de presión para que el PP contemplara apoyar las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Este ofrecimiento se diluyó días después -probablemente al constatar que los populares no entrarían a esa negociación- cuando Morant giró su discurso para ofrecer los votos del PSPV a Núñez Feijóo para que lo relevara en la Presidencia de la Generalitat.
En cualquier caso, el condicionamiento de los PGE a inyectar recursos a fondo perdido es "rotundamente falso", recalcan desde la conselleria, que recuerda además que en 2020 la propia Montero incrementó el gasto del Fondo de Contingencia hasta 3.400 millones como medida excepcional en respuesta a la crisis derivada de la pandemia. En este sentido, un informe de la Dirección General de Financiación de la Generalitat concluía que no era "imprescindible" que hubiera nuevos PGE para que la Comunitat recibiera transferencias no reembolsables, ya que el Gobierno de España podía activar mecanismos para asignar recursos extraordinarios incluso con presupuestos prorrogados.