VALÈNCIA. (EP) La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha informado de que en estos momentos un total de 71.004 personas en situación de vulnerabilidad son destinatarias de la renta valenciana de inclusión, lo que supone triplicar el número de personas que percibían la renta garantizada de ciudadanía en 2015.
El Consell puso en marcha la renta valenciana de inclusión en 2017 con el objetivo de "llegar a más gente", ya que la renta garantizada de ciudadanía, impulsada por el anterior gobierno, a juicio de Oltra, "dejaba fuera a muchas personas y además era limitada en el tiempo, lo que hacía que muchas personas dejaran de percibirla sin que su situación hubiera mejorado".
Para la vicepresidenta, el hecho de que el número de personas perceptoras de esta prestación "se haya triplicado" demuestra que esa "ampliación de derechos" era "necesaria" y "evidencia el compromiso del Consell con aquellos colectivos más vulnerables, con un presupuesto para la renta en 2021 que asciende a 255 millones de euros", ha destacado la Generalitat en un comunicado.
"En estos momentos ya se han ejecutado 78,8 millones de euros del presupuesto de la renta valenciana de inclusión", ha afirmado Oltra, quien ha remarcado que, al tratarse de un derecho subjetivo, el crédito que va ligado a él tiene la consideración de ampliable, lo que quiere decir que "si los 255 millones no son suficientes se ampliará tanto como sea necesario".
Esta cantidad contemplada en los presupuestos de este año, ha apuntado Oltra, supone para una familia de cuatro miembros 864 euros al mes, que pueden llegar a los 1.080 euros con complemento de vivienda, derechos energéticos o cuota hipotecaria, "mientras que con la antigua ayuda la cantidad para esta misma familia era de 392 euros al mes".
La renta valenciana de inclusión es, a su juicio, "la gran herramienta de la que dispone la Comunitat Valenciana en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social y laboral" de los colectivos más vulnerables, puesto que "es mucho más que una prestación económica", ya que incluye prestaciones profesionales e itinerarios de inclusión individualizados, donde los servicios sociales "tienen un papel fundamental".
Por otro lado, la vicepresidenta ha subrayado que con motivo de la COVID-19 y la aprobación del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno central, el Consell aprobó un decreto el año pasado para modificar la Ley de la renta valenciana de inclusión y acoplar su régimen jurídico al régimen jurídico del IMV.
De esta manera, se adaptaron diversos artículos de la ley para poder "clarificar y simplificar" los dos conceptos normativos y permitir el acoplamiento de las dos prestaciones, de manera que la renta pasara a ser una prestación complementaria del ingreso mínimo vital, ha explicado Oltra. Para armonizar ambas prestaciones en la Comunitat Valenciana se ha tramitado la modificación de 7.360 expedientes.
Oltra también ha señalado los complementos establecidos para personas víctimas de explotación sexual o trata con un itinerario de inclusión social, con 320 euros más en el importe de la RVI o el incremento de 60 euros para cada persona miembro adicional en unidades de convivencia de más de seis personas.
Además, se ha concretado la posibilidad de solicitud anticipada para aquellos casos de especial vulnerabilidad cuando no se cumplan todos los requisitos para ser titular de la RVI pero se van a cumplir, de manera que se pueda presentar la solicitud dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista del cumplimiento de los requisitos establecidos.
