La Generalitat se encuentra con la oposición frontal de vecinos y alcaldes pedáneos a reconvertir la antigua 'ruta del bakalao' en una ruta ciclista, con un proyecto que rechazó la Unión Europea; los vecinos han demandado al gobierno autonómico y el Ayuntamiento anuncia que para marzo estarán los semáforos
VALENCIA. La CV-500 fue en su día conocida por ser la carretera que conducía a las discotecas más en boga de la Valencia de los años 80 y 90. En puridad, es la famosa ruta del bakalao. Ahora, 20 años después de la muerte del fenómeno, la carretera ha vuelto a estar en el centro de la polémica pero, signo de los tiempos, lo es por una cuestión vial. Una remodelación que ha realizado la Conselleria de Infraestructuras, a petición del Ayuntamiento de Valencia, ha reducido el ancho de cada sentido de la vía para ganar arcén para el carril bici, ha dispuesto una línea continua, ha reducido la velocidad máxima permitida a 60 y ha incluido elementos que ralentizan el tráfico. Unos cambios que están suscitando polémica en el sentido estricto de la palabra. Incluso cabría añadir que enconada, por acudir a un lugar común que en este caso es certero.
Por el momento los cambios en la vía ya han provocado una manifestación, se ha anunciado una tractorada para el 26 de enero y, por si fuera poco, los vecinos de la zona han demandado al Consell por prevaricación. La bronca tiene especial relevancia cuando se constata que quienes están detrás de la protesta son personas vinculadas o próximas a los partidos que componen el Govern de la Nau. Los miembros del tripartito no salen de su asombro, ya que su intención ha sido pacificar el tránsito en la zona y proteger el Medio Ambiente, pero los vecinos no apoyan su tesis, no comparten su análisis y reclaman, según explicaba este miércoles el presidente de la asociación de vecinos de El Perellonet, Luis Zorrilla, “la completa reversión”, el regreso al pasado más inmediato. “Es una carretera por la que circulan más de 9.000 vehículos diarios y no tiene ningún punto negro… No tiene sentido cambiar lo que funcionaba”, añadía.
La demanda por prevaricación, que se formalizó el pasado día 30 de diciembre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, supone una vuelta de tuerca que ha dejado descolocados a los responsables del Consell encargados de la obra. El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, horas después de conocer la demanda vaticinaba que no tendría mucho recorrido. El motivo, que en ella se reclama una petición de los vecinos que, aseguró, iban a cumplir. “Nosotros adoptamos una medida que según los técnicos era ‘impecable’, pero a nivel político hemos entendido sus reclamaciones y vamos a retirar los cojines berlineses”, comentaba en su despacho del complejo Octubre. Una promesa que parece no haber sido suficiente para apaciguar los ánimos.
Cierto es que los vecinos de las pedanías de la zona y poblaciones limítrofes han focalizado buena parte de sus críticas en los llamados cojines berlineses, unos peraltes que ocupan sólo una parte de la calzada, porque consideran que en la carretera CV-500 no sólo son inútiles, sino además contraproducentes e incrementan la peligrosidad. Pero no es sólo eso. Para ellos el problema es todo el concepto. Aunque en el Ayuntamiento de Valencia y en el Consell pensaban que ayudarían a reducir los vehículos privados de la vía, alguien obvió que la ruta, además de ser una carretera de reminiscencias generacionales, es también la carretera por la que circulan los arroceros de la Albufera. Las cosechadoras que emplean los agricultores, por ejemplo, tienen más de cuatro metros de largo y ya con el anterior ancho de la calzada (3,5 metros) invadían el carril contrario. Por si fuera poco, tal y como pudieron comprobar in situ los técnicos de la Conselleria, los ya famosos cojines además obligan a los arroceros a circular a 5 kilómetros a la hora, con lo que eso supone de ralentización del tránsito y peligro.
Domingo insistió en que los cojines se quitarán, pero para ello antes deberán instalarse los semáforos en la zona que exige la ley. Y es que la raíz del problema viene cuando de manera “irresponsable”, según sus palabras, el anterior gobierno municipal creó la línea 25 de la EMT que conducía a las pedanías de El Palmar y El Perellonet, sin tener en cuenta que cada una de las nuevas paradas del bus debían tener su correspondiente semáforo y paso de cebra. En el Ayuntamiento de Valencia, la tercera pata del conflicto, anuncian desde la concejalía de Movilidad que para marzo estarán los semáforos. Las obras, admitían, se pueden haber retrasado unos días, pero el verdadero problema es cablear los semáforos y conectarlos a la red, un trabajo que indefectiblemente llevará estos dos meses que quedan.
El único partido político que no tiene responsabilidad en esta situación, Ciudadanos, se ha convertido por mor de las circunstancias en el principal aliado de los vecinos. Así, el concejal Narciso Estellés aseguraba a Valencia Plaza que desde su formación estarán “vigilantes y expectantes” a que la Conselleria retire los badenes tras la puesta en marcha de semáforos y pasos de peatones, pero recordó que con eso no basta. Asimismo, calificó la situación de “fracaso”. Un fiasco que tiene su origen, comentó Estellés, en el erróneo análisis que se había hecho por parte del consistorio y de la Generalitat de la vía. “La CV-500 no es una carretera; son cuatro”, explicó. “Es una entre semana; otra cualquier fin de semana fuera de periodo vacacional; otra con los residentes en periodo vacacional, y la cuarta cuando llega verano y coinciden visitantes y residentes”, especificaba.
“Lo que se ha hecho en la CV-500 es un atentado al sentido común”, criticaba Estellés. “El problema de la carretera a su paso por la Avenida de las Gaviotas sigue siendo una cuestión de clara falta de capacidad de diálogo y consenso por parte de la Conselleria y del Ayuntamiento con los vecinos de las poblaciones afectadas, puesto que se obstinan en mantener un carril bici no segregado, peligroso para los ciclistas y para las personas que suben y bajan del autobús de la línea 25, y una anchura de calzada que generará atascos, problemas de seguridad vial y de actuación de los servicios de emergencia en periodos de mayor tránsito”. Una interpretación bastante similar a la que hacía Zorilla, quien lamentaba el escaso diálogo que ha habido por parte del consistorio y de la Generalitat.
Por su parte, Domingo defendía que sí habían sido dialogantes y ponía como ejemplo la anunciada retirada de los cojines. “En nuestro trabajo hemos tenido en cuenta tres factores: Nos ha preocupado la seguridad, dar respuesta a una necesidad concreta del Ayuntamiento y hemos tratado de conciliar las tres sensibilidades que colisionan: la movilidad de los vecinos, el cuidado del Medio Ambiente, y no perjudicar a la actividad económica de la zona, la agrícola y la turística”. De ahí que siguiera defendiendo el mantener el actual ancho de la calzada, reducido a tres metros por cada sentido de la carretera, así como la línea continua y la reducción de la velocidad máxima a 60 kilómetros, en lugar de los 80 que había. Una propuesta que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, donde recuerdan que el parque natural de la Albufera es el segundo de España con más muertes de animales atropellados.
Pero la retirada de los cojines es una solución insuficiente para los vecinos, quienes tienen como meta clara regresar el status quo anterior. Y reclaman que si quieren que desaparezca el coche privado, se ofrezcan alternativas de transporte público realmente útiles y no una línea que da un servicio muy reducido; por ejemplo, el 25 que da servicio desde El Palmar sólo tiene nueve autobuses al día, mientras que el que sale desde El Perellonet cuenta con 20 a lo largo de toda la jornada; y eso los días laborales. Zorrilla señala al concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, como el instigador de esta remodelación de la vía que tantos quebraderos de cabeza está causando. Así, recordó que él fue uno de los impulsores del proyecto Connexió-Albufera, que fue rechazado por la Comisión Europea, y en el que se encontraba el germen de esta conflictiva remodelación. Parafraseando a Konrad Adenauer, el problema de base es que, tanto al consistorio como a la Generalitat, se les olvidó que “en política lo importante no es tener razón sino que se la den a uno”. Y los vecinos no se la dan.