VALÈNCIA. La sanidad valenciana contará este verano con 1.290 médicos menos que el año anterior. Así lo apuntaba este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la sesión de control en Les Corts. "Tenemos el peor verano de la historia, sanitariamente hablando", señalaba al subir a la tribuna, para hacer referencia a la falta de profesionales que prestarán asistencia en los meses de verano. Una carencia de facultativos generada en parte por los 606 facultativos residentes que no podrán incorporarse a la actividad estival por terminar su formación en septiembre a causa de la pandemia.
Una circunstancia sumada a "la carencia histórica de facultativos" y por la que el conseller desvelaba que actualmente hay 684 plazas sin cubrir. "En vez de doblegarnos a la pena, lo que hemos hecho es trabajar para que los valencianos y los visitantes puedan tener la misma asistencia que el pasado año", apuntaba. Gómez no dudó en recordar la disconformidad con la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, de no dar margen para que los MIR puedan realizar labores sin supervisión.
"Un residente no puede, por ejemplo, irse a un centro de salud solo sin la supervisión de ningún adjunto. Esto de ninguna de las maneras lo vamos a admitir. Y tampoco lo que vamos a hacer es recortar la formación de nuestros residentes, porque se merecen completar su formación", señalaba García. En este sentido, tampoco aceptó la petición de algunas autonomías de reducir la formación de estos jóvenes, una propuesta a la que también se opone Sanidad.
La situación también llegaba este jueves al Pleno del Congreso que, pese al voto en contra de los partidos del Gobierno, aprobaba una iniciativa del PP emplazando al Gobierno a estudiar la posibilidad de los MIR de cuarto año puedan pasar consulta en centros de atención primaria este verano, ante el incremento habitual de pacientes en estos meses.
Un texto que subraya que, ante la campaña de verano, existe una "crítica necesidad" de profesionales sanitarios en la Atención Primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud, por lo que se insta al Ministerio de Sanidad a materializar medidas de urgencia, siempre desde el cumplimiento riguroso del reparto competencial vigentes y con un "consenso real" con las comunidades autónomas y la "coordinación plena" con los representantes de los profesionales sanitarios.
"Garantizando siempre la calidad y la seguridad formativas y asistenciales", se emplaza al Gobierno a "dar prioridad" a solucionar los problemas existentes en la homologación de títulos universitarios y especialidades extracomunitarios, "así como a posibilitar que los Médicos Internos Residentes de cuarto año que iniciaron su formación en 2020 puedan atender este verano —con la supervisión y los apoyos pertinentes— a los pacientes que acuden a los centros de Atención Primaria".
"Abordamos el problema con seriedad, no como el ministerio de Sanidad. Que le vengo exigiendo desde diciembre con el resto de consejeros de todos los colores políticos que encuentre una solución y ha hecho caso omiso basándose en la legalidad", insistía el conseller de Sanidad. En este sentido, aludía al uso de disposiciones transitorias por parte del Gobierno estatal para dar soluciones.
Hace unas semanas, Gómez presentaba el plan de vacaciones con menos camas, más movilidad, pago de incentivos al personal, refuerzo y cierre de consultorios. Para poder afrontar el déficit de facultativos, la conselleria anunció medidas como la redistribución horaria en la asistencia, que incluirá, si es necesaria, la reducción de horarios de atención en algunos centros, la movilidad de facultativos entre las zonas de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) e incentivos por módulos de refuerzo.
El documento presentado a los sindicatos también recogía un recorte adicional del 23% de camas hospitalarias respecto a otros años. El plan de cierre de camas contempla 891 menos que en circunstancias habituales en el mes de julio, frente a las 692 de 2023. Mientras, en agosto será de 1010 frente a las 849 de año anterior y en septiembre 812 frente a las 547. Un plan con un presupuesto de 79,5 millones de euros, que supone un incremento de 7,2 millones con respecto al año pasado, pero que también aglutina dos departamentos más: Dénia y Manises.