De izquierda a derecha y de de arriba a abajo: los cabecillas de la trama Gürtel Fracisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El bigotes" y la exconsejera valenciana Milagrosa Martinez (Foto: EFE)VALENCIA. La sentencia emitida este viernes dentro de la pieza de Fitur en el marco de la rama valenciana del caso Gürtel ha roto todas las esperanzas de las defensas. La pena de seis años por malversación de caudales públicos para los principales imputados, véase Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, supone un varapalo de ni más ni menos que 18 años de cárcel a cumplir para cada uno de ellos.
Aunque parece absurdo, no lo es. La ley dice que cuando una persona está imputada por varios delitos iguales en piezas diferentes de un mismo caso, siempre cumplirá tres veces la mayor de las penas o, lo que es lo mismo, la pena a cumplir efectivamente nunca puede superar el triplo de la mayor impuesta. Es decir, que aunque los principales cabecillas de la trama acumulen peticiones de cárcel de más de 130 años, y sean condenados en todas y cada una de las piezas, jamás cumplirían dichas penas tan elevadas.
El motivo es que si una macrocausa se divide en varias piezas para agilizar la instrucción, lo que no se puede hacer es que el imputado cumpla la misma pena varias veces, pero tampoco se puede elegir cuál de todas las sentencias “gusta más” y que cumpla esa. Es por ello que se estableció el precepto de “tres veces la mayor”.
En el caso concreto del cabecilla de la trama, Francisco Correa, su letrado Juan Carlos Navarro ha tratado en vano de llegar a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para que la mayor de las penas fuera de dos o tres años, con lo que cumpliría seis o nueve. Al no poder alcanzar el pacto, lo que hizo la defensa de Correa fue que asumiera las acusaciones vertidas por la Fiscalía en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por otra de las piezas de Gürtel. Navarro buscaba la atenuante de colaboración que rebaja en un grado las penas y que los magistrados, casi seguro, iba a tener que aplicarle puesto que dos empresarios habían llegado a un acuerdo con el Ministerio Público tras confesar en el juicio.
El problema para el abogado valenciano es que él no ejerció la defensa de Correa en el juicio de Fitur y, en ese juicio, no hubo confesión de ningún tipo que pudiera suponer una reducción de las penas. Así, tanto Francisco Correa como su abogado se han encontrado con una condena a seis años de cárcel que supondrá, si el Tribunal Supremo no lo remedia, que deberá cumplir 18 años de prisión.
El caso de la exconsellera Milagrosa Martínez es totalmente diferente. Martínez estaba solo imputada en esta pieza y ha sido condenada a nueve años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho pasivo, por tanto, la que fuera mano derecha del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, cumplirá los nueve años, pero no 18 como la cúpula de la trama corrupta.
Pero por si el varapalo judicial de este viernes no hubiera sido bastante, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se ejecute la sentencia ya, y que los condenados entren en prisión. La sala ha decidido realizar una vista la semana que viene en la que atenderá las diferentes peticiones y resolverá.
Según fuentes de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza, parece ser que la opción más factible a día de hoy es la de que los magistrados impongan una fianza millonaria a los condenados que, hasta la fecha, no han pagado nada. Dentro de ese caso no estarían ni Francisco Correa ni Pablo Crespo, ya que ambos pagaron la citada fianza en su día y han pasado tres años y medio en prisión preventiva.
La única esperanza para todos los condenados tras una sentencia demoledora está en el Tribunal Supremo. Tanto el actual letrado de Correa como el de Pablo Crespo hablaron en la puerta del tribunal de nulidades palmarias.
Juan Carlos Navarro tachó el fallo de “desproporcionado” y explicó que “la sala estaba contaminada porque resolvió cuestiones de fondo que no podía”. Más incisivo y agresivo se mostró el representante legal de Crespo, Miguel Durán, que aseguró que llegarán "al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hace falta”.
Para Durán la "sala estaba contaminada porque el ponente de la sentencia tiene una clara vinculación con el PSOE". Tanto para él como para su cliente la sentencia de Fitur tiene "motivaciones políticas", y se muestran esperanzados con el hecho de que el Tribunal Supremo pueda cambiar las penas.
