VALÈNCIA. La sentencia sobre el caso de los EREs fraudulentos en Andalucía cayó este martes como una losa sobre la formación socialista que lidera Pedro Sánchez. Una condena a dos ex presidentes de la Junta, Jose Antonio Griñán (seis años de cárcel) y Manuel Chaves (nueve de inhabilitación), además de a varios consejeros y ex altos cargos del mencionado gobierno.
Un fallo que, sin embargo, no solo tiene consecuencias en el ámbito nacional sobre la formación del puño y la rosa, sino también daños colaterales para federaciones como la valenciana, que hasta ahora había podido atacar con crudeza los casos de corrupción que han asolado el PPCV en los últimos años.
Así pues, no puede decirse que la condena hecha pública este martes equilibre la balanza entre ambas formaciones, dado que sobre los populares pesan diversos procesos que, en algunos casos, ya han terminado con penas de cárcel para varios referentes del partido: un año y medio de prisión para el ex presidente de la Generalitat José Luis Olivas; los seis años y medio de cárcel para el exconseller Rafa Blasco por el caso Cooperación o los nueve años para la exconsellera Milagrosa Martínez por el caso Fitur, una rama de Gürtel.
Al margen de ello, los populares valencianos también han visto como el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se encuentra investigado por blanqueo de capitales en la operación Erial, mientras que el también ex jefe del Consell Francisco Camps lo está por la visita del Papa y también por la Fórmula 1. Hay que sumar que el PPCV espera además que se diriman casos todavía abiertos como Taula, donde se incluye la pieza del presunto blanqueo de capitales en el que está investigado casi todo el grupo municipal anterior del Ayuntamiento de València.
Un largo listado de problemas judiciales para los populares valencianos contra los que ha tenido que lidiar la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, quien ha admitido públicamente los errores del PPCV en el pasado y pedido perdón. No obstante, en los últimos tiempos su formación ha comenzado a sumar a su tarea de oposición política determinadas denuncias concretas que están incomodando al Consell del Botànic, formado por PSPV, Compromís y Unides Podem.
Ahora bien, al margen de esto, la sentencia de los EREs proporciona unos argumentos nada desdeñables a los populares valencianos, especialmente después de que en los últimos años se haya puesto el foco de la corrupción en estas siglas y, en particular, en este territorio. Más aún cuando durante mucho tiempo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue un aliado destacado del socialismo andaluz, tal y como demostró con su apoyo incondicional a Susana Díaz en las primarias frente a Pedro Sánchez.
Una munición interesante para Bonig y los suyos, que han tenido grandes dificultades para superar la marca de corrupción ante la opinión pública. En cambio, la condena puede servir para incomodar al PSPV en una batalla dialéctica en la que solían sentirse ganadores, puesto que en la primera legislatura del Botànic, más allá del caso Alquería, no han sufrido ningún traspiés de esta índole.
Sin embargo, una sentencia tan sonada como la de los EREs puede ser utilizada de forma certera por la oposición, incluso aunque se haya producido en otra comunidad autónoma, quizá no para atacar con ello al Botànic, pero sí para defenderse y replicar con fiereza o, simplemente, para que tenga un efecto disuasorio y evite que al menos el PSPV trate de golpear a los populares con los casos de corrupción.