VALÈNCIA (Jordi Ferrer/EFE). La sentencia que marcará el futuro del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, principal procesado en el caso Erial, y el juicio que se ha de señalar contra la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra centrarán el foco mediático del curso judicial que comienza este mes en la Comunitat Valenciana.
El juicio del caso Erial quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia y su presidente, Pedro Castellano, tiene ahora en su mano, como ponente, el futuro de un político que lo fue casi todo.
La misma Sección Cuarta ordenó reabrir en junio la causa contra Mónica Oltra por la gestión del caso de los abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada, lo que en la práctica supondrá la celebración de un juicio cuya fecha por el momento es una incógnita, aunque la Fiscalía ya descartase ejercer ninguna acusación por considerar que no existe delito.
En el ámbito gubernativo, la cúpula judicial aguarda una profunda remodelación por parte del Consejo General del Poder Judicial, con la renovación pendiente de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana -ante la próxima jubilación voluntaria de su titular, Pilar de la Oliva-, de las tres presidencias de las Audiencias Provinciales y de las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.
El CGPJ, que sigue funcionando sin presidencia, deberá poner en marcha las bases y los concursos a los que deberán someterse los candidatos a cubrir todas las vacantes citadas.
También se abordará en las primeras semanas del curso judicial la toma de posesión de José Ortiz como fiscal superior de la Comunitat Valenciana y su sustitución al frente de la Fiscalía Provincial de Valencia.
Otro de los puntos de atención del nuevo curso judicial será el transcurso de la instrucción del caso del incendio del edificio de Campanar en el que perecieron 10 personas, especialmente tras la reapertura de la causa ordenada por la Audiencia a finales de junio y el dictado de nuevas diligencias de investigación.
El juez instructor ha pedido el expediente completo del edificio calcinado, así como información de las mercantiles promotoras y de los materiales usados, especialmente en la fachada.
También ha solicitado al Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat los protocolos de extinción de incendios, todo ello a fin de conocer si se pudo producir algún tipo de irregularidad.
También tendrá trascendencia el desarrollo de las diligencias de investigación penal que la Fiscalía especializada en delitos de odio ha abierto a tres cargos públicos de Vox por diversos mensajes.
El caso más reciente es el del concejal de Vox en Paiporta (Valencia) David Furió, que en un comentario en la red social X pidió “plomo” para los inmigrantes.
Concretamente, en su publicación escribió: “El que quiera terminar con la inmigración debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo...".
También están investigados la exconsellera de Justicia Elisa Núñez (que se dio de baja de Vox por su “deriva radical”) y la concejala en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero.
Núñez está siendo investigada por sus declaraciones sobre un crimen en Gata de Gorgos (Alicante). “Nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda”, aseguró.
Del mismo modo, se analiza la trascendencia penal de otros comentarios publicados por la concejala de Emprendimiento y Agricultura en el gobierno municipal que preside María José Catalá (PP), que afirmó "el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”.
En el capítulo de las causas por supuestos casos de corrupción está pendiente el señalamiento de la causa E del caso Imelsa, por el presunto amaño de los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando estaba dirigida por María José Alcón (fallecida en 2018).
También sigue viva la instrucción del caso Azud, una causa que no ha dejado de ganar en complejidad desde su inicio en abril de 2019.
Aunque todavía se mantiene el secreto sobre algunas de sus partes, de este caso se conoce una trama urbanística, otra de asesoramiento supuestamente ilícito y tráfico de influencias, otra centrada en el negocio del saneamiento de aguas y una tercera que podría tener derivadas en la financiación ilegal de varios partidos.
En Castellón, el expresidente provincial del PP y expresidente de la Diputación Carlos Fabra debe afrontar tres causas pendientes de juicio, una relacionada con la posible ocultación de su patrimonio, otra por los convenios de patrocinio al piloto Álex Debón y una tercera por supuestos delitos societarios en la gestión del campo de golf cedido a la familia de Sergio García.
En la Audiencia Provincial de Alicante, la repetición del juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM, ordenado por el Tribunal Supremo, deberá esperar a que el Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el procesado y yerno de la asesinada, que fue absuelto por un tribunal popular.
El magistrado blinda los hechos por los que se puede acusar a los 16 cargos de la Conselleria de Igualdad en su auto de procesamiento para dejar fuera delitos como el de malversación