El órgano traslada al Tribunal de Cuentas el contrato de asesoría para externalizar Cacsa
VALENCIA (VP/EP). La Sindicatura de Comptes alerta de indicios de "responsabilidad contable" en pagos realizados por la empresa pública valenciana Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) a la consultora Deloitte Advisory por los que esta empresa pública no habría recibido la contraprestación correspondiente en su totalidad, según refleja en el informe anual de fiscalización de la Generalitat valenciana, entregado este lunes a las Corts.
Se trata del único caso de posible responsabilidad contable detectado en las cuentas de 2014, que será notificado al Tribunal de Cuentas para que actúe en consecuencia, ya que la potestad sancionadora y, en su caso, de denuncia penal recae en el organismo estatal. El síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, explicó este lunes en las Corts que, gracias a un protocolo suscrito recientemente con la fiscalía del Tribunal de Cuentas, van a trasladar a este órgano las "irregularidades" detectadas en ese contrato, con el fin de que se investiguen o se hagan las gestiones para su subsanación.
Según el informe de la Sindicatura, el 24 de junio de 2014 se dieron por concluidos los trabajos objeto del contrato de "servicios de consultoría para la definición de las condiciones de externacionalización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias", suscrito en noviembre de 2012 -negociado y sin publicidad, por 42.000 euros, IVA excluido-, así como los servicios de apoyo durante la licitación y redacción del contrato, y se determinó el pago del importe pendiente, por valor de 10.500 euros, IVA excluido.
Según la Sindicatura, ese pago "no puede considerarse procedente, dado que la empresa adjudicataria no había cumplido totalmente con el objeto contractual", en el que se integraba una mejora comprometida. En sus alegaciones, Cacsa afirmó que dicha mejora había devenido inviable y que lo que hubo fue un defecto formal.
Sin embargo, el 2 de julio, es decir, una semana después, se formaliza con Deloitte Advisory un contrato "complementario" al anterior por 21.000 euros (IVA excluido) -el 50% del contrato anterior- "para la definición de las condiciones de contratación". Según la Sindicatura, no había necesidad de servicios complementarios puesto que el servicio se había dado por entregado una semana antes.
No obstante, según la Sindicatura, "no es este incumplimiento legal lo que constituye un indicio de responsabilidad contable, sino el hecho de que cuando se formalizó esta nueva contratación, en fecha 2 de julio de 2014, no se incluyeran todas las prestaciones que se contemplaban en la propuesta efectuada por Cacsa a la adjudicataria, sin que esta circunstancia determinara que se rebajara el precio contractual en la parte correspodiente".
La Sindicatura enumera los servicios solicitados por Cacsa que Deloitte no incluyó en el contrato, a pesar de lo cual se mantuvo el precio. En sus alegaciones, presentadas a través de la Conselleria de Economía, Cacsa afirma que mantuvo el precio porque Deloitte dijo que los trabajos no podían prestarse por un importe menor, pero la Sindicatura duda que eso sea así, "dado que no se solicitaron otras ofertas que sirvan de contraste".
La Sindicatura expone que el 26 de febrero de 2015 se satisface el pago del importe del contrato, por 21.000 euros más IVA, unos hechos en los que la institución aprecia indicios de responsabilidad contable.
El informe permite además conocer el valor neto contable del deterioro del revestimiento de la cubierta del Palau de Les Arts Reina Sofía debido a los desprendimientos del 'trencadís' en diciembre de 2013, que asciende a 2.742.707 euros, y del que se ha hecho cargo la dirección facultativa y la UTE constructora.
Además, la Sindicatura detalla el coste neto de los edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes, que asciende a un total de 1.067,5 millones de euros, entre los que destacan los 447 millones del Palau de Les Arts, los 186,7 millones del Oceaongràfic, los 141 del Museo de las Ciecias y los 116 del Ágora.
CACSA tiene un fondo de maniobra negativo de 325 millones de euros
También se explica que Cacsa tiene un fondo de maniobra negativo de 325 millones de euros, y que, al igual que en ejercicios anteriores, Cacsa no ha obtenido los ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones.
Asimismo, se considera que ha habido una "falta de diligencia" en el ejercicio de las acciones legales pertinentes para dar un "adecuado y efectivo" cumplimiento al contrato de Cacsa con la operadora del Oceanogràfic, Parques Reunidos.
Según el Síndic, Cacsa "era conocedora del deterioro de las instalaciones y de los incumplimientos contractuales por parte del operador desde prácticamente el inicio de la vigencia del contrato", suscrito en 2002, pero hasta febrero de 2015 no contestó a la demanda interpuesta por Parques Reunidos en julio de 2014 que exigía una serie de créditos.
El informe desvela que por primera vez se ha evaluado el deterioro del inmovilizado del Oceanogràfic, pese a que había evidencias desde 2004, y se ha cifrado en 5,6 millones de euros.
