Vicent Cucarella, síndic major. Foto:KIKE TABERNER
VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes continuará este ejercicio con su labor fiscalizadora del sector público valenciano y, entre los informes previstos en su Programa Anual de Actuación, aprobado por su Consejo el pasado 28 de diciembre, se encuentran los gastos electorales de 2023, la evaluación del grado de avance del Plan para la Optimización de Tiempo y Mejora de la Atención Sanitaria (Óptima) y el control del sistema de gestión de compras sanitarias o las subvenciones del Plan Resistir Plus, según ha informado esta institución.
Este órgano encargado del control externo de la gestión
económico-financera del sector público valenciano --sobre todo de la Generalitat y entidades locales-- publicó en 2022 un total de 60 informes, la segunda mayor cifra de la historia de esta institución, sólo superada por los 64 informes de 2020.
En la "amplia hoja de ruta" prevista para este ejercicio no faltará el informe de fiscalización de la cuenta de la Administración de la Generalitat, así como los dedicados a la contratación ya las subvenciones, junto con los informes específicos de los distintos entes, hasta completar los cinco volúmenes correspondientes a la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat.
Asimismo, también se completará el seguimiento del proyecto NEFIS de la Generalitat --además de analizar la configuración de su seguridad y su despliegue en los organismos autónomos-- que tiene como objetivo facilitar la plena implantación de la administración electrónica, contribuyendo a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y facilitar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía.
Además, estudiará, a través de las auditorías operativas y especiales, entre otras partidas, las subvenciones concedidas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace); las subvenciones del Plan Resistir Plus; el programa 421.70 de infraestructuras educativas; los comedores escolares en los centros educativos de enseñanza primaria; o la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La figura de la auditoría operativa proporciona a los ciudadanos información sobre cómo se gestionan los fondos públicos y si éstos contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas públicas de una forma eficiente.
Por lo que respecta a la fiscalización de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia otorgados por el Estado, la Sindicatura continuará su fiscalización en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Esta iniciativa pública, junto a las subvenciones del Plan Resistir Plus, son importantes para seguir paliando los efectos negativos de la Covid-19 en la economía. En este contexto, los órganos de control "deben prestar especial atención a verificar que los recursos públicos se gastan respetando los principios de buena gestión", señala.
Dentro de su control a las entidades locales, abordará entre otros asuntos, la contratación en 2022; la gestión de tributos locales; la revisión del control que ejercen los ayuntamientos sobre las aportaciones a sus grupos políticos en poblaciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes; o las actuaciones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales en el marco del Plan de Recuperación.
Además, continuando con su preocupación por las crisis climática y energética, el ente fiscalizador auditará las medidas de ahorro y eficiencia energética a nivel local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
También iniciará la fiscalización de la cuenta general de las entidades locales de 2022, además de terminar las auditorías iniciadas el pasado año sobre controles básicos de ciberseguridad de las entidades locales; de los controles de seguridad de la nueva aplicación de gestión económico-financiera SEDA en el Ayuntamiento de València; o del entorno de control de los ayuntamientos.
Asimismo, finalizará la fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participan en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el análisis del control que ejercen las diputaciones y los mayores ayuntamientos sobre los entes dependientes por medio del control financiero.
Los ayuntamientos que bordean auditadas sus cuentas en 2023 serán Torrent, Alzira, Redovan, Sagunt, Ontinyent, Mislata y Dénia. La rendición de cuentas de las entidades locales se efectúa por medio de la plataforma informática explotada por la Sindicatura de Cuentas, otros órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas. En el sitio web de la Sindicatura se mantiene siempre actualizada la relación de las entidades locales que no han remitido sus cuentas a la Sindicatura y los esfuerzos del ente fiscalizador para que se reduzca el retraso en los plazos de rendición condujeron a que en 2022 todos los ayuntamientos cumplieron con su obligación ya a mediados de año.
Del mismo modo, las universidades públicas valencianas serán objeto de un informe de control formal de la rendición de cuentas. En cuanto al control interno de la propia Sindicatura, el año pasado ya entró en funcionamiento un control adicional consistente en la función de control financiero permanente.
El Síndic de Greuges ha recomendado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que realice un "esfuerzo organizativo y presupuestario" que permita disponer en la Comunitat Valenciana de unos servicios en tratamientos de reproducción asistida "dignos, suficientes y adecuados a la demanda" existente, especialmente en la provincia de Castellón, que carece de unidades específicas y también en aquellas que están "más saturadas", al tiempo que garantice la igualdad y la no exclusión en el acceso a estas técnicas.
Esta es una de la conclusiones de una investigación llevada a cabo de oficio por el defensor del pueblo valenciano tras las "numerosas quejas" recibidas en la institución por la demora en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el ámbito sanitario público valenciano y que se han incrementado "notoriamente" en los últimos años.
El Síndic, Ángel Luna, resalta en su resolución, consultada por Europa Press, que las personas que se han dirigido a la Sindicatura les han trasladado su "angustiosa experiencia" y le solicitan que intervenga para que Sanidad "sea capaz de dar respuesta en el menor tiempo posible al manejo y tratamiento de estas situaciones que, de por sí, presentan connotaciones muy especiales, ya que el acceso a este tipo de tratamientos para cada pareja o mujer representa la posibilidad de tener descendencia en el contexto de un proyecto vital".
En este sentido, el Síndic recalca que el factor del tiempo puede suponer "una merma, e incluso la exclusión, del propio derecho de acceso a la prestación de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, hasta el punto de que, en circunstancias análogas, el momento de acceder a la misma puede suponer el poder gozar de tal derecho, lo que podría equipararse a una desatención desde la perspectiva del derecho a la protección de la salud que promulga el texto constitucional".
Según la información proporcionada por Sanidad, la red pública de la Comunitat Valenciana cuenta con cuatro Unidades de Reproducción Asistida --Clínico, La Fe y el General de València-- y el General de Alicante, y ninguna en Castellón donde las pacientes son derivadas al Clínico. En cuanto a la demora, según Sanidad, para acceder a la primera consulta se sitúa en seis meses; para técnicas básicas (inseminación artificial (IA) y la preservación de fertilidad) no existe lista de espera y para técnicas complejas o avanzadas como ciclos FIV/ICSI (Fecundación in vitro/Inyección intracitoplasmática de espermatozoides) es de un año.
Al respecto, el síndic considera que si bien los recursos asistenciales hoy en día en España y la Comunitat Valenciana son de "un alto nivel y ofrecen una buena calidad asistencial a los pacientes, equiparable al resto de los países de nuestro entorno, es imprescindible abordar con urgencia el déficit de recursos públicos".
