VALÈNCIA. (EP) La Sindicatura de Comptes ha detectado incumplimientos en los contratos de investigación de la Universitat de València (UV) y ha recomendado se efectúen y desarrollen con más "rigor" y control, según una auditoría del ejercicio 2020.
En concreto, uno de los incumplimientos es que los informes que obran en los expedientes revisados --previos a la firma de los contratos-- no se manifiestan sobre su adecuación a los modelos normalizados aprobados y a los textos legales que los regulan, lo que supone un incumplimiento de la normativa interna de la UV.
Paralelamente, en tres de los contratos de investigación analizados no consta que la actividad se pueda identificar con las que permiten formalizar un contrato de investigación, ni en el detalle de los trabajos a realizar ni en la definición del objeto de contrato.
Además, la gestión de uno de los contratos de investigación analizados se han constatado incumplimientos "significativos" de la normativa interna de la Universitat que no han sido subsanados.
El órgano fiscalizador cree la institución académica debe actuar con más rigor en la formalización de las hojas de encargo, pues en una de ellas debería haberse suscrito un contrato ordinario y en otras cuatro se supera el límite máximo de 12.000 euros que permite su formalización.
Ante estos incumplimientos, la auditoría incluye recomendaciones como que la UV actualice y desarrolle su normativa interna sobre contratos de investigación, al quedar "desfasada" en algunos aspectos y ser "poco concreta y clara" al establecer el proceso que se debe seguir en la contratación, gestión y liquidación de estos contratos.
A su juicio, también debería modificar la instrucción de la gerencia sobre la gestión de los contratos de investigación, suprimiendo la posibilidad de que un mismo investigador responsable cuente con más de una clave específica de actividades menores y estableciendo la obligación de identificar cada hoja de encargo.
Para Sindicatura, la UV debería estimar los costes reales que le suponen los proyectos de investigación contratados, a fin de mejorar la gestión económica de sus recursos, y revisar si la retención del 10% sobre el precio de los contratos es suficiente para compensar la totalidad del coste inducido por su ejecución.
Otras de sus recomendaciones son graduar el porcentaje a detraer de la remuneración de los profesores por los contratos de investigación, en lugar de aplicar un porcentaje invariable del 10%, y establecer un sistema que permita el control de las personas que participan de forma efectiva en cada contrato de investigación en cualquier momento.
También insta a la UV a detallar suficientemente en qué han consistido los trabajos realizados por los solicitantes de los complementos retributivos y recuerda que el modelo utilizado para los expedientes de contratación de contratos menores debe adaptarse a la normativa sobre contratación pública y mejorar así la motivación de su necesidad.
El ente fiscalizador subraya que no deben efectuarse autorizaciones anuales genéricas y sin límite de importes para la contratación de actividades de investigación a favor de un profesor por parte del consejo de departamento, del instituto universitario de investigación u órgano de gobierno equivalente de la estructura de investigación a la que pertenezca.
En esta línea, recomienda garantizar que los investigadores formalicen una declaración responsable de no incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad que determina la normativa.
Junto a esta auditoría se ha publicado el informe de control formal de las cuentas de 2020 de las universidades públicas valencianas, tras su aprobación por el consejo social de cada una y su remisión a la Conselleria de Universidades y a Intervención General de la Generalitat.
En general se cumplieron los trámites y plazos en la aprobación, presentación, publicación y posterior liquidación de los presupuestos de cada universidad. En total ascendieron a 1.692,74 millones de euros, un 4,6% más que en 2019, con un grado de ejecución del 70,2% y el pago del 97% de gastos contabilizados.
En el caso de la UV, Sindicatura advierte que "sigue sin ofrecer" en sus cuentas anuales información sobre el coste de las
actividades y que, aunque no es obligatorio, debería implantar un sistema de contabilidad analítica "a la mayor brevedad posible". Eso sí, tiene constancia de que esta universidad trabaja en la contabilidad de costes y tiene ultimada la correspondiente a 2018.
Sin embargo, Sindicatura advierte que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, no ha remitido las cuentas anuales de las entidades dependientes de las universidades, incumpliendo lo establecido en la normativa, y que los informes de auditoría de cumplimiento y de auditoría operativa realizados por Intervención se entregaron el 21 de octubre con posterioridad al plazo legal.
