VALÈNCIA. La SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias) nació a principios de 2019 con motivo de subrogarse las brigadas forestales que operaban en la Comunitat Valenciana en la empresa estatal Tragsa. Dependiente de la Generalitat Valenciana, y concretamente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), ostenta más de 900 empleados.
La entidad tiene todavía algunas cosas por hacer, tal como queda reflejado en el último informe de seguimiento de la auditoría operativa sobre los servicios de extinción de incendios forestales elaborado por la Sindicatura de Comptes que abarca hasta el 2019. En él, asegura que los órganos de dirección de la empresa pública que gerencia Maria Duart "deberían adoptar las medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, respetando los derechos laborales de los trabajadores".
Asimismo, también indica que esto se ha de hacer "salvaguardando los intereses de la Administración, en particular evitando gastos jurídicos si hay certeza plena de que la jurisdicción concluirá a favor del colectivo de bomberos forestales que reclaman su consideración como personal indefinido discontinuo". Y es que esta es uno de los conflictos laborales que arrastra la firma pública: la situación del personal temporal y con contratos de obras y servicios.
Según el informe, la relación de puestos de trabajo cuenta con 948 plazas, de los cuales apenas la mitad (487) es de personal fijo. La otra mitad se reparte casi a partes iguales entre plazas de personal temporales (226) y otras de obras o servicios (235). A este respecto, lo que dice la Sindicatura es que la SGISE "no ha podido hasta hoy llevar a cabo procesos selectivos definitivos debido a que la la limitada estructura administrativa [...] ha impedido poner en marcha algunos aspectos de la nueva sociedad mercantil".
Así, una de las cuestiones más urgentes es "resolver la problemática sobre la estabilidad en las contrataciones de los equipos operativos". En este sentido, la Sindicatura recuerda que ya hay múltiples sentencias de los tribunales e incluso del Tribunal Supremo a favor de los trabajadores que venían de Tragsa y según las cuales "el contrato adecuado" para los bomberos forestales que sólo operan en períodos estivales como refuerzo de la plantilla fija es "el indefinido por tiempo discontinuo". Al fin y al cabo, prosigue el organismo, se pretende atender necesidades que, "aunque no son permanentes", sí son "cíclicas o intermitentes" y en intervalos "reiterados en el tiempo".
Hasta el momento, la práctica habitual que operaba en Tragsa era suscribir contratos de obra o servicio y prórrogas de contrataciones temporales para atender las campañas de verano, y por ello la SGISE ha heredado esta situación que, por el momento no ha resuelto, y enfrenta ahora a numerosos procesos judiciales de transformación de contratos. "La magnitud de la problemática es muy relevante, porque casi el 50% de la plantilla de la SGISE tiene un contrato temporal o por obra o servicio", reza el informe de la Sindicatura, quien sí admite que durante 2020 se ha transformado de la relación contractual de 105 trabajadores.
Con todo, cabe recordar, como lo hace la Sindicatura de Comptes, que el Consejo de Administración desestimó hace un año un informe de los asesores legales de la empresa a la luz del cual "había fundamentos suficientes para que la empresa pudiera declarar personal indefinido (fijo) a todos los trabajadores cuando se aprecie que existe una causa legal para ello" siempre que se tratara de personal subrogado de Tragsa durante la creación de la empresa de emergencias valenciana.
Según el organismo de control, "uno de los principales retos que debe afrontar [la SGISE] es la gestión de recursos humanos". Además de regularizar todos los mencionados puestos, se deberá atender también a la "conflictividad laboral" por "cuestiones retributivas", lo cual está directamente ligado con la falta de un convenio refundido para la empresa pública de emergencias.
Al crearse la SGISE en 2019, el personal que se subrogaba estaba regido por tres convenios colectivos diferentes. Al 82% de la plantilla se le aplicaba el convenio de brigadas forestales de Tragsa; al 5%, otro convenio de la misma firma; y al 10%, el de Foresma. Un cóctel de textos que todavía no se han sustituido por uno solo, al menos que se conozca públicamente. Situación la relatada que, cuando comenzó su andadura la empresa, la dirección se comprometió a resolver cuanto antes, pero se ha demostrado que no es un proyecto sencillo.
Una de las consecuencias, por ejemplo, es que no se ha podido sustanciar la equiparación salarial que pide un colectivo numeroso de empleados de la SGISE, como publicó Valencia Plaza este verano. Se trata de un centenar de trabajadores, miembros de la sección helitransportada de la empresa que, según fuentes sindicales, mantienen una diferencia salarial con el resto de compañeros de unos 2.000 euros anuales.
La falta de equiparación es, sin embargo, un desajuste que, por lo que explicaba la empresa este verano, no se puede solucionar de hoy para mañana, dado que los trámites que ha de seguir una empresa pública no son tan sencillos como en una empresa privada: la masa salarial para la empresa está incluida en unos presupuestos anules de la Generalitat Valenciana, y por ellos se rigen.