À Punt contrató a tres directivos de forma irregular, según la Sindicatura de Comptes

VALÈNCIA.  La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, el ente público de producción de contenido audiovisual de la Comunitat Valenciana, incurrió en "incumplimientos significativos" de la normativa de control interno, de personal y de contratación durante 2017. Entre los más graves se encuentran la contratación de tres directivos sin un proceso selectivo previo para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad previstos en su norma de creación.

En concreto, se trata de Remei Blasco, directora de informativos de À Punt; José Manuel García Duarte, director de ingeniería y explotación; y César Martí, director de contenidos y programación), todos ellos miembros del equipo de confianza de Empar Marco, directora de À Punt.

Así consta en la auditoría financiera de las cuentas anuales del ente correspondientes al ejercicio 2017 que la Sindicatura de Comptes acaba de hacer pública, donde al margen de la contabilidad el ente fiscalizador alerta de incumplimientos de otros requisitos legales y reglamentarios.

La Sindicatura de Comptes, en otro informe que también ha dado a conocer este miércoles, destapa la falta de regulación "suficiente" de los principios generales de contratación pública en la norma aprobada por la CVMC para contratar producción asociada.

Además de la mencionada contratación irregular de directivos, el organismo que dirige Vicent Cucarella alerta de la formalización de un contrato laboral de actuación artística para realizar funciones de presentadora y codirectora de programas de radio sin la previa y preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda.

En cuanto a los contratos sujetos a la normativa de contratación pública, la Sindicatura destaca que es importante la "insuficiente justificación" de las necesidades en los contratos menores.

Por lo que se refiere a la contratación de programas, destaca que la norma aprobada por la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para la selección y contratación de contenidos en régimen de producción asociada para la SAMC "no regula suficientemente los principios generales de contratación pública".

En ninguno de los expedientes revisados por la Sindicatura de Comptes consta que la SAMC, antes de formalizar los contratos, haya requerido a los contratistas que acrediten los requisitos de capacidad, solvencia y no vinculación con la CVMC y con la SAMC. Tampoco consta que la SAMC compruebe los requisitos de subcontratación estipulados en los contratos.

Cuatro salvedades

En cuanto a la fiscalización financiera, la Sindicatura de Comptes emite una opinión con cuatro salvedades, entre las que destaca la inadecuada contabilización de los saldos por transferencias de la CVMC, procedentes de la Generalitat, que han generado "un aumento improcedente de las cifras del balance del ejercicio 2017".

Además, resalta la insuficiente información de la memoria sobre las existencias. Al respecto, destaca que la mayor parte de las existencias (3,1 millones) corresponde a los pagos anticipados realizados por la SAMC a las empresas adjudicatarias en el momento de formalizar los contratos "sin que dichas empresas hayan hecho entrega alguna de materiales y sin que la SAMC haya asegurado sus pagos requiriéndoles las garantías oportunas".

En 2017 la SAMC firmó contratos de derechos de emisión, de antena y de programas por un total de 14 millones de euros a los que hay que añadir los formalizados por la CVMC que suman 14,9 millones, todos ellos tramitados por la normativa interna.

La memoria también informa de manera insuficiente sobre los gastos de personal. En este sentido la Sindicatura señala que, a 31 de diciembre de 2017, de los 469 puestos de trabajo previstos en la plantilla estaban cubiertos 23, todos de forma provisional mediante bolsas de trabajo temporal, y que 20 de estos 23 puestos (el 86,9%) se cubrieron con personal del antiguo grupo Radiotelevisión Valenciana.

Por otra parte, la auditoría señala que sobre el nombramiento de la directora general de la SAMC, Empar Marco, existe un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolver por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.