La subrogación de empleados en contratos públicos sigue a debate tras año y medio del acuerdo

VALÈNCIA. Año y medio ha pasado desde que la patronal y los sindicatos más representativos alcanzaran un acuerdo para obligar a la subrogación del personal en los contratos públicos. Tiempo en el que esta exigencia se ha empezado a aplicar en las administraciones, pero en el que también ha revelado disfunciones y su operativa sigue siendo motivo de debate y litigios.

Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de València tiene pendientes conflictos sobre este acuerdo, que ha causado conflictividad en contratos como el de la gestión del tráfico y el mantenimiento de las fuentes ornamentales. Son dos ejemplos. Por ello, el pasado 14 de noviembre, la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV) organizó una jornada, coordinada con el profesor Adrián Todolí, precisamente para analizar la evolución del acuerdo y cómo puede mejorarse.

El pacto de materias concretas, alcanzado por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los sindicatos CCOO y UGT el 29 de marzo de 2021, impone que las licitaciones públicas deberán incluir la obligación del nuevo contratista de subrogarse en condición de empleador a los trabajadores que venían prestando ese servicio desde, al menos, seis meses antes. Y por ello, la administración debe incluir "dicha obligación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, así como toda la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo".

Un acuerdo pionero en España, auspiciado también desde la Generalitat Valenciana, tal como se trató en el encuentro organizado por la Facultad de Derecho,. La abogada laboralista en UGT-País Valencià, Ana María Mejías, lo calificó como un "pacto especial". "No hay un acuerdo que se haya planteado esto y nace con un soporte jurídico irrefutable", aseguró, para añadir que, no obstante, se están produciendo "problemas aplicativos".

Concretamente, incidió, por tres motivos. Uno es su naturaleza, pues hay casos en los que el acuerdo no se está tratando como un convenio colectivo. Mejías, en este sentido, incidió en que un acuerdo de materias concretas como este tiene la misma condición que un convenio colectivo y tiene carácter imperativo. Pero además, también se ha considerado que no sea de aplicación en la administración local y que necesite de desarrollo normativo para ser de aplicación. 

Sobre ello, Mejías tuvo claro que se ha de aplicar también en los ayuntamientos y sin esperar a un desarrollo. Y ante las diferentes problemáticas planteadas en las administraciones sobre la aplicación del acuerdo, recordó que se trata de "un acuerdo vivo" y que "a lo mejor la norma no puede abarcar todo". Por lo que instó a llevar las dudas a la comisión de seguimiento para evitar problemas en la aplicación: "Vamos a ver las excepciones y a estudiarlas", exhortó.

Hay que recordar que este verano, el Gobierno valenciano aprobó el decreto por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública. Un desarrollo reglamentario que llegó cuatro años después de la ley para el fomento de la responsabilidad social, donde se incluía precisamente la obligación de subrogar las plantillas de las empresas contratadas por la administración si hay cambio de titularidad, además de garantizar plantillas mínimas y salvaguardar las condiciones económicas y las horas trabajadas.

Sin embargo, el decreto establecía en su último párrafo que entraría en vigor tres meses después de su publicación, por lo que debía aplicarse en noviembre. Sin embargo, el Consell ha vuelto a prorrogar la entrada en vigor del decreto para absorber el impacto, tanto en el sector público como en el privado, por la "reasignación de prioridades y recursos en la contratación", motivadas por las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 durante estos últimos meses.

La visión de la Generalitat y los ayuntamientos

En la Abogacía de la Generalitat también se plantean algunas críticas. El director del gabinete de estudios, Fernando Bellvert, incidió en que el pacto no delimita en qué tipo de contratos se debe aplicar. "Y esto nos trae quebraderos de cabeza". Y por otro lado, aseveró que la cuestión de la subrogación "no le competería regular a un convenio colectivo"; entiende, según dijo, "que es competencia administrativa".

Por su parte, el vicepresidente de Cosital Valencia y vicesecretario del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, José Luis Serrano Borraz, admitió que en los ayuntamientos hay "problemas para aplicar normas y leyes que no están diseñados" por los técnicos municipales. Con todo, señaló que, desde su punto de vista a las entidades locales les sería obligado incorporar la subrogación de personal en aplicación de la ley de contratos del sector público.

En ella, se especifica que "cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general -como sería el acuerdo en cuestión- imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores".

Los negociadores

El debate de la última mesa se centró en el decreto de las cláusulas sociales cuya aplicación se ha retrasado seis meses. Y en ese sentido, la directora general de Coordinación de Diálogo Social, Zulima Pérez, explicó que la administración todavía no está preparada para aplicar esto y necesita más tiempo.

Además, por parte de la Generalitat y la patronal se apuntó que no han existido presiones por parte de los empresarios, ya que desde UGT, el secretario general Ismael Sáez, preguntó si había habido presiones para retrasar este decreto. Por su parte, la secretaria general de CCOO, Ana García, defendió que los servicios públicos deberían ser prestados por la misma administración, pero siendo conscientes de la dificultad que conlleva, pidió que se tenga en cuenta que el servicio público y las condiciones del empleo sean de calidad para evitar el abuso de los trabajadores y que el servicio sea desarrollado en peores condiciones.