El magistrado incorpora a la causa un informe de la UCO de Púnica referente al diputado no adscrito (ex del PP) Miquel Domínguez, el concejal popular Alberto Mendoza y el exjefe de prensa del Ayuntamiento de València Julio Valero
VALÈNCIA. La hasta ahora impertérrita Génova, esa casa grande del PP que ha permitido que sus imputados por blanqueo del caso Taula sigan en sus puestos cobrando del erario del Ayuntamiento de València, han visto como su pasividad, histórica visto lo visto, les ha terminado afectando de lleno. Su tesorera, Carmen Navarro, se suma ahora a la lista negra de tesoreros del PP imputados por corrupción.
Además de a Navarro, que es la gran novedad en el caso, el juez ha citado como investigado al exvicealcalde de València Alfonso Grau por delitos de malversación, cohecho y delito electoral en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP municipal de 2007 y 2011. También cita como investigados al exgerente del Partido Popular de la provincia de Valencia José Moscardó, así como Juan Eduardo Santón, exconcejal que era el director de una de las empresas públicas que presuntamente dieron dinero para financiar la campaña de Barberá.
Ni más ni menos que un delito electoral continuado es de lo que el magistrado de Taula acusa a Navarro. Más suerte ha corrido el tesorero más tristemente famoso de los populares, Luis Bárcenas, quien se salva de la imputación gracias a que se han cumplido los plazos de prescripción.
Según fuentes cercanas a la investigación, ambos habrían cometido el delito y ambos tendrían que responder por una falsedad documental al haber firmado que ‘todo’ era correcto. Sin embargo, Bárcenas solo habría delinquido en la campaña electoral de 2007, por lo que nunca se le podría aplicar el delito electoral continuado y, por la propia prescripción del delito, queda exonerado, que no limpio.
Peor lo tiene Navarro. Ella entró como tesorera tras la salida por la puerta de atrás de Bárcenas. Corría el año 2010. Así, y con la ley y el auto del juez en la mano, sería la responsable de un delito electoral en las campañas de 2011 y 2015, es decir, delito electoral continuado.
El problema político para Génova, y por ende, para el presidente del partido y del Gobieno, Mariano Rajoy, es verse, de lleno, inmerso, otra vez, en una trama de corrupción cuando está gestionando la peor crisis institucional desde el 23-F.
Pero los problemas no terminan ahí. En otra providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado instructor pide más información sobre las empresas públicas que presuntamente financiaron a Rita Barberá y a su partido. El juez quiere saberlo todo del 'dopaje' electoral, y ha solicitado todos los gastos entre los años 2006 y 2016 de la entidades municipales Valencia Turismo Convention Bureau, Centro de Estrategias y Desarrollo y Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec).
Si hay algo que llama la atención de la providencia del juez es que ha decidido incorporar a la causas un informe del caso Púnica. Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los agentes pidieron que se enviara desde la Audiencia Nacional a València por su presunta relación con los hechos investigados aquí.
Dicho informe, tal como informó Valencia Plaza, versa sobre el posible uso de fondos públicos para mejorar la imagen del PP de Valencia. Según los agentes, los políticos que estarían bajo sospecha son el actual diputado autonómico no adscrito -electo por el PP- y exconcejal de València Miquel Domínguez, el concejal Alberto Mendoza y el exjefe de prensa Julio Valero.
Según el informe de la UCO, la trama corrupta de Púnica llegó hasta los máximos responsables de la comunicación del consistorio valenciano y, siempre según el informe, se creó un periódico ex profeso para el PP de Rita Barberá. Es decir, el Consistorio contrató con Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados en Púnica para sacar rédito político. Los agentes señalan a Domínguez, Mendoza y Valero como presuntos autores de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.
El informe de la UCO está lleno de conversaciones de whatsapp entre el concejal Alberto Mendoza y el supuesto conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro. Entre las conversaciones destaca una en la que ambos hablan del diario-ayuntamiento, en referencia al proyecto de un periódico dedicado a destacar las virtudes del PP de Valencia y silenciar o echar por tierra a la oposición.
En una conversación, Alejandro de Pedro, impaciente, le pregunta a Mendoza: "¿Qué hago con el diario-ayuntamiento? Me olvido?"; a lo que Mendoza le contesta: "Noooooo". En una conversación posterior, De Pedro le explica a Mendoza que tener una persona vale 17.000 euros al año y le pregunta si quiere una persona o si quiere dos, a lo que el concejal le contesta que una.