La UCO apuntala la operación colegios: reuniones, pagos y participantes en el gran pelotazo de Azud

VALÈNCIA. La llamada 'operación colegios' es, sin duda, el gran pelotazo del caso Azud. Así lo ven los investigadores, que tratan de apuntalar cada paso de esta operativa, incluyendo reuniones, participantes y pagos realizados. Las declaraciones de testigos resultan fundamentales para ello. 

En esta operación, el Ayuntamiento de València dirigido por Rita Barberá aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer –uno de los principales investigados– a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas. El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 y la Fiscalía Anticorrupción, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia. 

El problema económico en el que se vio el consistorio en 2006 derivaba de determinados cambios urbanísticos aprobados en la remodelación del Plan General de 1988. Varios colegios religiosos recurrieron en los tribunales porque consideraron que les perjudicaba. El Supremo falló a su favor y determinó que el Ayuntamiento debía indemnizarlos con unos 35 millones de euros. Una losa heredada por el gobierno de Barberá que el entramado de Azud supo aprovechar para urdir un plan, según la investigación. 

De acuerdo con el sumario de la causa, el empresario Jaime Febrer montó una mercantil específicamente para esta operativa junto a Mónica Montoro y Federico Ferrando. Se llamaba Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI). Ellos serían los que asumirían la deuda. En la parte relativa al consistorio, la investigación apunta a que el encargado de pilotarlo todo fue el exvicealcalde de València Alfonso Grau. El Ayuntamiento cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a la mercantil. Una maniobra urbanística presuntamente ilegal que habría contado con el impulso de uno de los funcionarios de la casa, el jefe de Asesoría Jurídica, Néstor Ramírez.

El truco estuvo en que se forzó una valoración de los terrenos a la baja. Los suelos tenían un valor real superior a 54 millones, lo que dista de la deuda de 35 millones con los colegios. Un beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa.  

Ahí no quedó la cosa, puesto que la jueza de Azud cuantificó en 2,2 millones las comisiones cobradas por personas que habrían participado en que la operativa fuera a buen puerto, bien de manera activa o bien con su silencio. Habría sido el caso de Alfonso Grau, Néstor Ramírez -el funcionario-, el exconcejal Rafa Rubio o el exjefe jurídico de la empresa pública Divalterra José Luis Vera.  

Pago de la deuda y donaciones

A finales de 2023, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) interrogó a varios responsables de colegios religiosos que tuvieron conocimiento de ese pago de la deuda por parte de las empresas. Un administrador provincial de la congregación de los Dominicos explicó que cuando salió la sentencia del Supremo fue convocado a varias reuniones por el abogado común de todas las congregaciones. En una de ellas, éste les comunicó que el Ayuntamiento no disponía de liquidez para pagar la deuda, motivo por el que había llegado a un acuerdo con tres empresas (se refería a las que formaban parte de MAI) para que la pagaran y, a cambio, recibieran terrenos municipales. 

Según recuerda, fueron las propias empresas las que llevaron la iniciativa de asumir la deuda y cree que la selección partió del Ayuntamiento. En un momento dado apareció una cuarta, pero el abogado de las congregaciones les transmitió que se llevaba mucho tiempo negociando con las iniciales, por lo que había que mantenerlas. Cuando se rechazó a esa cuarta empresa, dijo el testigo, se mantuvo un encuentro con las tres iniciales en el que éstas les ofrecieron a las congregaciones el pago de una donación a cada una de ellas destinada expresamente a misiones humanitarias con la finalidad de asegurar que siguieran en la operación –aunque no era necesario–. 

En esos encuentros participaron, comentó, Mónica Montoro y Federido Ferrando. También otras personas de las que no recuerda el nombre. 

En otro interrogatorio de la UCO, una ecónoma provincial de Jesús-María indicó que no recordaba nada de la operativa, sólo que cobró un talón, y que sí recibieron donaciones adicionales de las empresas.