VALÈNCIA (EP). La Unidad Central Operativa (UCO) ve indicios de que el despacho del abogado José María Corbín –cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá y a quien se investiga en el caso Azud– pudo cobrar "comisiones ilícitas" por contratos públicos adjudicados por el Ayuntamiento de València, entre ellos varios en el marco del Plan para el Estímulo de la Economía y en Empleo –el conocido como Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero–.
Así se desprende de los nuevos datos remitidos al Juzgado de Instrucción número 13 de València, que se ocupa de la causa de Azud, en la que se investigan los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
En 2019, la UCO ya emitió un informe en el que se daba cuenta de los pagos percibidos por la mercantil Corbín Abogados y provenientes de diferentes adjudicatarias de contratos públicos del Ayuntamiento de València, que se presumían "de naturaleza ilícita".
Entre estas empresas, se encuentra el Grupo Ocide, un holding empresarial vinculado principalmente al ámbito de la construcción, según explican los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press. A su vez, existe una sociedad que actúa como matriz del holding --Cinal Inversiones--, participada por personas físicas y que, además, participa directamente o a través de terceras personas en el resto de empresas del grupo.
Del conjunto de sociedades que confirman este grupo, se producen pagos al despacho de Corbín desde cuatro de ellas: Ingsoma Dos, Velabur, Cinal Inversiones y Servicios Integrales del Territorio, por un importe de 202.600 euros entre 2009 y 2013.
Ahora, en un nuevo informe, la unidad expone los avances que ha realizado en la línea de investigación seguida con respecto al Grupo Ocide. En este sentido, señala que, "atendiendo a los diferentes indicios que a lo largo de la presente causa se han venido recopilando, se presume que los pagos percibidos por Corbín Abogados se corresponden realmente con comisiones de naturaleza ilícita".
"Derivado de lo anterior --prosiguen-- el marco contractual y de facturación en el que se enmarcan estos pagos sería ficticio, habiéndose configurado a los únicos efectos de dotar apariencia de legalidad a las transacciones económicas que tuvieron lugar".
El dossier desgrana una serie de facturas e insiste en las sospechas de que "la verdadera motivación" de los pagos efectuados a Corbín Abogados es la contraprestación por la adjudicación de contratos públicos por parte del Ayuntamiento valenciano, al frente del cual estaba entonces Rita Barberá.
Entre las cuestiones que llaman la atención de los investigadores, figura el hecho "especialmente relevante" --remarcan-- de que una cuantía abonada a Corbín Abogados se calcule como el 3% de un montante económico referido como 'CONTRATO'.
Otro "elemento común" detectado por la UCO durante las pesquisas es la ausencia de trabajos o de prestación de servicios por parte del despacho de Corbín, ya que, existiendo los pagos pero careciendo de justificación los mismos, se incidiría en la "naturaleza ilícita" en al que insiste repetidamente la unidad.
Asimismo, la UCO --que aporta una relación de reuniones agendadas entre Corbín y personas vinculadas al Grupo Ocide-- hace notar el hecho "recurrente" de que las relaciones del abogado "lo sean al máximo nivel directivo del grupo empresarial". En este punto, precisa que no se han localizado relaciones con personal vinculado al ámbito jurídico de la empresa o, en definitiva, más relacionados con la gestión.
El informe aporta igualmente registros contables descritos como 'Asesoramiento jurídico Plan E', un programa de inversiones que puso en marcha el Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica.
En la información aportada por el Ayuntamiento consta la adjudicación de nueve contratos por un importe superior a los 9 millones de euros entre el 23 de marzo de 2009 y el 8 de abril del mismo año. Es decir, que en tan solo 17 días el Ayuntamiento de València adjudicó contratos por un importe superior a los nueve millones de euros a Ocide Construcción, todos ellos enmarcados en el Plan E.
Estas fechas, subraya la UCO, resultan "especialmente relevantes" dado que el primero de los pagos efectuados por cualquiera de las sociedades del Grupo Ocide a Corbín Abogados tuvo lugar el 24 de abril de 2009, "inmediatamente después de esas adjudicaciones".
Por todo ello, y con el fin de obtener nuevas evidencias, los investigadores solicitan que se expida requerimiento judicial al Ayuntamiento de València para que entregue o aporte de forma inmediata los expedientes de contratación completos relativos a contratos públicos adjudicados por el consistorio a Ocide Construcción en el marco del Plan E.