Una técnica de Urbanismo acusa a sus superiores de ocultarle datos en el 'caso colegios' de València

VALÈNCIA. El "asunto colegios" fue el nombre que la trama Azud dio a una de las operaciones urbanísticas que habrían beneficiado al cabecilla, el empresario Jaime Febrer. Se trató, como publicó Valencia Plaza, de una permuta en la que una empresa de Febrer asumía el pago de una deuda del Ayuntamiento de València con varios colegios religiosos a cambio de recibir varios solares municipales para construir viviendas.

La maniobra habría resultado en beneficio económico para el promotor y ahora, una funcionaria del área de Urbanismo, que intervino en el expediente, acusa a sus superiores, entre los cuales estaba el concejal del ramo, Jorge Bellver, de ocultarle información de relevancia. Lo cual habría permitido que todo siguiera adelante sin problemas.

Hay que recordar que, según la juez, la operación habría estado dirigida por el edil de Economía Alfonso Grau, y requirió del encubrimiento en el expediente por parte del jefe de Asesoría Jurídica, Néstor Ramírez, y de la ocultación de información a nivel contable. Pero también se necesitaba que la valoración de los terrenos a entregar a la compañía de Febrer fuera similar a la deuda que tenía el Ayuntamiento para poder permutar una por otra. 

Para ello el consistorio, con el concejal Jorge Bellver al frente del departamento de Urbanismo, contrató a una tasadora 'a dedo', Tinsa, la misma que había contratado Febrer. Y la juez considera probado que Tinsa valoró los terrenos en cuestión muy por debajo de lo que realmente costaban, lo que habría repercutido en un beneficio de hasta 19 millones de euros al promotor.

Por aquel entonces, una empleada del Ayuntamiento en el área de Urbanismo, M., fue la encargada de informar sobre las tasaciones elaboradas por Tinsa. Pero para entonces, la empresa de Febrer ya había pagado a los colegios el dinero que debía el Ayuntamiento. Esto es, el empresario había liquidado la deuda sin que hubiera todavía una valoración definitiva de los terrenos que iba a recibir a cambio.

Esta información no era baladí. No sólo porque demostraría que la tasación de los solares estaba prefijada -puesto que tenía que coincidir con el valor de la deuda, sino porque el informe que hubiese hecho M. de haberlo sabido "sería diferente". Y así lo confiesa el pasado mes de febrero la misma funcionaria, que hoy en día ya trabaja en otro departamento del Ayuntamiento. "De haber sabido que ya estaba la deuda saldada, el informe que hubiese hecho sería diferente", recoge su declaración.

"Desconocía que a la fecha en que realizó el informe, los colegios ya habían cobrado la deuda, reza su declaración ante el juzgado que instruye la causa del caso Azud. Así, M. subraya que sus superiores "no le dieron la información real" y considera que "se le debería haber informado que las congregaciones religiosas ya habían sido indemnizadas", un dato que "era relevante para el informe que tenía que prestar" pero que "se le ocultó", señala.

En la misma declaración, la testigo indica que su superior, quien le pidió el informe sobre la tasación de Tinsa, era el jefe de servicio de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y que por encima de él estaba el edil de Urbanismo, Jorge Bellver.

Así pues, a la postre, se entregaron a la compañía de Febrer suelos por un valor real superior a 54 millones a cambio de que asumiera una deuda con los colegios de 35 millones. Beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa. "El negocio" de Febrer, concluye la juez del caso, fue la adquisición de terrenos municipales "con precio determinado, con elección de tres parcelas cuyo valor hubiera podido alcanzar hasta el doble" y todo ello "vulnerando" la ley, puesto que para la enajenación de esas parcelas se tendría que haber convocado una subasta pública, según la juez.