VALÈNCIA. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al caso Azud es el definitivo sobre las operativas vinculadas al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá y uno de los principales investigados en esta macrocausa. Los agentes hacen especial hincapié en el cobro de cantidades en efectivo que creen provenientes de empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento.
La UCO recuerda que, inicialmente, la presente causa se centró en la investigación y análisis de los pagos percibidos por el despacho de abogados de Corbín por parte de determinadas sociedades o grupos de ellas que mantenían intereses empresariales con el Ayuntamiento de Valencia. Estos pagos, de acuerdo con la Guardia Civil, se corresponderían realmente con comisiones ilícitas desembolsadas en atención a diversas adjudicaciones públicas o decisiones de índole administrativa llevadas a cabo por el consistorio.
De este modo, concluyen que Corbín no solo cobró cantidades a través de su despacho, sino que él mismo percibió importantes sumas en efectivo de algunas de las mismas sociedades con las que factura el despacho. "En estos casos, la dinámica seguida consistiría en haber pactado el importe de la comisión y, tras esto, determinar que una parte de la misma se abonase en efectivo y la restante a través de facturación con el despacho", señalan los agentes.
Una de las operativas más importantes que aparecen con esta dinámica es la relacionada con la UTE Los Hornillos, encargada de la planta de gestión de residuos ubicada en Quart de Poblet. La citada UTE, formada por Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Sacyr), Cyes Inversión y Gestión, S.L. y Corporación F. Turia, S.A., se llevó el contrato en 2005. Ese mismo año comenzó a construir la planta.
El informe expone que el importe que la UTE, como consecuencia de lo anterior, debía abonar a José María Corbín 2.250.000 euros: 1.800.000 euros a través de contratación (15.000 euros al mes durante 12 meses por 10 años) y 450.000 euros en efectivo.
Circunstancias surgidas posteriormente, prosigue la UCO, hicieron que esta forma de pago se viese alterada. El despacho de Corbín facturó únicamente 705.000 euros en lugar de los 1.800.000 acordados. "Esto podría haber tenido como consecuencia la percepción por su parte de una compensación en efectivo del resto del importe", apunta la Guardia Civil.
El motivo de esta tesis es un análisis cronológico de los hechos. La UTE suscribió el contrato de asesoría jurídica con el despacho de Corbín en marzo de 2005 y lo mantuvo hasta junio de 2006, cuando rescindió el mismo. El precio abonado en concepto de asesoría jurídica era de 15.000 euros mensuales. Las empresas que formaban parte de la UTE se habrían repartido los abonos y los habrían realizado una vez finalizó el citado contrato con la UTE.
Además, se da la circunstancia de que meses después de esa rescisión por parte de la UTE, se contrató al despacho Garrigues para la asesoría jurídica. Mientras Corbín había percibido 15.000 euros al mes, en el caso de Garrigues fueron 12.000 euros al año. Una diferencia que la UCO ve considerable.
Pero no sólo está la facturación. También las cantidades en efectivo. Para la Guardia Civil, un elemento sustancial relacionado con esta posibilidad es que Corbín manejaba dos cajas de seguridad en Bankia, una de ellas a nombre de su madre. Los contratos de las cajas se encuentran próximos en el tiempo a la adjudicación de Los Hornillos. Además, la UCO señala que los ingresos en metálico en las cuentas bancarias de Corbín y de su despacho entre 2005 y 2008 fueron de más de 300.000 euros.