La UCO registra Urbanismo, Patrimonio y otras áreas del Ayuntamiento de València por el 'caso Azud'

VALÈNCIA. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado durante la mañana de este lunes en diferentes concejalías del Ayuntamiento de València en una actuación más enmarcada dentro de la segunda fase de diligencias del 'caso Azud', iniciada la pasada semana con detenciones como la del exvicealcalde del PP, Alfonso Grau, y el que hasta ahora era subdelegado de Gobierno en Valencia, Rafa Rubio.

Según han confirmado fuentes municipales, los investigadores se han personado en las oficinas de diferentes áreas municipales como la de Desarrollo Urbano, la de Servicios Sociales, la del Ciclo Integral del Agua o la de Patrimonio Municipal, ubicadas en el complejo administrativo de Tabacalera, y a mediodía continuaban con las pesquisas. La finalidad era registrar los archivos municipales en busca de documentación sobre operaciones urbanísticas bajo investigación.

Aunque las mencionadas fuentes no pudieron confirmar cuál de los diversos servicios integrados en la concejalía ha sido objeto de registro por parte de los agentes, sí aseguraron que la documentación en el punto de mira es relativa a operaciones realizadas por el gobierno del PP de Rita Barberá y cuando Rafa Rubio era portavoz socialista en la oposición.

También confirmaron que en la primera fase de la operación anticorrupción, que tuvo lugar en 2018, los agentes de la UCO " dejaron precintada documentación" y  habría sido ahora el momento de su incautación y traslado a dependencias judiciales. Huelga recordar que entre las operaciones urbanísticas que están bajo la lupa de los investigadores se encuentran alguna compraventa de suelo en el sector urbanístico del PAI del Grao, que integra el circuito del Gran Premio de Fórmula 1.

El caso Azud permanece bajo secreto de sumario y la investigación está abierta por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Responsables municipales habrían cobrado 'mordidas' por parte de empresarios para favorecer actuaciones urbanísticas en el Cap i Casal. Los hechos investigados van desde 2005 y se prolongan más allá de 2010.