VALÈNCIA (EFE). La Unión Europea (UE) confía en llegar a un acuerdo en las "próximas horas o días" para que Hungría y Polonia levanten su veto al plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, aunque no descarta que finalmente sea necesario pasar al plan B y activar el fondo de recuperación sin ellas.
"La presidencia alemana está comprometida a continuar trabajando hasta el final, hasta la media noche del 31 de diciembre. Esta es una semana decisiva", dijo el ministro alemán para Europa, Michael Roth, cuyo país ocupa la presidencia del Consejo de la UE este semestre y lidera las conversaciones con Varsovia y Budapest.
Roth explicó que Alemania está manteniendo conversaciones con Hungría y Polonia para encontrar una solución a Veintisiete y que esperan "ser capaces de tener éxito en las próximas horas o días".
El ministro alemán matizó así el ultimátum dado el lunes cuando un alto cargo diplomático advirtió de que la UE necesitaba "un acuerdo o señales claras de Hungría y Polonia" como muy tarde este martes y de que, sin estas, "probablemente" pasaría al "escenario B".
Ambos países rechazan el nuevo mecanismo por el que se condicionarán los fondos europeos a respetar el Estado de Derecho, por lo que han bloqueado la aprobación del marco financiero de la UE para 2021-2027 y el fondo de recuperación, que en total movilizarán 1,8 billones de euros en ayudas.
Estos tres elementos del paquete, recordó Roth, están "inextricablemente ligados" en la negociación y el acuerdo para condicionar los fondos al Estado de Derecho -aprobado por mayoría cualificada en noviembre- no puede reabrirse.
El ministro alemán subrayó que todos los países hicieron "promesas que quieren cumplir" en cuanto a las ayudas para paliar el impacto de la pandemia y que todo lo acordado deberá ser implementado "lo más rápido posible".
Budapest y Varsovia no han dado aún su brazo a torcer, pero sí han intensificado sus contactos, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, visitará esta tarde Varsovia para reunirse con su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, tras haber hablado ayer por videoconferencia.
Las advertencias desde Bruselas han añadido presión sobre sus Gobiernos, que afrontan críticas internas puesto que quedarse fuera del fondo o retrasar el presupuesto conllevaría la pérdida de miles de millones de euros para ambos países.
Alcaldes de 249 municipios húngaros y polacos pidieron el lunes a las instituciones europeas que, en caso de usar el plan B, se les dé acceso directo a las ayudas comunitarias a través de un fondo especial ya que, criticaron, sus Gobiernos centrales "no representan la voluntad de los ciudadanos".
La cumbre del próximo jueves y viernes en Bruselas sería la fecha límite para sellar un acuerdo que pueda ser ratificado a tiempo para entrar en vigor el 1 de enero de 2021, como estaba previsto, según fuentes comunitarias.
Sin embargo, el primer ministro polaco reconocía hoy que podría hacer falta una nueva reunión de líderes comunitarios o alargar la negociación.
"Puede ocurrir que sea necesaria un cumbre adicional, nos estamos preparando también para más largos meses de conversaciones y negociaciones. Naturalmente también estamos preparados para un posible presupuesto provisional", dijo Morawiecki, en rueda de prensa, citado por la agencia PAP.
"Actualmente no se debe descartar ningún escenario", agregó.
La Comisión Europea estudia desde hace días las opciones para poner en marcha el fondo de recuperación sin Polonia y Hungría, una solución que -defiende- podría hacerse muy rápido para canalizar estas ayudas al resto de socios mientras se logra un acuerdo a 27.
Este podría establecerse a través de una cooperación reforzada, que permite que los países que quieran (con un mínimo de nueve) emprendan acciones comunes, con un sistema de avales proporcionados por los Estados para que la Comisión pueda emitir deuda sin el respaldo del presupuesto, o con un acuerdo intergubernamental entre los países participantes.
El marco financiero plurianual, por el contrario, no puede aprobarse sin Hungría y Polonia, con lo que no podría entrar en vigor el presupuesto de 2021 y tendría que adoptarse una suerte de prórroga de las cuentas de 2020 hasta que haya nuevo presupuesto anual.
Este sistema conllevaría un recorte que Bruselas cifra en entre 25.000 y 30.000 millones de euros y no permitiría seguir financiando algunos programas comunitarios puesto que se quedarían sin base legal.
Esto afectaría a la política de cohesión, el programa Erasmus, el de investigación Horizonte Europea o el nuevo Fondo de Transición Justa.