La Unió denuncia que la nueva PAC exige más obligaciones a los agricultores mientras permite importaciones que no las cumplen
14/04/2021 -
BRUSELAS.La Unió de Llauradors denuncia la doble vara de medir que utiliza la Comisión Europea, ya que por una parte pretende imponer una dura condicionalidad social para acceder a las ayudas con la nueva Política Agrícola Común (PAC). Mientras, de otra parte, “hace la vista gorda y concede ayudas a países terceros o permite las importaciones que incumplen la normativa comunitaria en materia laboral, fitosanitaria o de apoyo a la mujer”. La pasada semana, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, presentó la nueva PAC y propuso a los gobiernos autonómicos llegar a un acuerdo nacional. La nueva PAC se encuentra en proceso de acuerdo y negociación por parte de las Comunidades Autónomas, junto al Estado y los agentes sociales implicados.
Carles Peris, secretario general de la Unió, señala que “la Comisión Europea nos impone cada vez más exigencias, nos retira productos fitosanitarios sin alternativas, nos quiere pedir ahora más condicionalidad social en una Europa del siglo XXI sobre aspectos en los que somos de los más avanzados del mundo, mientras que permite que luego entren productos en los mercados comunitarios que no cumplen con ninguno de esos condicionantes”.
En el contexto del Pacto Verde Europeo, que marca el camino para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050, la Política Agrícola Común será fundamental para gestionar la transición hacia un sistema alimentario sostenible y reforzar los objetivos climáticos. La Comisión Europea desea vincular las ayudas agrarias en una nueva condicionalidad social al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores empleados en las explotaciones agrarias. “Algo que ya se hace aquí, pues la agricultura europea es de las más avanzadas del mundo en los aspectos agronómicos, medioambientales o laborales”, explicó la Unió.
De otro lado, el campo exige precios dignos y el reconocimiento del valor añadido de los alimentos europeos, bajo los criterios de sostenibilidad ecológica y social. Preocupa en el sector que “esa adaptación que ya cumplimos sea una nueva vuelta de tuerca y provoque al final un aumento de costes y de burocracia que suponga una pérdida de competitividad frente a las agriculturas de países terceros que no cumplen con los mismos estándares”, añaden los agricultores valencianos en un comunicado. Por ello, la Unió, propone que exista una reciprocidad con las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas, desde las laborales hasta las democráticas pasando por las fitosanitarias o de condicionalidad. Hasta que esto no se cumpla, la organización opina que habría que restringir las importaciones de producciones procedentes de países terceros que no cumplan las normativas comunitarias.
Que se paralicen las importaciones de Turquía
En este sentido, aboga, por ejemplo, por la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países que no tengan ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, como es el caso de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha retirado a su país hace unos días del Convenio del Consejo de Europa para la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
También insta a la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países terceros que no cumplan con los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como es el caso de Egipto que prohíbe el reconocimiento oficial de los sindicatos independientes y el pluralismo sindical. Otro caso es el del golpe de estado en la República de la Unión de Myanmar -antigua Birmania-, con una gran represión diaria por las protestas, y donde la Unió ya pidió que se suspendieran cautelarmente las importaciones de arroz libre de aranceles con ese país hasta que no hubiera garantías democráticas.
