VALÈNCIA. Al final la vía judicial se ha convertido en la última baza de las universidades para no perder 6,3 millones de ayudas a la investigación. La Universitat de València ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución tardía de la Conselleria de Educación de las ayudas de infraestructuras y equipamiento de I+D+i para 2017, que fueron resueltas en el mes de diciembre y debían estar ejecutadas antes de acabar el año.
El problema es que todas las peticiones concedidas de estas ayudas para equipamiento que tuvieran un valor superior a los 209.000 euros debían salir a concurso público, un proceso de unos tres meses que, evidentemente, retrasarían la adjudicación hasta bien entrado el año 2018. Sin embargo, la convocatoria obligaba a que la subvención se ejecutara a 31 de diciembre de 2017, lo que ha hecho imposible que muchos proyectos justifiquen sus ayudas.
La Conselleria de Educación realizó esta convocatoria con un presupuesto de 7,4 millones de euros -cofinanciado por Europa con fondos Feder- de los que finalmente tan solo fueron ejecutados 1,1 millones- y entre los más perjudicados se encuentran los investigadores de la universidad dirigida por Mavi Mestre. Media docena de proyectos de la universidad estaban por encima de 209.000 euros, por lo que debían sacarse a concurso y no tenían plazo suficiente. Otra de las grandes afectadas ha sido la Universitat Politècnica de València, quien también se planteaba interponer un recurso por la falta de plazo para ejecutar la resolución.
Desde la dirección general de Universidades, dirigido por Josefina Bueno, se restaban culpa. "Tal y como se establece en la convocatoria de ayudas publicada en marzo de 2017, la actividad objeto de subvención debía ejecutarse desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, independientemente de la fecha en que se resuelva la convocatoria. Estas ayudas no son de efecto incentivador: se puede ejecutar la actividad antes de la resolución de concesión de ayudas", aseguraban desde el departamento de Vicent Marzà.
A pesar de su postura actual, las quejas de los investigadores a la dirección general de Universidades llevaron a Educación a pedir a la dirección general de Fondos Europeos de la Conselleria de Hacienda una prórroga de las justificaciones de las subvenciones más allá de 2017, que finalmente no fue concedida.
"La Generalitat no pierde la cofinanciación, el importe de las ayudas que no se justifique en plazo quedará disponible para convocatorias futuras", aseguraban desde la Conselleria. Esta situación se ha producido con más ayudas, como las dedicadas a proyectos de investigación emergentes donde se calculó una pérdida de 87.311,21 euros por tan solo tener los investigadores dos días de plazo entre la resolución definitiva y el plazo de justificación.
Para intentar evitar esta situación la convocatoria de 2018, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 28 de marzo de 2018, tendrá un carácter plurianual, por lo que el objeto de las ayudas podrán ejecutarse hasta octubre de 2020. El presupuesto total será de 8,5 millones de euros, un 15% más de la cuantía que se destinó para estas ayudas en 2017.