La UPV remite al juzgado el expediente de los estudiantes que falsificaron sus notas por si hay delito penal

VALÈNCIA. (EP). La Universitat Politècnica de València (UPV) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 14 de València el expediente de los dos estudiantes que accedieron ilegalmente al sistema informático y supuestamente cambiaron sus notas para que determine si es constitutivo de un delito penal.

Así lo ha acordado la Politècnica tras resolver el expediente administrativo de los 'hackers', dos jóvenes de 20 años detenidos en abril del año pasado por supuestamente apropiarse de las claves de unos 40 profesores para cambiar sus notas con un software 'keylogger'.

Según fuentes de la UPV, el expediente ha comprobado que hubo acceso fraudulento a un documento público en los dos casos, a las actas de las asignaturas. Se trata de una falta administrativa considerada 'muy grave', por lo que se ha remitido al juzgado que lleva el caso para que determine si es constitutivo de un delito tipificado en el Código Penal y le corresponde sancionar.

De lo contrario, la Politècnica --personada como parte interesada-- procederá a sancionar a los dos estudiantes por la vía administrativa. En este caso, al tratarse de una falta muy grave, la máxima sanción sería la expulsión de la universidad. "No se puede sancionar a una persona dos veces por una misma falta", subrayan las mismas fuentes.

Tras la detención de los estudiantes, la UPV les abrió un expediente disciplinario y dejó sus calificaciones 'en cuarentena' hasta que se dilucidaran las consecuencias de estos hechos, tanto en el procedimiento interno en la investigación policial y posibles repercusiones judiciales.

Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de un dispositivo espía tipo 'keylogger' en uno de los ordenadores de la universidad. Se trata de un software capaz de interceptar y guardar las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo informático sin que el usuario lo detecte.

La unidad de Sistemas de Información y Comunicación de la UPV --el área encargada de temas de ciberseguridad-- alertó el 1 de febrero de 2018 de anomalías, lo que puso en marcha los protocolos de seguridad. Entonces, los vicerrectorados de Contenidos Digitales y Alumnado mantuvieron una reunión con los docentes que podían haber sido afectados y se les asesoró para interponer las denuncias.

La investigación de la Policía determinó que supuestamente se apropiaron de las claves de unos 40 profesores, a través de las cuales accedieron a sus cuentas personales de la intranet de la universidad y a sus correos electrónicos desde una serie de direcciones IP relacionadas con la red TOR. Esta es una red de comunicaciones distribuida por encima de la capa de internet, de manera que nunca se revelan los datos de los usuarios que la utilizan, manteniéndose así como una red privada y anónima.

Los policías averiguaron que las calificaciones de muchos exámenes y trabajos suspendidos en un primer momento posteriormente aparecían como aprobados con una buena nota en las actas. Para ello, presuntamente interceptaban el mensaje de aviso de cambio de nota que el sistema informático enviaba al docente, evitando que éste se percatara. Las notas finales eran publicadas en las actas oficiales sin que nadie se percatase del fraude.

Una vez identificados, ambos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de acceso ilícito a datos y programas informáticos, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y falsedad de documento público. Los jóvenes, sin antecedentes policiales, fueron puestos en libertad tras ser advertidos de su obligación de comparecer cuando sean requeridos