VALÈNCIA. La Universitat de València (UV) hizo entrega este martes del borrador del Plan Especial de Protección de los Bienes de Relevancia Local de Blasco Ibáñez, que ordena el régimen de protecciones de los elementos declarados como BRL en este campus universitario y su entorno. Para ello se reunieron la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y la edil de Urbanismo, Sandra Gómez.
Mestre reafirmó el compromiso de la UV con el patrimonio histórico y artístico valenciano al haber "acumulado unos saberes y patrimonio que debemos preservar, conservar, actualizar y poner a disposición de la sociedad". Gómez, por su parte, se congratuló de la presentación del documento, que empezará ahora el trámite administrativo para su aprobación definitiva por el consistorio. Fuentes de la UV explicaron que ahora el departamento de Urbanismo municipal analizará el plan y trasladará, en su caso, las objeciones que pudieran existir.
Con todo, este Plan Especial de Protección llega tras siete años de trabajos en la Universitat de València, y se ha presentado apenas dos meses después del sonado derribo de las naves complementarias de la antigua Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (EUITA) para permitir la ampliación del Hospital Clínico. La Conselleria de Cultura dio luz verde a las actuaciones de derribo arguyendo precisamente, entre otras cosas, la falta de este Plan Especial.
Concretamente, en el informe de la Conselleria, la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, aseguraba que la falta de un instrumento de detalle como un Plan Especial hacía "imposible determinar con exactitud si las naves que se propone demoler deben ser consideradas como parte intrínseca del edificio [principal] de la antigua EUITA, si son contemporáneas a este y obra del mismo arquitecto o si en definitiva hay alguna parte que cumple esos requisitos".
La ausencia del Plan Especial empujaba así a acudir a la "normativa genérica" a partir de la cual sí que estaba permitido el derribo, dado que sin este instrumento urbanístico, estrictamente sólo estaría incluido en la protección de Bien de Relevancia Local (BRL) el edificio principal del complejo y no el resto de inmuebles auxiliares y adyacentes, como las naves afectadas por la ampliación del Clínico.
Hace casi una década, el consistorio impulsó la actualización del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos, que se aprobó en 2015, y que recogía las fichas de protección de los edificios de la Facultad de Geografía e Historia, así como de las antiguas Facultades de Derecho y de la Escuela de Agrónomos, edificios todos ellos proyectados por Fernando Moreno Barberá tras la Riada del 57 y declarados Bien de Relevancia Local.
Sin embargo, en 2013 se aprobó posponer la aprobación de las fichas de protección de estos inmuebles a la espera de la redacción por parte de la Universidad de Valencia de un Plan Especial en el que se especificase el ámbito de protección de los mismos. Siete años y un derribo han pasado desde aquel momento.
Precisamente la oposición del consistorio lanzó este martes duras críticas por todo ello. El edil del PP Juan Giner dijo que este plan "llega muy tarde, cuando ya se ha derribado la mitad la antigua escuela de Agrónomos". Los populares pidieron en diciembre mediante una moción que instara a la agilización de la redacción de este plan, si bien el gobierno local acabó tumbando la propuesta. "La pasividad del propio Ayuntamiento materializada en la ausencia del citado Plan no debería haber servido de subterfugio legal a la hora de autorizar el derribo", explicó Giner.
Así, también recordó que la normativa urbanística de València dispone que la protección de la que goza un edificio se extiende "a la totalidad de la parcela en que se encuentra situado", y puso de ejemplo la sentencia sobre Tabacalera de 2015, donde precisamente extendía dicha protección a todo el complejo arquitectónico al entender que "forma un conjunto integrado no sólo por el edificio principal, sino también por el conjunto de naves que lo perimetran".
También Narciso Estellés, concejal de Ciudadanos, criticó la "tardanza". "Llega dos meses después del inicio del derribo", lamentó el concejal, para manifestar más tarde su sorpresa "cuando la universidad empezó a redactarlo ahora hace siete años". Sobre este asunto, el munícipe ya pidió explicaciones al secretario de Urbanismo en diciembre y a la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, que dio luz verde a la licencia de derribo con el visto bueno de la Conselleria.
