El proyecto de la ampliación del Clínico contradice los motivos de Cultura para permitir derribar Agrónomos

VALÈNCIA. El controvertido derribo de las naves anexas de la antigua Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (EUITA) por parte de la Generalitat Valenciana para la ampliación del Hospital Clínico continúa manifestando ciertas lagunas en su tramitación. Por ejemplo, que el proyecto de ampliación del centro hospitalario recoge datos que responden con mucha precisión a algunas lagunas informativas esgrimidas por la Conselleria de Cultura para dar luz verde a la operación.

El informe de la Conselleria de Cultura que ha abierto la puerta a la obtención de la licencia de derribo apenas tardó una semana en realizarse desde la consulta de la Conselleria de Sanidad. En dicho documento, la directora general de Patrimonio de la Conselleria, Carmen Amoraga, asegura que la falta de un instrumento de detalle como un Plan Especial "hace imposible determinar con exactitud si las naves que se propone demoler deben ser consideradas como parte intrínseca del edificio [principal] de la antigua EUITA, si son contemporáneas a este y obra del mismo arquitecto o si en definitiva hay alguna parte que cumple esos requisitos".

Lo cierto es que, sin embargo, aquello que es "imposible de determinar con exactitud" se encuentra perfectamente especificado en la memoria del proyecto de ampliación del Hospital presentada por Sanidad a finales de 2019. Aquí, el informe detalla que en base al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos "y otras publicaciones y autores" como el Colegio de Arquitectos o el experto Juan Blat Pizarro, la antigua Escuela era una única unidad, las naves eran contemporáneas al edificio principal y son obras del mismo arquitecto.

Concretamente, la memoria asegura que "todo el conjunto arquitectónico fue proyectado entre los años 1960 y 1962, y construidos entre 1963 (según Catastro) y 1967 (según Catálogo Bienes y Espacios Protegidos) sobre terrenos que cedió en su día la Universitat de Valencia y que ocupaban sus pistas deportivas". Y además, dice que "el arquitecto autor de los trabajos fue Fernando Moreno Barberá (FMB) con la colaboración de Cayetano Borso di Carminati", según ha desvelado el PP de València.

La ausencia del Plan Especial que a priori impedía conocer estas consideraciones es el motivo al que se acoge el departamento de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para señalar que hay que acudir a la "normativa genérica" en materia patrimonial. El entorno, también las naves, iba a estar incluido en la ficha patrimonial correspondiente en el Catálogo de Bienes Protegidos, sin embargo, esta nunca fue aprobada.

En 2013 la Universitat de València lo paralizó para elaborar el correspondiente Plan Especial. De este, sin embargo, no se sabe nada. De este modo, estrictamente, sólo estaría incluido en la protección de Bien de Relevancia Local (BRL) el edificio principal del complejo y no el resto de inmuebles auxiliares y adyacentes, como las naves afectadas por la ampliación del Clínico.

Precisamente, el Partido Popular presentó hace una semana a la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento una moción en la que instaba al gobierno local a impulsar, cuanto antes y de manera coordinada con la Universitat de València, el Plan Especial de Protección de los edificios universitarios protegidos de Blasco Ibáñez. Una moción que fue votada en contra por el equipo de gobierno.

Con todo, eso sí, el informe de Cultura, ante la falta del Plan y de un estudio sobre el valor de la zona que se ha demolido, obligaba a mantener la tipología de la fachada, de la estructura y de los patios del complejo arquitectónico. Con todo, mientras, colectivos de arquitectos estudian de cerca cómo ha sido la tramitación del derribo y hay quien incluso se aventura a plantear una demanda. Se arguye, en este sentido, que en los derribos de Tabacalera, el juez acabó extendiendo la protección del edificio principal a todo el entorno.

Algunos ya han empezado a emitir sus opiniones al respecto. Por ejemplo, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Politécnica (UPV), Ivan Cabrera, así como la subdirectora de Cultura, Maite Palomares, lamentaban esta semana en un artículo de opinión publicado por Valencia Plaza que en otras comunidades "el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno recibe mejor tratamiento con unas instituciones responsables a favor de su rehabilitación antes que la destrucción y consiguiente pérdida patrimonial".

Para los expertos, resulta "paradójico" que en otras pandemias, la arquitectura moderna "resolvía programas" mientras que con el coronavirus, la administración "se vuelve contra la arquitectura moderna y autoriza su derribo apresuradamente, con apenas una semana para pensar -se solicita el permiso el día 30 de noviembre y se aprueba el 7 de diciembre-". Así, intuyen que "la balanza se ha inclinado a favor de la mayor edificabilidad que propone el planeamiento en lugar de preservar el patrimonio arquitectónico valenciano". 

También se manifestó el Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV en un comunicado en el que expresaba su "consternación" por la demolición de una obra "referente de la arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad". Así el organismo lamentaba que la actuación se esté llevando a cabo "con la autorización, tramitada por urgencia" de la dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.

El Consell Valencià de Cultura evita lanzar críticas

Pese a todo ello, el Consell Valencià de Cultura suscribió una declaración a finales de esta semana en la que evita lanzar críticas a la actuación que se ha llevado a cabo y suscribe la postura del departamento de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Todo pese a admitir que lo ocurrido ha levantado "críticas y una valoración negativa por parte de algunas instituciones que hasta el momento habían guardado silencio ante mayores y peores agresiones patrimoniales", según avanzó LasProvincias.

Por ello, el organismo que preside Santiago Grisolía -firmante de la declaración- asevera que este tipo de intervenciones públicas se han de valorar "con mesura", siempre interpretando la normativa "con sentido y sensibilidad" y no únicamente atendiéndose a "los valores propios de los bienes existentes" sino también a factores sociales y de salud pública que hoy resultan acuciantes, y hacerlo con compromiso histórico".