El Ayuntamiento rechaza la idea de la Generalitat de reducir el mapa escolar para flexibilizar las admisiones de alumnos
VALENCIA. El criterio de la concejala de València en Comú, Maria Oliver, y el conseller de Compromís, Vicent Marzà, difiere en la materia en la que ambos confluyen: Educación. El Ayuntamiento se opone a la reducción de distritos escolares planteada en un informe de la Generalitat para el próximo curso 2017-18. Si de Oliver depende, esto no sucederá. "Creemos que no existen los suficientes motivos que justifiquen dicha modificación", asegura la propia concejala al ser preguntada por el tema.
Atendiendo a un nuevo estudio del departamento de Marzà, en Infantil se bajaría de 19 a 7 zonas, mientras que en Secundaria se pasaría de 10 a 4 zonas, en lo que supondría una fuerte simplificación del mapa escolar. Todo ello a consecuencia de los problemas en la asignación de plazas detectados durante el último curso, que han sido especialmente notorios en zonas neurálgicas. Es el caso del distrito de Ciutat Vella o Pla del Real.
Sin embargo, el Ayuntamiento considera que el sistema vigente "está funcionando" y no es partidario de una modificación, "tan solo un año después" de que entrara en vigor la nueva mapificación. El informe remitido debe ser estudiado por representantes del consejo escolar en una reunión que tendrá lugar la semana que viene. En ella se votará la decisión, aunque todo apunta a que pasará por rechazar la propuesta del departamento de Campanar.
La situación se deriva del nuevo decreto de admisión, promulgado por la Administración en la primavera del año pasado, que implicaba diversas modificaciones. A partir del mismo, vivir en el área de influencia del colegio dota con 10 puntos para entrar en un centro. Esto quiere decir que se prima el criterio de proximidad geográfica, en un intento por "igualar a todos los estudiantes" y que no sean los centros quienes escojan, "sino las familias", según Marzà.
Por ende, la nueva propuesta de de la Conselleria de Educación ha sido recibida como un retorno al distrito único del PP, que permitía optar a un colegio independientemente del barrio de residencia. No ha gustado nada a la escuela pública, y sí a la concertada.
No es la primera vez que Marzà y Oliver se ven las caras. Ya sucedió algo parecido cuando el pago de las extraescolares no resuelto por Marzà le terminó por estallar al Ayuntamiento. Un tema que todavía continúa sin resolverse. Una denuncia de CSI·F acusaba al consistorio de rechazar varias peticiones de centros escolares aspirantes a implantar la jornada continua en el curso 2017/18 para ayudarles con las extraescolares.
El Ayuntamiento se defendió rechazando dicha competencia. Según declaró la concejala de Educación, en el seno del Consell Escolar “sí que se abordó el asunto de las extraescolares” y lo que se acordó fue que el Ayuntamiento "colaboraría en todo lo que pudiera, y así lo ha hecho”. No obstante, recordó que el decreto de la Generalitat habla de “colaboración”, pero no menciona “la obligación de aportación económica” en ningún momento.