La vivienda: el centro de las nuevas políticas urbanas

Naciones Unidas acaba de finalizar su encuentro  preparativo de la Conferencia Hábitat III que se celebrará en Quito el próximo mes de octubre. La ultima Conferencia tuvo lugar en Estambul en el año 2006 y dio lugar a la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Urbanos (Hábitat II). En esta Declaración, los Jefes de Estado  tras reafirmar su "voluntad de lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, como se ha previsto en los instrumentos de derecho internacional”, reconocieron “que las mujeres, los niños y los jóvenes tienen una necesidad especial de vivir en condiciones seguras, salubres y estables”, a la vez que se comprometieron a fomentar “la conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de edificios, monumentos, espacios abiertos y  paisajes”

Sin embargo, como remarca Naciones Unidas, durante los últimos 20 años la vivienda no ha sido una cuestión central en la agenda política de desarrollo nacional e internacional, si bien la mayoría de los Estados han suscrito convenios internacionales que les obligan a adoptar medidas para asegurar el derecho a “una vivienda digna y adecuada”. Desde 1996, en Europa y en EEUU la vivienda ha sido más un elemento de inversión que un sitio donde vivir. Este enfoque de la vivienda como inversión, como bien de mercado, ha sido central no solo en países desarrollados sino también en aquellos en vías de desarrollo. Así se ha ido reflejando también en nuestra normativa estatal y autonómica, en la que se preveía la “doble vertiente de la vivienda, como bien necesario, por una lado, y de ahí su naturaleza social, y como bien de mercado por otro, y de ahí su naturaleza de mercado”1.

La anterior tendencia se vio especialmente reflejada en los últimos años en la Comunidad Valenciana, donde ya llamaba la atención cómo la regulación que se realizaba sobre el pretendido “Derecho a la vivienda digna”, se limitaba a recoger determinadas garantías en materia de transmisión de la vivienda, publicidad e información o requisitos para el arrendamiento. Es decir, no se recogían medidas para hacer efectivo un verdadero derecho a la vivienda de los ciudadanos, sino que se limitaba a regular una serie de mecanismos destinados más bien a asegurar el adecuado tráfico jurídico del mercado, obviando el propio mandato de la ley que en su exposición de motivos aludía a la naturaleza social de la vivienda. Estas políticas en materia de vivienda dirigidas al impulso de la industria de la construcción, han favorecido el fomento de la vivienda para las clases medias, sin que hayan existido medidas similares que ayuden a las clases menos favorecidas.

La mayoría de la población mundial vive hoy en ciudades donde la desigualdad social vinculada a la vivienda ha incrementado durante  los ultimo años, también en nuestro país. Si bien la generación post 1945 accedió a la propiedad de la vivienda, sus hijos han sido incapaces de hacerlo. Resulta obvio el fallo de las políticas de vivienda en ciertos aspectos fundamentales cuando mientras nos hemos encontrado con un exceso de oferta de vivienda para las clases medias, otras clases sociales han experimentado una absoluta falta de oferta para sus necesidades.

Naciones Unidas Hábitat llama atención hacia el hecho de que las medidas adoptadas en el pasado por los gobiernos a la vez que favorecían el acceso en propiedad a la clase media, alejaban de este derecho a un numero cada vez mayor de ciudadanos en situación de pobreza. Las políticas puestas en marcha enfocadas hasta el momento hacia medidas regulatorias han fallado a la hora de promover la vivienda digna y adecuada. Las iniciativas de muchos gobiernos han estado encaminadas a ayudar a la clase media a alcanzar la propiedad de vivienda en un sector al que tan solo ellos pueden acceder.  

Paralelamente, las anteriores políticas de vivienda se trasladaron a las cuestiones relativas al contenido del derecho de propiedad del suelo  a través de la intervención en la regularización de la  propiedad del suelo y su fiscalidad. Afirma UN HABITAT que, de hecho, estas políticas aplicadas al mercado del suelo han conllevado un incremento del precio de la vivienda. Las disfuncionalidades en el mercado del suelo continúan siendo  una de las limitaciones mas perversas en el acceso a una vivienda digna.

Como señala Joan Clos, Director Ejecutivo de UN HABITAT, “durante demasiado tiempo hemos puesto la economía y el empleo en el centro del urbanismo y el desarrollo urbano. Las personas son las que hacen las ciudades... y es necesario pensar en las necesidades de las personas, incluyendo el lugar en el que vivirán y ponerlas en el centro del desarrollo urbano”

Si necesitamos que el futuro de las ciudades sea sostenible, resulta esencial un nuevo enfoque que coloque la vivienda en el centro de las políticas urbanas. Así UN HABITAT propone una estrategia que coloque la vivienda en el centro de la “nueva agenda urbana” y busca restablecer la importancia de la vivienda en el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible, “el destino de las ciudades dependerá en gran medida del destino de nuestras viviendas”. En la reciente conferencia realizada a finales de julio el foco se ha establecido en las deficiencias en materia de vivienda como uno de los retos más importantes de los próximos años, destacando que las deficiencias cualitativas son mucho mayores que las cuantitativas, es decir, no tanto necesitamos nuevas viviendas, sino adecuar a las necesidades reales el parque existente.

En nuestro país, las actuaciones en la materia se han venido desarrollando con sucesivos planes estatales de vivienda, estos planes tenían varios elementos comunes: fomentaban la producción de un volumen creciente de viviendas, se basaban en la ocupación de nuevos suelos y en el crecimiento de las ciudades y apostaban, sobre todo, por la propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda. Fue con el Plan Estatal 2013-2016 cuando comenzó el cambio de modelo, ahora más enfocado por un lado a facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos por un lado, y por el otro a apoyar el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta y para favorecer la salida del stock de vivienda vacía, todo ello unido al fomento a la regeneración y rehabilitación urbanas. El alquiler suele ser el medio de acceso a la vivienda para los jóvenes y las clases menos pudientes. Sus ventajas han sido puestas de manifiesto ya que favorece la movilidad laboral  e incluso ayuda a incrementar la renta de los pensionistas mediante el alquiler de habitaciones que ya no se necesitan para una diferente estructura familiar.

Cuando nos preguntamos qué actuaciones se pueden desarrollar para conseguir estos objetivos, hemos de pensar en dos ámbitos diferenciados, por un lado, a nivel estatal, el nuevo gobierno debería, a la mayor brevedad, aprobar un nuevo plan de vivienda, centrado en los problemas actuales que han sido puestos de manifiesto tanto por la realidad de nuestro país como por las asociaciones ciudadanas y por los propios estudios de Naciones Unidas HABITAT. Por otro lado, y con independencia de la necesaria correcta ejecución del Plan de Vivienda por la Comunidad Autónoma, resultaba necesario un nuevo marco regulatorio a nivel autonómico. Esta actuación ha sido ya acometida por parte de la Consellería de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio, habiendo presentado a las Cortes Valencianas el “Proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda” a principios del mes de julio. La tramitación de este proyecto a partir del mes de septiembre por parte de Les Corts constituirá uno de los retos más importantes para el comienzo del nuevo curso político. Coincidirá con la celebración en Quito de la cumbre de Naciones Unidas Hábitat III, y es de esperar que varios de los principios enunciados en la correspondiente Declaracion Internacional sean paralelamente recogidos por primera vez en nuestro ordenamiento mediante la aprobación de la Ley, con todas aquellos ajustes que exijan la distribución competencial y otros mandatos constitucionales, pero sin que este tipo de argumentos sirva para justificar el mantenimiento de planteamientos políticos más propios de otras épocas ya superadas y abandonados por los organismos internacionales.

Helena Beunza Ibáñez es directora territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio.