ELCHE. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) aún no se ha instalado formalmente en el municipio ilicitano, a la espera de formalizar la oficina alquilada de forma provisional en las inmediaciones del Ayuntamiento de Elche —a la espera de cerrar en un par de años en propiedad la sede oficial, con unos 35 funcionarios—, sin embargo, ya ha empezado a trabajar formalmente y ya tiene 'deberes' para el próximo ejercicio. Entre ellos, casi una veintena de demoliciones y la geolocalización de los 183 ayuntamientos adheridos a la agencia.
Recientemente, tras la aprobación de los estatutos, nombramiento del director Manuel Civera y la constitución del Consejo de Dirección, órgano colegiado de planificación, dirección y control de la actividad de este organismo autónomo de la Generalitat, la AVPT echa a andar. Aunque aún no tiene la sede, ya tiene los primeros objetivos fijados para 2022 en cuanto a su actividad se refiere. Uno de ellos es la redacción del Plan de Inspección, ya que la tarea fundamental de la agencia es la disciplina urbanística, lo que supone desde la prevención de ilegalidades en suelo no urbanizable, hasta las sanciones o planes de minimización, la alternativa de la Lotup para legalizar construcciones en este tipo de suelo.
Constitución del Consejo de DirecciónDerivado de ese Plan de Inspección, y de acuerdo al fomento de la minimización del impacto territorial, ambiental y paisajístico de las viviendas surgidas ilegalmente, se van a geolocalizar las actuaciones urbanísticas de los 183 municipios adheridos hasta la fecha que puedan ser objeto de minimización de su impacto, tanto en suelo rural de la Comunitat, como de las que son posteriores al 20 de agosto de 2014. En este sentido, según el estudio previo realizado previamente por Política Territorial, son en torno a 350.000 las viviendas en esta situación en todo el territorio valenciano. Además de geolocalizar las viviendas de los municipios adscritos, también se hará lo propio con las actividades que carecen de título jurídico habilitante en suelo rural, aunque son menores.
Asimismo, y de cara al inicio de procedimientos de protección de la legalidad urbanística con respecto a las infracciones realizadas, en 2022, se prevé la ejecución de forma voluntaria de una decena de viviendas y de seis de forma forzosa. También se revisarán 25 licencias urbanísticas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos expedientes ya están instruidos, por lo que son previos a la formalización de la Agencia.
El conseller Arcadi España en la primera sesión del Consejo
El gerente Manuel CiveraEn cuanto esta se asiente, redacte el plan y empiece con las geolocalizaciones, será cuando se conozca la previsión de la misma, así como su potencial y ejecución final de los expedientes, ya que como sucede en muchos Ayuntamientos, estos se inician pero rara vez finalizan con la ejecución de la demolición o sanción. Por otra parte, la AVPT también tiene la previsión de realizar seis jornadas informativas sobre el funcionamiento y ejes de la misma en 2022.
Con el inicio del ejercicio, la Agencia tiene la estructura inmediata con la secretaría general y tres jefes de servicio de libre designación que se nombrarán a corto plazo. Se está buscando a funcionarios que tendrán que venir en comisión de servicio, uno de los posibles obstáculos que mencionó la secretaria autonómica de Política Territorial, Imma Orozco, dado que hay que convencer a una veintena de funcionarios para que se desplacen a Elche y que sean de la zona, ya que asumen que será difícil que quieran abandonar la plaza en València. Se está trabajando con un panel de candidatos para los cargos de libre designación que ya han manifestado su voluntad de trasladarse al municipio ilicitano. Tras ello, quedarían además del grueso de la plantilla, las jefaturas de sección, que Civera espera puedan estar ya disponibles en enero.
El presupuesto para el próximo ejercicio será de 3.074.860 euros, el grueso, 2,2 millones para gastos de personal, que se irá incorporando progresivamente. El resto, 470.000 en inversiones reales y 326.000 euros en compra de bienes y gastos de funcionamiento. Ello incluye el equipo informático, transporte, alquiler o el trabajo de empresas externas y profesionales (150.000 euros), entre otros aspectos.
