ALICANTE. El conflicto entre la multinacional Culmarex, propiedad del fondo Cooke Aquaculture (aunque con sede en Murcia) y uno de los dos grandes referentes de la acuicultura en España, y uno de sus socios locales en la piscifactoría de Altea, Basademar, ya tiene cifra. La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado las alegaciones de la empresa y establece en 2,7 millones de euros el importe que debería abonar la filial de Culmarex al socio alteano que ha ejercido su derecho de separación.
Tal como contó Alicante Plaza, uno de los tres hermanos de la familia Baeza con los que se asoció Culmarex para poner en marcha sus instalaciones de Altea (y que controlan cada uno un 11% del capital) ejerció su derecho de separación en 2021, tras pasar varios ejercicios sin que Basademar repartiese dividendos. Con este mecanismo, la sociedad está obligada a comprar la parte del capital del socio que se separa, a un precio pactado o, si no hay acuerdo, en base a la tasación de un experto independiente nombrado por el Registro.
Inicialmente dicha valoración ascendía a 3,6 millones (por el 11% en manos del hermano que pidió separarse), y Culmarex pidió el concurso de acreedores voluntario para su filial de Altea, al entender que no disponía de tesorería suficiente para afrontar dicho pago, mientras trataba de obtener una valoración más conservadora en los tribunales. Finalmente, la Audiencia de Alicante dictó una sentencia el pasado mes de julio en la que queda establecido que el importe en disputa asciende a los citados 2,7 millones.
En paralelo, el concurso de acreedores desembocó en la aprobación de un convenio (precisamente, el mayor acreedor de Basademar es la propia Culmarex, que obviamente lo apoyó) que establece cuatro años de espera y el pago del crédito en los tres restantes. Tras el visto bueno de la junta de acreedores en junio del año pasado (en la que probablemente fuese la última junta de acreedores celebrada en la provincia antes del cambio en la ley concursal, que sustituye el trámite presencial por uno telemático), el socio local recurrió el acuerdo, pero el pasado febrero el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante lo ratificó, de manera que ya es firme.
Así consta en la memoria de las cuentas anuales de Culmarex relativas a 2022, consultadas por Alicante Plaza. Según se relata en los "hechos posteriores" al cierre del ejercicio, "la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia con fecha de 10 de julio de 2023, desestimando la apelación presentada por la filial Basademar S.L. y ratificando la sentencia inicial de primer instancia". Dicha sentencia, con todo, no es firme. El importe en disputa entre la filial y el socio que ha ejercido su derecho a separación es de 2.689.126 euros, "lo que se clasificará como contingente en el concurso de la citada filial".
La memoria de las cuentas anuales de Culmarex explica también el origen y el desarrollo del conflicto. "Con fecha 8 de septiembre de 2021, Basademar S.L. presentó una solicitud de declaración de concurso voluntario, que fue admitida a trámite con fecha 22 de septiembre de 2021 y supuso el nombramiento de un administrador concursal". Dicho administrador, como también ha contado este diario, es el abogado alicantino Carlos Noguerol, socio fundador de Noguerol Abogados y experto en concursos de acreedores y reestructuraciones.
"La situación de falta de tesorería suficiente para atender los pagos inminentes comprometidos por la sociedad motivó la solicitud de concurso voluntario", asegura la memoria, que admite que "a esta situación se llegó fundamentalmente por el derecho de separación ejercido por uno de los socios y la valoración de sus participaciones emitida por el experto independiente designado por el Registro Mercantil de Alicante en febrero de 2021". Como se expone en el auto del concurso, "la filial no solicitó liquidación y aportó el convenio correspondiente", y en la junta de acreedores (que se celebró el 30 de septiembre de 2022) "quedó aprobado el convenio".
Si bien el socio local que pretende que Culmarex compre su parte de Basademar se opuso al contenido del acuerdo, la memoria explica que "por sentencia de 10 de febrero de 2023 se desestimó la oposición a la aprobación del convenio formulada por el socio minoritario", aunque a la fecha de formulación de las cuentas "la sentencia aún no es firme".
Por otro lado, la sociedad impugnó la valoración de las participaciones del socio que se separa ante la jurisdicción mercantil, pero tanto en primera instancia como en la citada sentencia de la Audiencia dictada el pasado julio se rechaza la pretensión de Basademar y, como se decía, se establece en 2,7 millones el valor del 11% en manos del socio local. Culmarex, eso sí, considera que "no existen dudas sobre la recuperabilidad del valor de la inversión en dicha filial y por dicha razón, no se ha registrado provisión alguna por deterioro de valor en participaciones en empresas del grupo".
Culmarex, originaria de Murcia y que tiene su piscifactoría histórica en Águilas (donde abrió en 1986), contaba ya con tres filiales en la Comunitat Valenciana, que gestionan otras tantas granjas marinas: Basademar, en Altea, que produce 1.250 toneladas de lubina y dorada; Gramabasa, en Santa Pola, que cultiva 3.500 toneladas de las mismas especies, y Bersolaz Spain, en Puerto de Sagunto. Pero entre agosto y septiembre del año pasado llevó a cabo sendas operaciones para incrementar su capacidad.
Primero, logró el permiso de la Conselleria para poner en marcha una nueva piscifactoría en Torrevieja, donde podrá criar 8.000 toneladas de dorada y lubina, en la que será su mayor instalación en la costa alicantina. Y en septiembre, compró la piscifactoría de Guardamar (la única de capital local que aún operaba en la provincia) en el seno del concurso de acreedores al que se acogió Culmar. Esta granja tiene una capacidad de 3.200 toneladas, también para dorada y lubina. En total, y teniendo en cuenta que la concesión de Altea está a punto de expirar, Culmarex suma 16.000 toneladas de producción potencial en la Costa Blanca.
