Mireia Mollà, durante una visita a La Romana el pasado verano. Foto: APALICANTE. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) decidió finalmente este miércoles dejar sobre la mesa la aprobación de los planes de actuación sobre los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, que suponían la reducción del 90% del volumen disponible en dichas masas de agua para el regadío. La decisión de aplazar la decisión, en principio tres semanas, es no obstante una victoria pírrica para el campo alicantino: dentro de tres semanas los acuíferos seguirán sobreexplotados (a no ser que el TSJ se pronuncie antes en sentido contrario), y no se habrá resuelto la clave de bóveda del asunto, que no es otra que dotar de cuerpo legal a un trasvase Júcar-Vinalopó con condiciones asumibles para los regantes.
Porque, tal como ha contado este diario, el precio estimado para el agua del trasvase, descontando los efectos de la inflación galopante de la energía (que la llevaría hasta 0,85 euros el metro cúbico), se sitúa en torno a 0,3 euros, muy cerca de los 0,295 que se van a pagar por los 18,8 hectómetros enviados fuera de convenio por Acuamed y la CHJ para este verano. Es decir, encarece un 50% el precio medio actual del agua en la zona, mayoritariamente extraída de esos acuíferos, y en algunos casos (pues cada finca tiene sus particularidades) más que la triplica.
El precio, en fin, es lo que amenaza la continuidad de la agricultura en la zona, tal como concluye un reciente estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC), por encargo de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, y que se basa en la información contenida en la propuesta de plan de cuenca del Júcar para el periodo 2022-2027.
El documento, elaborado por Javier Calatrava Leyva y David Martínez Granados en diciembre pasado, señala que el valor total de la producción agraria en el sistema Vinalopó-Alacantí es de aproximadamente 402 millones de euros al año, para un uso de recursos hídricos de aproximadamente 127 hm3 anuales y una superficie regada de 32.617 hectáreas. Considerando que el coste del suministro a soportar por los regantes del trasvase sería de 0,31 euros, la consecuencia inmediata sería una reducción de la demanda de agua en más de un 30%, que se traduciría en la pérdida de un porcentaje similar de la superficie regable (unas 10.000 hectáreas) y una caída de la producción agraria y del empleo del 18% y 19% respectivamente.
Si bien la producción total de la agricultura en el Vinalopó-Alacantí supera los 400 millones anuales, el informe de la Politécnica cifra en 230 millones de euros los que dependerían del trasvase, mientras el resto de la producción del subsistema tendría otras fuentes. Es decir, esos 230 millones anuales son los que estarían en riesgo con la decisión de cerrar los acuíferos sin ofrecer a cambio agua trasvasada a costes asumibles. Es más, incluso con el trasvase a 0,31 euros (sin atender la petición de exonerar de los costes de amortización y de repartir los costes de operación con el abastecimiento), contando con que lleguen unos 20 hectómetros al año, la consecuencia inmediata sería la pérdida de 50 millones de euros al año de producción, según el estudio.
El impacto económico previsto para la zona no se repartiría de manera homogénea, sino que sería especialmente grave en los regadíos de aguas subterráneas del Alto y del Bajo Vinalopó y del Pinós, Albatera y Crevillent y, en menor medida, en los regadíos del Alacantí, regadíos mixtos del Alto Vinalopó y regadíos del Medio Vinalopó con extracciones del Alto Vinalopó. Los cultivos más afectados serían los cultivos extensivos, el viñedo para vinificación, el olivar y los cítricos, aunque también afectaría de manera significativa a algunos frutales y cultivos hortícolas.
La CHJ posterga tres semanas el cierre de acuíferos y evita la segunda 'derrota hídrica' de Ximo Puig
