Imagen de la primera vista del juicio. Foto: RAFA MOLINAALCOY (EFE). La directora de la residencia Domus Vi de Alcoy donde fallecieron 74 de los 140 mayores internos durante el primer mes de la pandemia de la Covid-19 ha manifestado que durante ese periodo había deficiencias en cuanto al personal médico aunque sí se cumplían las pautas de la Conselleria de Sanidad en el caso de las gerocultoras y auxiliares.
Esta mujer, A.M.C., dirigió la residencia alcoyana entre noviembre de 2018 y junio de 2021 y ha prestado declaración en la tercera jornada del primer juicio que se sigue en España contra una residencia de mayores por la gestión durante la pandemia sanitaria de la primavera de 2020, en una vista en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy.
En las cuatro primeras semanas de la pandemia, entre mediados de marzo y abril de 2020, en el centro Domus Vi Alcoy fallecieron 74 de los 140 mayores internos (el 52 por ciento) y en este proceso judicial por la vía civil, que se prolongará hasta el 10 de octubre, están personados 46 familiares de 18 de las víctimas.
La exdirectora de DomusVi Alcoy ha relatado que se cumplía la normativa de empleados dictada por la Conselleria de Sanidad en cuanto a gerocultoras (profesional que cuida de los mayores en residencias o instituciones) y auxiliares.
No así en el caso del puesto de médico, donde en una inspección sanitaria previa a la pandemia se puso de manifiesto que había personal "insuficiente", por lo que se intentó "subsanar cuanto antes" esta situación y se buscó a un facultativo. Se encontró y llegó a contratarse aunque poco después este médico abandonó DomusVi, sin que se hubiera cogido sustituto cuando sobrevino la pandemia, en marzo de 2020.
En todo caso y pese a esta circunstancia, A.M.C. ha asegurado que la residencia "cumplía los ratios de personal" y que en todo momento se siguieron "las pautas" que se indicaban desde la Consellería de Sanidad.
Ha relatado que con la irrupción del virus se impidió a los familiares de los residentes entrar a las instalaciones para evitar poner en riesgo a los mayores, algo que los allegados "no entendían", por lo que les tuvo llegar a advertir de que si persistían en su derecho de ver a los internos les tendría que identificar mediante el DNI.
El 13 de marzo hubo dos primeros positivos de la covid-19 y ha continuado que, siguiendo las directrices marcadas por Sanidad, se procedió a una reorganización en la ubicación de los usuarios, de manera que se comenzó a "sectorizar" a los mayores para que estuvieran juntos "las personas con los mismos síntomas".
"No había personas sin síntomas con otras con síntomas desde el sábado 14 de marzo", según la exdirectora, que también ha recordado que a partir de los días 20 y 21 los trabajadores fueron sometidos a test rápidos de detección del virus y los usuarios a pruebas PCR, cuyos resultados llegaban entre 7 y 10 días después.
Sobre las quejas de las familias desde tiempo atrás de la pandemia sobre una supuesta falta de personal, la exdirectora de la residencia ha indicado que había trabajadores suficientes y ha añadido que las incidencias que surgían se subsanaban pidiendo a los trabajadores que estuvieran más pendientes de las tareas que tenían encomendadas.
Tras la declaración de la directora, que se ha prolongado por espacio de tres horas, el presidente de la asociación de afectados, José Luis García, ha señalado que “ha habido dos partes en este testimonio. Cuando respondía a los abogados de la parte demandada parece que tenía más memoria, recordaba más cosas, pero cuando las preguntas han sido por nuestra parte ha habido una memoria selectiva importante, con multitud de respuestas de 'no recuerdo”. Les ha chocado que “si no entraba a las habitaciones, cómo sabe que estaba todo bien organizado, que estaban positivos y negativos separados. Ha dicho que ella no subía a las plantas”.
