CASTELLÓ. La oposición municipal en bloque ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, tras la reciente sentencia del TSJCV que anula el acuerdo plenario de restitución del agente urbanizador del PAI Sant Gregori, lo que en la práctica deja en el aire el macroproyecto urbanístico ya en ejecución. Lo han hecho en el pleno extraordinario que había convocado el ejecutivo municipal para abordar varios asuntos que nada tenían que ver con el PAI.
El concejal del PP, Álex Clausell, el único que repite en la candidatura electoral, ha exigido a Safont que dimita “por la sentencia y por su imputación” en el procedimiento penal que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vila-real. “Han puesto a Borriana en una situación límite, deberían pedir perdón. A nosotros se nos ha acusado de poner palos en las ruedas, de no decir la verdad y de crear miedo sobre el proyecto”, ha remarcado.
También ha exigido la renuncia de Safont el portavoz adjunto de Vox, Jesús Albiol. “Les hemos advertido durante mucho tiempo de las irregularidades que estaban cometiendo. Vamos a reclamar 21 millones de euros al agente urbanizador, debería investigarse esta presunta trama urbanística que ha intentado arruinar a los propietarios y a este Ayuntamiento”, ha insistido.
La concejala del grupo de No Adscritos y exportavoz municipal de Ciudadanos, María Jesús Sanchis, ha advertido a la alcaldesa de que la sentencia invalida todo el PAI y que las indemnizaciones que podrían sustanciarse con los propietarios afectados “pueden ser la ruina para Borriana”.
La alcaldesa ha intervenido brevemente tras la interpelación inicial de la oposición para recordar que “la situación procesal sigue abierta y tomaremos las decisiones avaladas siempre con informes favorables”, sin dar más detalles. Ayer el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, sí dio por hecho que la sentencia del TSJCV será recurrida al Tribunal Supremo. El grupo municipal de Compromís, que en todo este proceso ha respaldado sin fisuras la gestión de los socialistas, se ha puesto hoy en el pleno de perfil y ha evitado pronunciarse.
Además de lo sucedido en la sesión plenaria, desde la coalición Unidas Podemos-Esquerra Unida han asegurado que la sentencia reafirma su posicionamiento político de los últimos años. “El Ayuntamiento debe asumir de una vez por todas que el PAI ha caducado, no hay posibilidad de retomarlo y, además, debe reclamar a la empresa los 21 millones de euros por el incumplimiento de las condiciones fijadas para aprobar el PAI”, han asegurado.
Por último, desde Burriana Decidix han criticado la “falta de transparencia” de los socialistas y han reclamado que sea el propio Ayuntamiento quien gestione y urbanice el proyecto. “Nuestro objetivo es proyectar un nuevo plan para Sant Gregori que priorice los intereses de Borriana y que esté dirigido a las necesidades de la gente que vive en nuestra ciudad y no para una minoría elitista externa”, han afirmado.
