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Las asociaciones de afectados por la ludopatía urgen al Consell a aprobar la Ley del Juego

23/10/2019 - 

VALÈNCIA. Los valencianos gastaron casi 82 millones de euros en apuestas entre los meses de julio y septiembre de este año, según publica el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana; casi cinco más que en el mismo período del ejercicio anterior. Las cifras no hacen más que reflejar una realidad: el auge de la ludopatía en la Comunitat Valenciana. 

Una circunstancia que hace un año preocupaba al Consell del Botànic, que aprobó y remitió a Les Corts en noviembre el proyecto de Ley del Juego para su tramitación que modificaba la normativa de 1988 con numerosas restricciones poniendo especial atención en los colectivos vulnerables y en la protección de los menores. Sin embargo la norma no llegó a ver la luz porque la legislatura finalizó antes de tiempo por el adelanto electoral que decretó Ximo Puig

Desde entonces, el Ejecutivo valenciano no ha retomado la normativa a pesar de estar gobernando desde hace más de cuatro meses aunque en varias ocasiones se hayan comprometido a hacerlo. Un escenario de parálisis ante el que diversas asociaciones de afectados por la ludopatía cuestionan la voluntad del Consell, al que urgen para que presente de nuevo el texto legal que lleva meses redactado en un cajón. 

"La ley estatal si no se decreta es inútil, pero a nivel autonómico, que esté una ley tan importante como ésta encima de la mesa redactada y no se tramite con urgencia es inhumano; más aún porque además se están instalando casas de apuestas por todas partes", critica el sociólogo y presidente de Patim, Francisco López. "Aquí el Gobierno no está en funciones", subraya. 

"Hay personas que están arruinando su vida y la de su familia porque las han hipotecado. No lo debemos permitir; tenemos que generar las estructuras suficientes para que el juego pueda desarrollarse de forma lo más responsable posible", explica López. Incide, además, en la urgencia de establecer barreras que eviten que los menores accedan a salones recreativos. No en vano, el último informe del Hospital Belchite de Barcelona concluye que a "menor edad, el pronóstico para la rehabilitación es peor". 

En este sentido, tanto desde asociaciones como Patim y Vida Libre, ambas pertenecientes a la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, plantearon enmiendas a la Ley del Juego durante su tramitación parlamentaria hace meses. Propuestas como establecer una distancia mínima entre los centros educativos y las salas de juego que asumieron los grupos parlamentarios como PSPV y Podem. 

Así, los primeros propusieron prohibir la instalación de nuevos locales específicos de apuestas -incluidos bingos y casinos- a una distancia inferior a 150 metros de los accesos a cualquier instituto o colegio. El partido liderado por Antonio Estañ pretendía que esta distancia se ampliara a los 1.000 metros. Las asociaciones de afectados recomendaban un mínimo de medio kilómetro; exactamente, entre los 600 y 700 metros. 

La enmienda presentada por socialistas y morados en la anterior legislatura sobre la distancia mínima a cualquier colegio planteaba que esta restricción no solo afectara a los locales de nueva apertura, sino también a los salones ya en funcionamiento a partir de cuando caducaran sus respectivas licencias. Es decir, las salas ya abiertas que quisieran seguir operando e incumplieran la ley, deberían traspasar el local para adaptarse a la nueva normativa y conseguir así renovar sus respectivas licencias. 

Como Patim, desde FEJAR critican que el Gobierno valenciano "mantenga la misma actitud que la administración central". "No tienen ningún interés en aplicar medidas correctoras que les generan mucha recaudación vía impuestos", declara el director técnico, Juan Lamas, quien resalta además la necesidad de que se reconozca el juego como un problema de salud pública.  

Barcelona prohíbe nuevas aperturas

Mientras en la Comunitat las asociaciones de afectados se mantienen a la espera de la nueva Ley del Juego, este mismo martes el Ayuntamiento de Barcelona prohibía la apertura de nuevos locales de juego y apuestas en la ciudad con el fin de preservar la salud de la ciudadanía y evitar adicciones. 

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