MADRID (EFE). Las comunidades autónomas se resisten a ser víctimas colaterales del bloque político nacional y la mayor parte de ellas tiene la intención de aprobar antes de final de año sus cuentas para 2017, con independencia de si la interinidad en el Gobierno obliga a prorrogar las del Estado.
Eso sí, están a la espera de que el Gobierno en funciones les traslade información sobre la senda de déficit, las entregas a cuenta del sistema de financiación o la liquidación definitiva del ejercicio de 2015 y, por ello, varias han pedido que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Una información que no ha llegado, pese a que hace semanas que la reclaman al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro.
Fuentes de su departamento han insistido en que las comunidades deben tener en cuenta que hay una Ley de estabilidad que no se puede vulnerar y que el déficit sigue siendo el 0,3 por ciento y no el 0,5 por ciento, como se acordó en abril en la última reunión del CPFF.
Muchas comunidades -prácticamente, todas las que no están gobernadas por el PP- se ven como "rehenes" de la situación política nacional y "víctimas" de la presión del PP al PSOE para que facilite la investidura de Mariano Rajoy. Las hay que van más allá en su crítica política y acusan a Montoro directamente de "chantaje".
La Comunitat Valenciana es una de las que ha utilizado esa expresión y, de hecho, también una de las más beligerantes con Montoro. Desde la Generalitat Valenciana consideran que es cuestión de voluntad política, desde el convencimiento de que el Gobierno en funciones pude trasladar las cifras para que las comunidades puedan trabajar, en vez de utilizarlas para "apretar las tuercas" a los socialistas.
Al igual que otras comunidades, la valenciana tiene intención de aprobar sus presupuestos y manejará un escenario presupuestario similar al de 2016, con cálculos en función de la senda flexibilizada de déficit del 0,5 por ciento del PIB.
Canarias, que es junto a País Vasco la única que cumplió el objetivo de déficit en 2015, se ve capaz de no superar el 0,1 %, según fuentes de su Gobierno autonómico.
La Junta de Andalucía quiere presentar su proyecto de presupuestos en el Parlamento antes del 31 de octubre y sostiene que el Gobierno está usando a las comunidades como "rehenes" del bloqueo político en España.
Tras no conseguir aprobar los presupuestos de 2016 por el veto de la CUP, el Govern catalán está inmerso en la confección de las cuentas de 2017, que espera sacar adelante, esta vez sí, con el aval del partido anticapitalista. Su diseño pasa por alcanzar una meta de déficit del 0,7 %.
Los últimos en aprobar las cuentas de 2016 pueden ser los primeros de 2017. Y es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha aprobado su propuesta de techo de gasto para el próximo año, que asciende a 5.924,4 millones de euros, y el texto articulado del anteproyecto de ley, para enviarlo a las Cortes antes del 1 de octubre.
Desde Cantabria se recuerda que, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prorrogó los PGE en 2012, aportó datos a las comunidades y se apela a la lealtad institucional entre administraciones "al margen de la ideología política" y a la responsabilidad del Gobierno en funciones.
En tiempo y forma pretenden aprobar sus presupuestos los gobiernos de Aragón y Baleares, que han dado instrucciones a sus respectivas consejerías para iniciar la redacción de sus proyectos. Incluso las comunidades gobernadas por el PP quieren sacar adelante sus presupuestos para no retrasar todo, a la espera de un inquilino fijo en la Moncloa.
Por ejemplo, el Gobierno de La Rioja parte de la prudencia y se basará en los mismos ingresos que este año, consciente de que, una vez iniciado el ejercicio de 2017, podría ser necesario hacer determinados ajustes o modificados provocados por cambios que realizara el nuevo ejecutivo o Bruselas.
La Junta de Castilla y León, por su parte, es pesimista y cree que "es imposible" elaborar el proyecto de ley de presupuestos en plazo -antes del 15 de octubre- si en lo que queda de este mes de septiembre no se forma Gobierno. Ante esa incertidumbre, la Junta pedirá al Ministerio que emita un informe en el que se indique qué hacer en esta situación.
Navarra no tiene tantos problemas porque la financiación autonómica depende de los ingresos de la Hacienda Foral y trabaja ya en el anteproyecto presupuestario.
Habrá que esperar en el País Vasco y Galicia a que se constituyen sus nuevos gobiernos, tras las elecciones del próximo día 25, para saber qué van a hacer sus ejecutivos autonómicos.