Las comunidades autónomas han recortado 13.640 millones en sanidad y educación desde 2009

VALÈNCIA. El gasto real del conjunto de comunidades del régimen común en servicios públicos esenciales –sanidad, educación y servicios sociales– se ha recortado en 13.640 millones de euros entre 2009 y 2016. El dato contrasta con la evolución que han seguido los gastos de otro sistema fundamental del Estado del Bienestar, las pensiones, que depende de la administración central y que apenas se han resentido.

La caída en el gasto social de las comunidades, que alcanza de media un 2,1% anual por habitante, es la consecuencia del desplome de ingresos de las administraciones públicas como consecuencia de la crisis. Así lo ha puesto manifiesto este miércoles Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, en el seminario Una lectura coral del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión de la Financiación Autonómica.

El experto, que participó como representante de la Generalitat Valenciana en la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación, ha explicado que el desarrollo del sistema actual, aprobado en 2009 y que sitúa a la Comunitat a la cola en recursos por habitante, se ha visto condicionado por la crisis y el descenso de los ingresos en las arcas públicas.

Pérez ha destacado que las comunidades de régimen común han tenido que ajustar más su gasto total en comparación con la administración central, con el consiguiente impacto en el gasto en servicios públicos fundamentales. Aun así, ha destacado, las comunidades han tenido que soportar un fuerte endeudamiento. "Si se hubieran ajustado a los ingresos tributarios disponibles, los gastos reales por habitante ajustado –que es la unidad de necesidad que se calcula– de las comunidades habrían retrocedido al nivel de 2003", ha destacado.

En su exposición, Francisco Pérez ha repasado las conclusiones y principales propuestas del informe de los expertos, que en las próximas semanas comenzarán a concretarse en la negociación política que se abrirá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los técnicos coinciden en que la revisión del sistema de financiación autonómico (SFA) debe fundamentarse en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en igualdad de condiciones.

Por esa razón, el informe considera que debe ponerse fin al statu quo que beneficia a algunas comunidades frente a otras. Para el director de Investigación del Ivie, el informe es valioso porque "identifica y aborda con rigor todos los problemas del actual sistema, muestra amplios consensos en el diagnóstico sobre una mayoría de temas y plantea propuestas para mejorar la financiación".

Una insuficiencia de recursos de 16.000 millones

Los recursos puestos a disposición de las comunidades por el sistema de financiación no han cubierto el gasto efectivo realizado por ellas entre 2009 y 2016. Según los expertos, la insuficiencia de recursos se elevaba en 2015 a 16.000 millones de euros.

La crisis ha puesto de manifiesto las consecuencias de la limitada autonomía fiscal de las comunidades, que al no tener competencias normativas sobre los impuestos indirectos no han podido tomar decisiones para mejorar sus ingresos sobre la mitad de los tributos que las financian, IVA e Impuestos especiales.

Tampoco han intervenido en la gestión de los grandes impuestos de los que más dependen financieramente, gestionados por la Administración Estatal de la Agencia Tributaria. Sus mayores competencias normativas y de gestión han permitido a la administración central gestionar la política tributaria para mejorar su capacidad recaudatoria, pero las comunidades autónomas se han visto muy limitadas para hacerlo, ha destacado el experto.

Además, ha recordado que el modelo de financiación actual no ha acabado con el problema que ya presentaban los modelos anteriores, que las comunidades sigan muy alejadas de la igualdad de recursos por habitante ajustado, con diferencias entre los extremos –Cantabria vs Comunidad Valenciana– que superan los 30 puntos porcentuales, como constata el informe de los expertos.

A juicio de Francisco Pérez, el nuevo sistema de financiación que habrá de aprobarse debería basarse en los siguientes criterios:

• Nivelación. Las diferencias de recursos por habitante ajustado deben desaparecer, al menos en lo que se refiere a los servicios públicos fundamentales, tanto entre las comunidades comunes y forales  como entre las comunes.
• Suficiencia. Preservar la suficiencia financiera para prestar los servicios públicos, y en especial los servicios fundamentales, con independencia de la administración que los gestiona.
• Eficiencia. Potenciar la autonomía fiscal de las CC.AA. –en especial en el ámbito de la imposición indirecta, ahora inexistente- para reforzar su corresponsabilidad y los incentivos a gastar bien, debiendo estar dispuestas a recaudar más impuestos si necesitan financiar un mayor gasto para preservar la estabilidad presupuestaria.
• Autonomía fiscal. Reforzando la capacidad normativa de las Comunidades en el ámbito de imposición indirecta, otorgándoles capacidad de fijar de forma colegiada el tipo de un tramo autonómico del IVA y los impuestos especiales, y haciendo efectiva su presencia en la dirección y gobierno de una Agencia Tributaria Integrada.
• Gestión transparente de la estabilidad financiera. El nuevo modelo debe poner fin a la falta de transparencia y los sesgos en la gestión de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, y abordar con realismo el fin de los mecanismos extraordinarios de financiación, la vuelta a los mercados y el problema de la deuda autonómica.

El seminario, organizado por el Ivie en colaboración con la Generalitat Valenciana, ha sido inaugurado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler y ha contado con la presencia como ponentes de destacados expertos en financiación autonómica de distintas regiones.