VALENCIA. Las empresas que gestionan las cinco concesiones sanitarias en la Comunitat Valenciana en régimen público-privado han sacado todas sus armas para apretar a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, después de que les desautorice constantemente de forma pública, además de anunciar una revisión de todas las liquidaciones pendientes en la que podrían salir perjudicados.
Y entre las posibles acciones, se plantean reclamar un incremento en el importe recibido por la Generalitat debido a los 1.800 millones ocultos en los cajones en gastos sanitario desde 2008 a 2011 y por los que se ha recibido una sanción de la Unión Europea de 19 millones. Las concesionarias del Hospital de Vinalopó, La Ribera, Torrevieja, La Marina y Manises, con Ribera Salud como empresa más afectada, son las que han decido emprender acciones legales asesorados por Broseta Abogados.
¿Y por qué? Por una cláusula que aparece en los pliegos de las concesiones, que se han hecho públicos por primera vez esta misma semana y que tiene que ver con la actualización de la prima per cápita. Esto se debe a que existen dos vías para hacerlo. Si el gasto sanitario público consolidado del Estado crece más que el de la Generalitat, se aplica el incremento menor que es de la Generalitat. Y si crece más el de la Generalitat, se aplica el índice estatal.
La cuestión es que en el caso de que la actualización se hubiera hecho con el gasto de la Generalitat, a más presupuesto más ingresos para la la concesionaria, algo que se hace para equiparar la calidad asistencial entre la parte pública y la público-privada. Sin embargo, al quedarse facturas en el cajón no contabilizándose en el presupuesto final, esto podría haber restado ingresos para las empresas. De momento, están estudiando año por año el importe exacto a determinar.