Las crisis de Coepa y la CEC desata la guerra entre patronales por captar a las grandes empresas

VALENCIA. Más de siete años de crisis, morosidad pública, cierres de empresas y bajas de asociados han metido de lleno a las organizaciones empresariales de la Comunitat en una carrera por la supervivencia con el objetivo prioritario de captar como socias a las grandes empresas. Este pulso por fichar a compañías punteras, con mayor capacidad para pagar simultáneamente las cuotas de afiliación a varias organizaciones, aproxima a las patronales a la naturaleza y funcionamiento de los lobbies o clubes de empresas y reduce su dependencia de la financiación pública, su verdadero talón de aquiles.

Las últimas en sumarse a esta estrategia han sido la confederación empresarial de la provincia de Castellón (CEC) y la alicantina Coepa, que está en el pleno concurso de acreedores y pelea por evitar la liquidación. La autonómica Cierval, por su parte, también prevé lanzar una ofensiva para captar empresas forzada precisamente por la crisis de la CEC y Coepa, dos de las tres organizaciones con cuyas cuotas se sostiene la organización autonómica.

La opción de contar con empresas directamente asociadas no es nueva, pero la estrategia no ha madurado igual entre las distintas organizaciones.

La patronal de Castellón acaba de elaborar un plan de negocio basado en la ampliación de la base de socios privados para reforzar su salud financiera. De su presupuesto para 2015, que roza los 1,9 millones de euros, más de 1,6 millones proceden de convenios o aportaciones del Ayuntamiento y la Diputación de Castellón. Frente a ello, las cuotas de empresas singulares representan un porcentaje mínimo de sus ingresos, apenas suponen 40.000 euros.

Coepa, por su parte, ya preveía esta fórmula, pero recientemente acaba de padecer un revés en forma de sentencia del TSJ de la Comunitat que cuestiona la afiliación directa de empresas a raíz de la reclamación presentada por un grupo de empresarios críticos con la última reforma de estatutos de la organización que hasta hace pocas semanas presidía Moisés Jiménez.

Según fuentes empresariales, el problema en este caso fue no establecer en los estatutos el requisito de la doble afiliación de las empresas -a la organización de su sector y a la de su provincia-. No puede perderse de vista en este caso el conflicto que arrastran entre sí varias organizaciones, particularmente la del metal Fempa -que fue expulsada- y Cepyme Alicante con la actual dirección de Coepa.

La ofensiva por fichar empresas coincide con el proceso de reforma de estatutos que la patronal autonómica Cierval acaba de poner en marcha para permitir, precisamente, la asociación directa de grandes empresas y federaciones sectoriales, hecho directamente relacionado con los problemas económicos de la CEC -cuya cúpula también está investigada por un presunto fraude con el dinero de la formación- y Coepa, que no pueden pagar sus cuotas.

Pese a ello, las dos organizaciones mencionadas se resisten a perder influencia en Cierval a favor de sectores y empresas y ven en la decisión de Cierval una maniobra de la patronal de la provincia de Valencia (CEV) por tomar el control de la autonómica.

Las organizaciones empresariales, interlocutores de la administración y los sindicatos en la negociación colectiva reconocidos en la Constitución, se han organizado tradicionalmente con una estructura piramidal atendiendo a un criterio geográfico y sectorial. En la base, las empresas se agrupan en asociaciones y federaciones sectoriales, que su vez pagan cuotas a las empresas de sus respectivas provincias y éstas -en el caso de la Comunitat- a Cierval.

En función de sus aportaciones como entidades fundadoras, la CEV controla el 41% de los vocales de la asamblea de la patronal autonómica, Coepa el 32% y el resto la CEC. La entrada de federaciones sectoriales y empresas alterará ese equilibrio de fuerzas.

La captación de ingresos privados con empresas directamente asociadas no es novedosa entre las patronales. La nacional CEOE, tal y como se encargó de recordar recientemente José Vicente González, ya contempla desde hace tiempo la opción de empresas asociadas con voz pero sin voto, con la única condición de que mantengan también la afiliación a sus respectivas organizaciones sectoriales o territoriales. Una doble o triple afiliación sólo al alcance de las grandes empresas.

Hasta qué punto perderán influencia las organizaciones provinciales dentro de Cierval dependerá de su plan para captar empresas asociadas. En todo caso, González también anunció recientemente que en principio no se va a limitar el número de vocales que las federaciones sectoriales o las empresas puedan tener en el futuro en la asamblea de la patronal autonómica.

En la carrera por asociar empresas, la CEC y Coepa parten con desventaja respecto a la CEV, que ya lleva dos años aplicando esa estrategia con notable éxito, lo que le ha permitido dar la vuelta a la estructura de ingresos de la organización hasta el punto de que en 2016 prevé que los ingresos de origen privado superen por primera vez a las subvenciones al representar un 54% del total.

El plan desarrollado por su presidente, Salvador Navarro, se centra en fichar para la patronal de Valencia a todas las grandes empresas valencianas y a las que tengan una importante implantación en Valencia, independientemente de los sectores. En este caso, a diferencia de lo que sucede en la CEOE, las empresas sí pueden votar en la asamblea de la patronal, pero se limita su cuota máxima al 30% para reservar la representación mayoritaria a las organizaciones sectoriales. Por cada vocal en la asamblea pagan algo más de 600 euros.

Las últimas firmas en sumarse han sido CaixaBank y PlayFilm, además de la asociación de empresas del sector de la energía (Avaesen). Previamente lo hicieron otras como Bankia, Ribera Salud, Air Nostrum, Druni, Consum, Mercadona, Noatum, MSC, Broseta, Dulcesol, KPMG, etcétera. Actualmente ronda el centenar de asociadas, incluso de fuera de la provincia, como Baleària, con sede en Denia, o el castellonense Grupo Gimeno (Secopsa).

Incluso las cámaras de comercio, corporaciones de derecho público, van en la misma línea. En el caso de las valencianas, la reciente reforma de la ley que las regula contempla la entrada en sus órganos de gobierno de representantes designados directamente por grandes empresas.

Tras la desaparición del pago obligatorio de cuotas a las cámaras en función de la facturación, la reforma apunta directamente a las más grandes. En el caso de la Cámara de Valencia serán las doce empresas que más paguen las que pondrán sentarse en el pleno. Mientras eso llega, la institución que preside José Vicente Morata ya ha creado un club de empresas en alianza con CaixaBank.

En el pulso por sumar empresas socias, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) juega en otra liga. Aunque muchos de sus socios lo son también de la CEV, en este caso su naturaleza y funciones como grupo de influencia están perfectamente delimitadas y se sostiene exclusivamente con las aportaciones de sus cien socios, los principales empresarios de la Comunitat por volumen de facturación.