VALÈNCIA. (EP) El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 ha superado este miércoles el primer bloque de votaciones en la Comisión de Presupuestos del Congreso, incorporando como principal novedad un fondo extraordinario de 9.362 millones de euros para compensar a las comunidades autónomas los gastos derivados de la pandemia de Covid-19 como el que reclama el Consell.
Esta enmienda, propuesta por Junts, ha sido aprobada con el voto en contra de los grupos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que solo han podido contar con el voto del PNV en esta votación. La enmienda ha sido aprobada gracias al apoyo del PP, Vox, ERC, Cs, EH-Bildu, Junts y Coalición Canaria.
En este sentido, cabe recordar que el Gobierno valenciano ha incluido en los presupuestos de la Generalitat de 2022 un ingreso de 1.000 millones procedente de un inexistente Fondo de Transición a la Nueva Normalidad con la esperanza de que el Gobierno acabe aceptando la incorporación del mismo a los PGE en el trámite de enmiendas.
Para superar las votaciones de cada una de los títulos y secciones del Presupuesto, PSOE y Unidas Podemos, que cuentan con 17 votos en las comisiones (a dos de la mayoría absoluta) ha contado con el apoyo del PNV y EH-Bildu.
El PP, Cs y Vox, que sí que ha participado este año en algunas de las votaciones de la Comisión, han votado en contra de las secciones de las cuentas, mientras que Esquerra Republicana, Junts y Coalición Canaria se han abstenido.
Precisamente, la abstención de estas formaciones ha facilitado a las formaciones de Gobierno superar votaciones de secciones en las que EH-Bildu ha optado por la abstención, como las de los ministerios de Defensa o Interior, o la dedicada a la deuda pública.
Durante las casi tres horas de votaciones, la principal novedad a las cuentas es el citado fondo para las comunidades autónomas, que se impulsará a costa de dar de baja 3.362 millones del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, 2.800 millones de euros en inversión real del Ministerio de Defensa y otros 3.200 millones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Asimismo, la Comisión de Presupuestos ha aprobado la inclusión de enmiendas del PNV, Ciudadanos, Más País-Equo y especialmente de Nueva Canarias, con más de 40 enmiendas para movilizar casi 100 millones de euros en inversiones al archipiélago.
Entre las inversiones más cuantiosas se encuentran subvenciones por 10 millones de euros para el transporte del plátano de Canarias, otra de 10 millones para infraestructuras educativas, y ayudas por 5 millones de euros para programas de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales.
También se han incorporado enmiendas pactadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más País para impulsar una agencia independiente para la supervisión de los algoritmos, y habilitar criterios ecológicos para favorecer menús 100% vegetarianos en comedores de entidades públicas.
Por otro lado, el proyecto incorpora una enmienda de Ciudadanos para incluir al sector turístico entre los sectores estratégicos listados en el Plan Integral de Política Industrial 2020, una enmienda aprobada por unanimidad, y otra de Teruel Existe para dirigir 2,5 millones de euros al nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel.
En el caso del PNV, esta formación ha incluido enmiendas para asegurar la prevalencia del concierto económico en lo relativo a endeudamiento autonómico y también tres enmiendas para aumentar las frecuencias en el servicio ferroviario entre Bilbao y Karrantza (Bizkaia) y la ejecución y cesión a autoridades del País Vasco de dos obras hidráulicas: la depuradora de aguas residuales de Galindo (Bizkaia) y el Canal de Añarbe (Gipuzkoa).
Estas enmiendas se suman a las ya incluidas en las cuentas durante la fase de ponencia que permitieron, entre otras cosas, modificar la Ley del Deporte a fin de que los clubes deportivos puedan alcanzar categoría profesional sin tener que convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), para flexibilizar la aplicación de la tasa al transporte de mercancías marítimas a vehículos electrificados o para modificar las facultades asumidas por el País Vasco en la contratación de sus funcionarios.