VALÈNCIA. El último informe enviado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) por el caso Alquería evidencia, mediante los whatsapp de Ricard Gallego, exjefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, que los partidos que gobernaban la Diputación crearon un consejo de dirección 'político' formado solo por ellos y paralelo al Consejo de Administración de Divalterra, en el que ‘cocinaban’ las decisiones que luego tomaría el órgano de gobierno de la empresa pública.
El caso Alquería fue el primer gran caso de corrupción vinculado a los gobiernos de izquierdas salidos de las urnas en 2015. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente Jorge Rodríguez; su asesor Manuel Reguart; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís. Están acusados de malversar cerca de dos millones de euros.
Pero en la investigación, además de la presunta malversación, también se encuentra bajo la lupa de los investigadores un consejo de dirección político paralelo. Según la UDEF, el motivo principal de la creación de esta especie de politburó no era otra que dejar fuera a la oposición, formada por Ciudadanos y el Partido Popular, ambos partidos denunciantes de este caso.
El consejo paralelo lo formaban dos diputados de PSPV, dos de Compromís, uno de Esquerra Unida, uno de València en Comú, el consejero delegado, el gerente y los responsables de las áreas financieras, recursos humanos y jurídica. Es decir, todos menos la oposición. La policía se basa en unos whatsapp enviados por Ricard Gallego. El primero de ellos es del 6 de junio de 2017, apenas 20 días antes de ser detenido que dice:
"¡Buenos días! Aunque no se había dicho, como el consejo de dirección es a las 13 horas, quedamos a las 12:30 para hacer el consejo de dirección político. En el Salón de Reines, como siempre".
En otro mensaje de grupo, enviado el 16 de mayo de 2017, el exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez dice:
"Buenas tardes!. La reunión del día 2 comenzará a las 11 de la mañana, en el salón de Reinas. Seguidamente, a las 13 horas, celebraremos el consejo de dirección. Saludos. Perdón: la reunión es de seguimiento de pacto que teníamos pendiente. Salud. Se suspende el Consejo de Dirección de Divalterra. Pondremos nueva fecha. Vea si puede ser este jueves, a las 10 de la mañana, el consejo de dirección de Divalterra. Quien no pueda, que se manifieste".
Para la UDEF, en ese consejo paralelo es en el que "se deciden todos los temas que se van a tratar en el Consejo de Administración de Divalterra", y en él "participan los partidos políticos que forma el Pacto de Gobierno y deciden lo que se tratará en el Consejo de Administración, así como las decisiones que se toman en dicho Consejo". Este "Consejo de Dirección Político" se realiza con asiduidad, pues según explican, Ricard Gallego matiza que el Consejo de Dirección Político será "En el Salón de Reines, como siempre".
Así, para la Policía, los imputados de Alquería no solo nombraron a dedo a afines a los que hicieron, supuestamente, contratos de alta dirección ilegales, sino que, además, controlaban de forma paralela todo lo relacionado con la empresa pública dejando fuera cualquier molestia, como era la oposición política.
En el informe, la UDEF también habla del borrador de un documento titulado "Reproche a Jorge Ochando ante los nombramientos y su denuncia", encontrado en un disco duro propiedad de Jorge Cuerda. Ochando es el diputado de Ciudadanos que denunció, tanto dentro del Consejo de Administración de Divalterra como en el juzgado, las contrataciones irregulares junto al PPCV.
Dicho documento se corresponde con un borrador para realizar un reproche a Ochando en el pleno del Consejo de Administración de Divalterra. En el documento, se pone de manifiesto que "la conducta del consejero Jorge Ochando solo puede enmarcarse en lo que se podría calificar de quebranto del deber de lealtad para con la Sociedad Divalterra", y se propone su expulsión del Consejo de Administración de la empresa pública.
La justificación para este reproche y su propuesta de expulsión se basa y fundamenta en las denuncias que el propio Ochando realizó en los plenos del Consejo de Administración sobre el nombramiento de los directores de área, exigiendo que los mismos pasaran por el Consejo de Administración al igual que se hace con los puestos de gerente. Afirmaba el diputado de Ciudadanos que los nombramientos incumplían los estatutos de la empresa pública.
Para la UDEF, en el escrito "consta una amenaza velada contra Ochando, al cual advierten con interponer una denuncia por la presunta comisión de un delito de denuncia falsa, achacándole que únicamente tiene afán personal y partidista en sus denuncias de irregularidades en las contrataciones de directores de área.