Las defensas de los acusados piden la expulsión de la Generalitat del juicio de Gürtel

VALÈNCIA. La mayor parte de las defensas de los acusados en el juicio del caso Gürtel que afecta al expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha cargado este lunes contra la presencia de la Generalitat, que se encuentra personada, y han solicitado su expulsión. Tras la suspensión de las primeras sesiones de la pasada semana debido a problemas de acceso a documentación por parte de los abogados, la Audiencia Nacional las ha retomado hoy con las cuestiones previas, que se resolverán mañana martes. 

Gran parte de ellas se han centrado en la personación de la Generalitat en este juicio sobre una de las seis piezas separadas en las que se dividió la trama valenciana de Gürtel. Un total de 27 personas son juzgadas por la investigación relativa al trato de favor a siete empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Entre 2004 y 2009, recibieron varios contratos menores por valor de más de 1,8 millones de euros. Entre los que se sentarán en el banquillo se encuentran Camps y los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera. 

La petición por parte de los abogados de que la Generalitat sea expulsada del juicio se encuentra fundamentada en que el contrato del letrado externo que ejerce la defensa está caducado. Se trata de un contrato menor que tenía como objeto la defensa jurídica de la Generalitat, como actor civil (a lo que el letrado ha añadido en el juicio que ésta se extiende al sector público), en el procedimiento. La duración era de un año y finalizaba en noviembre de 2020. El importe era de 9.982,5 euros (IVA incluido). La resolución fue firmada por el subsecretario de Presidencia de la Generalitat Emili Sampío. 

La Generalitat expresaba en el contrato que, en 2014, el Consell (entonces en manos del PP) decidió no ejercitar la acción penal ni de responsabilidad civil en el caso Gürtel. Al acceder la izquierda, el Ejecutivo autonómico revocó esta decisión y se personó en la pieza de los contratos menores en 2019 como perjudicada civil. Lo hacía con un letrado externo al considerar que utilizar medios propios podía "interferir sobre el derecho constitucional de defensa". 

Los abogados de los acusados han manifestado este lunes su oposición a que la Generalitat continúe en el procedimiento porque el abogado se encuentra legitimado por un contrato menor que no podría exceder de un año en su duración. "No hay soporte para que el letrado esté en esta Sala", han manifestado. Así, han destacado que no consta ni renovación ni prórroga del contrato, por lo que si no se aportara es una causa de nulidad al suponer una "usurpación de función pública" y una "falta de mandato por preclusión del mismo". 

"La Generalitat está utilizando a un letrado que no pertenece al cuerpo de abogados de la Generalitat, pagando con fondos públicos para los intereses del político de turno y habiendo ya finalizado su contrato. No se le puede contratar otra vez porque sería un contrato fragmentado", opina un letrado de la causa. 

Como informó Valencia Plaza, la Generalitat presentó el pasado lunes –día que daba inicio el juicio– un escrito de modificación de las conclusiones provisionales que estaba firmado digitalmente a las 5.19 horas y se dio traslado a las 9.41 horas. Es decir, minutos antes del inicio de la sesión, que arrancaba a las 10.00. 

El hecho resultaba llamativo, dado que se trata de una modificación de las conclusiones provisionales que la propia Abogacía de la Generalitat presentó en julio de 2021. En ellas se incluía petición en concepto de responsabilidad civil. Es decir, lo que se considera una reparación del daño causado a la administración autonómica por parte de los acusados y que ascendía a 835.623 euros.

Ahora, ha querido modificar las conclusiones para incrementar ese daño económico a los 896.989,83 euros. Así, justifica que se han encontrado en el expediente de autos otras contrataciones menores –coetáneas a las investigadas y que informan sobre la ejecución del mismo modus operandi entendido como irregular por quienes sostienen las acusaciones– "con igual resultado de afectación para el normal funcionamiento de la Administración".

"Yo es que no entiendo nada"

Las defensas de los acusados, sin embargo, creen que la Generalitat no puede seguir en el juicio, por lo que el presidente del tribunal ha indicado que dará la palabra este martes al letrado para que plantee sus cuestiones y decidirá si la expulsa o no. El abogado ha finalizado la sesión con la expresión "yo es que no entiendo nada". 

Lo que sí ha decidido la Sala este lunes es que aquellos que han llegado a una conformidad con la Fiscalía serán los primeros en comenzar a declarar mañana. Hasta el momento hay alrededor de una decena. A la espera queda qué ocurrirá con Francisco Camps después de que el Ministerio Público haya pedido que sea interrogado el último. 

En las cuestiones previas, la abogada de Camps ha denunciado una supuesta vulneración de derechos de su patrocinado porque los delitos que se le imputan por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market habrían prescrito, por lo que ha pedido anular el juicio.

En este sentido, ha fijado como fecha desde la que empezar a contar los 10 años de prescripción el día en que se determino la adjudicación del contrato, en 2008. Pero, ha dicho, el auto dictado por la Audiencia Nacional en que se otorgaba la condición de investigado a Camps se habría producido unos meses después de haber prescrito el citado plazo.

La letrada ha incidido en que en la instrucción originaria de esta causa "ya se indicó en un auto que no había indicios de indicaciones para las adjudicaciones de contratos a Orange Market". 

También se ha opuesto a la petición de Fiscalía de exhibir en el plenario un vídeo de la boda del que fuera responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Según el Ministerio Público, se trata de una prueba que "evidencia la relación" entre Camps y el propio Pérez.