MADRID (EP). Representantes de los trabajadores y pequeños accionistas de CaixaBank han arremetido este viernes contra la dirección de la entidad por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha planteado y que y que supondría el despido de 2.157 trabajadores (más del 7% de la plantilla), el cierre de 793 oficinas (el 18% de la red), además de medidas de movilidad geográfica y ampliación de horario.
Durante la junta de accionistas que se celebra este viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, han tomado la palabra para expresar en sucesivas intervenciones su "decepción", "tristeza" e "indignación" por el ERE planteado por la entidad en el marco de su Plan estratégico 2019-2021 e incluso han preguntado si la infanta Cristina está incluida entre los afectados por los despidos. En este punto, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha querido dejar claro que "la infanta no es empleada de CaixaBank", sino que "es empleada de la Fundación Bancaria La Caixa, accionista de CriteriaCaixa, y CriteriaCaixa accionista del 40% de CaixaBank", por lo que ha rechazado hacer comentarios al respecto.
Además, han criticado que la dirección acometa un ERE teniendo en cuenta los sueldos de los directivos, en un contexto en que el consejo de administración del banco "cuesta 14 millones". "El consejero delegado cobra 3,5 millones ¿por qué?, han cuestionado. Para los representantes sindicales, se ha elegido la manera "más lesiva" acometer la reestructuración de la entidad, por lo que han pedido a la dirección que "reflexione", porque "puede hacerlo mucho mejor", y han reclamado que retire las medidas forzosas y que "humanice sus propuestas".
Además han señalado que "el 60% de la representación sindical rechaza la actuación del consejero delegado", que lidera las negociaciones con los sindicatos, y han criticado que intente justificar "un ERE injustificable". En este sentido, han censurado que Gortázar presente a los sindicados un "panorama catastrofista" frente a las buenas perspectivas que presenta de cara a los mercados y le han acusado de "romper la paz y la confianza".
No obstante, el presidente de CaixaBank ha defendido la necesidad del ERE para "anticiparse" a los retos actuales y futuros y garantizar la continuidad del banco. Según ha dicho, el sector bancario está sujeto a "una enorme presión competitiva" derivada de tipos de interés "inauditos", cercanos a cero, y de unos crecimientos de volúmenes "inexistentes", debido a la herencia de una época de expansión desaforada de los niveles de crédito. "Estamos aún terminando el proceso de desapalancamiento", ha apuntado.
Todo ello, sumado a la llegada de las nuevas tecnologías y al cambio de hábito por parte de la clientela, requiere que las entidades financieras "reaccionen ante retos actuales y futuros". En este sentido, Gual ha apuntado que la mejora de la rentabilidad de CaixaBank en 2018 "no garantiza el futuro".
Según ha argumentado, el beneficio de casi 2.000 millones de euros obtenido en 2018 implica una rentabilidad sobre capital invertido aproximadamente lo que exige la comunidad inversora y el consejo de administración tiene la "obligación" de velar para que el retorno sobre la inversión se mantenga en ese nivel en el futuro para asegurar continuidad del banco, la adecuada capitalización y la generación de empleo y riqueza en los años futuros. En todo caso, ha asegurado que el proceso de reestructuración "se hará siempre desde el diálogo".
En la misma línea, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha insistido en que "para gestionar una empresa hay que pensar en el futuro" y CaixaBank debe hacer un "gran esfuerzo para aumentar los ingresos y reducir costes cada día. Así ha asegurado que tiene "toda la intención de llevar el ERE a buen puerto". Las negociaciones se iniciaron en enero y está previsto que finalicen el 8 de mayo.
Por otra parte, en la junta se ha reprochado a la entidad los problemas con las cláusulas suelo y se han recordado los procesos judicializados en este y otros productos problemáticos. Tanto Gual como Gortázar han defendiendo la "correcta actuación" de la entidad y han recordado que, si bien "se ha podido cometer errores", el problema ha sido corregido "para que no se vuelva a repetir". Asimismo, desde Banca Armada se ha acusado a CaixaBank de invertir 112 millones de euros entre 2013-2018 en empresas de armamento.