Puerto de ValenciaVALÈNCIA. El Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV), la antigua Sevasa, ha señalado que el preaviso de huelga de los sindicatos para el Puerto de Valencia persigue "coartar la libertad y el derecho que tienen las empresas a organizar la formación de sus trabajadores, así como hacerse con competencias que son exclusivas de las empresas como son la planificación, organización, coordinación, control y seguimiento de las tareas portuarias".
Para el CPEV el preaviso de huelga presentado durante seis jornadas a partir del próximo 10 de noviembre "es injustificado por cuanto responde únicamente al objetivo de incumplir sistemáticamente la ley para mantener y perpetuar viejos privilegios en el sector de la estiba".
Según denuncian en un comunicado, su principal objetivo es impedir la implementación de la reforma legal de la estiba establecida en el RD 8/2017 y el RDL 9/2019, "necesaria para mejorar la competitividad de los puertos y la economía del país".
La dirección del CPEV recuerda que ha expresado en más de una ocasión que garantiza la totalidad de los puestos de trabajo y de las condiciones salariales de toda la plantilla y, a pesar de ello, los sindicatos han presentado el preaviso.
El origen del conflicto, según las empresas se encuentra en la "persistente negativa" de los sindicatos a iniciar la formación de NAVIS N4 frente a la defensa del derecho de las empresas a formar a los trabajadores acerca de las especificaciones de este nuevo sistema operativo.
El CPEV asegura que esta posición de bloqueo sindical vulnera la legalidad y por ello ha presentado una demanda de conciliación de conflicto colectivo cuya resolución sigue pendiente tras concluir sin acuerdo el acto de conciliación celebrado el pasado 15 de octubre en el Tribunal de Arbitraje Laboral. Por tanto, serán los tribunales quienes finalmente decidan y hagan cumplir la ley.
En este sentido, el Centro Portuario de Empleo de Valencia recuerda que el RDL 08/2017 recoge claramente que las empresas estibadoras “deberán organizar la formación de los trabajadores” y que el propio Estatuto de los Trabajadores las habilita para ello.
Las tres terminales del puerto de Valencia tienen intención de migrar sus sistemas informáticos e implantar el programa NAVIS N4 para incrementar la seguridad y los volúmenes, colaborando con las navieras para optimizar operaciones.
Además, las empresas han asegurado que su implantación maximizará el rendimiento de los recursos sin tener ninguna afección en el empleo y aportará nuevas funcionalidades adaptadas a las necesidades de las terminales portuarias.
Precisamente, el debate sobre las funciones y tareas a realizar por el personal portuario tras la implantación del sistema NAVIS N4, es uno de los argumentos esgrimidos por los sindicatos para negarse a la formación y presentar el preaviso de huelga, acusando a las empresas de querer imponer sin negociar una modificación sustancial de las funciones de los estibadores portuarios, incluyendo un cambio en la composición de los equipos de trabajo diferentes a los actuales.
Desde el CPEV insisten en que las facultades de dirección, organización y control de los trabajos se rigen por lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y el RDL 9/2019 por lo que la obligatoriedad de informar y consultar a la representación de los trabajadores en relación a las tareas que vayan a realizar tras la implantación de NAVIS N4 no implica la de tener que negociar y acordar.
Las empresas aseguran que nunca se han negado a debatir con los sindicatos estas cuestiones, incluso en la reunión mantenida con el comité de empresa el pasado jueves 29 de octubre, la parte empresarial propuso abrir de forma inmediata el debate sobre las tareas para tratar de desbloquear la situación. Y aunque aparentemente los sindicatos aceptaron iniciar ese proceso, esa misma noche presentaron el preaviso de huelga, actuando con una más que evidente mala fe y demostrando que su hoja de ruta pasa por el conflicto y no la negociación.
El Centro Portuario de Empleo tacha de "irresponsable" la actitud de los sindicatos pues sin haber razones objetivas para convocar una huelga, las consecuencias de paralizar el puerto de Valencia serán "muy graves en un momento de crisis e incertidumbre como el actual".
El CPEV mantiene que respeta la convocatoria de huelga y reconoce que es un instrumento legal al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores, pero considera que se trata de una medida de "presión extrema" que llega en el peor momento y que, insiste, "carece de hechos objetivos que la sustenten".
