El Ejecutivo que preside Ximo Puig, por propia iniciativa de su acción de gobierno o debido a la reacción obligada ante cuestiones que han irrumpido en la agenda política, ya está poniendo a prueba a varios de sus altos cargos del segundo y tercer escalón de la Generalitat
14/09/2015 -
VALENCIA. El Consell que preside Ximo Puig, por propias iniciativas de su acción de gobierno o debido a la reacción obligada ante cuestiones que han irrumpido en la agenda política, ya está poniendo a prueba a varios de sus altos cargos del segundo y tercer escalón de la Generalitat. Así, y apenas 70 días después de haber sido designados en la mayoría de los casos, algunos de los secretarios autonómicos y directores generales vienen destacando por decisiones adoptadas o por responsabilidades que se ciernen sobre ellos que serán noticia en los próximos meses.
En este sentido, ValenciaPlaza.com ha sondeado entre las distintas consellerias quiénes son los 10 altos cargos que están bajo mayor presión en estos primeros compases de la legislatura. El protagonismo de algunos de ellos era esperado, mientras que otros se han visto obligados a tomar la iniciativa ante las 'patatas calientes' que dejó el anterior Ejecutivo dirigido por el PPCV o por las propias urgencias que requieren las consellerias de las que forman parte.
-Miguel Soler. Secretario Autonómico de Educación e Investigación de la Conselleria de Educación. Sin duda, y coincidiendo con el inicio de curso escolar, uno de los altos cargos de los que se esperaba rendimiento desde el primer minuto. La sincronía entre Miguel Soler y Vicent Marzà ha hecho que el secretario autonómico se convierta en uno de los hombres fuertes de la Conselleria de Educación, y lo sea en la sombra. Vicesecretario de Educación, Formación y Ocupación en la ejecutiva de Ximo Puig, el director general de Formación Profesional desde 2008 a 2011 con Rodríguez Zapatero es un hombre que tiene contacto con los sindicatos y que conoce a la perfección el sistema educativo autonómico y nacional. Poco dado a las cámaras, Soler ha sabido ocupar un puesto secundario y se ha convertido en el principal baluarte del joven y todavía algo inexperto Marzà. El conseller propone y Soler aconseja. En este caso, la pertenencia a diferentes partidos no ha sido un inconveniente, sino al contrario, una forma de enriquecimiento.
-Alberto Ibáñez. Secretario autonómico d'Inclusió i Igualtat. Es el dirigente más joven del equipo liderado por Mónica Oltra en la conselleria, al que se incorporó tras cuatro años de concejal en Vila-real, y ha asumido la tarea de redefinir las políticas en materia de política social de familias, inclusión social, juventud, integración de las personas migrantes, voluntariado social, igualdad, atención y programas de la mujer, conciliación, prevención de la violencia de género y atención a las víctimas. En los casi dos meses que lleva en el cargo, y además del papel destacado en la gestión para la acogida de inmigrantes sirios, ha iniciado un cambio para transformar una Administración con "falta de personal por la privatización de los recursos y la descoordinación por una deficiente priorización de políticas sociales del anterior gobierno", especifican desde su departamento. En este sentido, destacan además su labor en el IVAJ, donde Ibáñez ha puesto en marcha un plan para convertir la institución en "un motor de oportunidades para los jóvenes" alejada, recalcan, del "modelo de agencia de colocación que creó el PP".
-Natxo Costa. Las decisiones del director general de Comercio y Consumo son, sin duda, las que más están marcando el nuevo rumbo de la Conselleria de Economía. Sobresalen especialmente dos asuntos: por un lado el posicionamiento en contra de la liberalización de horarios comerciales, materializada en los planes de reversión de este modelo que pronto se concretarán en la ciudad de Valencia, donde el Gobierno municipal también está controlado por Compromís. El indisimulado posicionamiento de Costa a favor del pequeño y mediano comercio le ha llevado a tomar decisiones controvertidas como la de dejar a las grandes empresas fuera del Observatorio del Comercio. El segundo gran asunto que lleva entre manos es el futuro de Feria Valencia. Tras dar por finiquitado el plan negociado por los actuales gestores del recinto con el gobierno del PP, Costa tendrá mucho que decir en la nueva organización de la Feria, que tras el giro a la izquierda en el Consell y el Ayuntamiento de Valencia se encamina a un modelo de gestión con mayor peso de lo público.
-Manuel Illueca. Director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la Conselleria de Hacienda. El profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Jaume I fue llamado por Ximo Puig mucho tiempo antes de las elecciones para que empezara a trabajar en el futuro de este ente. La refundación de este órgano ha desembocado en el proyecto para la creación de un banco público destinado a garantizar el crédito de empresas y familias que no tienen acceso a los canales habituales. Illueca, según fuentes de la conselleria, aspira a que este sea un proyecto viable a largo plazo ya que considera especialmente necesario que exista un instrumento de financiación en una comunidad que se ha quedado sin cajas de ahorros.
En este sentido, el banco público era una de las promesas recogidas en los Acuerdos del Botánico suscritos entre PSPV, Compromís y Podemos, pero su puesta en marcha ha requerido de una intensa negociación entre las consellerias de Hacienda y Economía para reordenar las competencias sobre financiación al sector privado. Illueca ha sido el encargado de llegar a un acuerdo con el director general de Economía, Paco Álvarez, satisfactorio para los dos departamentos. Por otro lado, suya está siendo también la tarea de diagnosticar y desentrañar el laberinto de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o desatascar los grandes problemas a los que se enfrenta el Hércules CF y el Elche CF, vinculados al IVF en la etapa de gobierno del PP.
-Rafael Sotoca. Director general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad. Según fuentes de este departamento, su papel en la devolución de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes, una de las primeras medidas impulsadas por la consellera, Carmen Montón, ha sido notable. En este sentido, como responsable de Médicos del Mundo en la Comunitat, una de las entidades que más ha insistido en solucionar este asunto, Sotoca ha sido un caso excepcional porque ha colaborado con la medida incluso antes de entrar en la Administración. Así, se da la circunstancia de que el director general ya había estado liderando la reivindicación desde la sociedad civil que se convirtió en el primer decreto convalidado el miércoles pasado por Les Corts.
-Eva Coscollá. Directora General de Función Pública de la Conselleria de Justicia. Sin duda, uno de los nombres propios del segundo escalón en las primeras semanas del nuevo Gobierno dado que el área que dirige es de vital importancia para las fuerzas sindicales, lo que produjo una negociación especialmente intensa entre la FSP-UGT e Intersindical por la persona a elegir para el puesto, un debate que retrasó el nombramiento. Además, Coscollá ostentaba el puesto de subsecretaria en la Conselleria de Economía que lideraRafa Climent, quien confiaba en su capacidad y no quería dejarla marchar, llegando a congelar la designación durante una semana para poder buscar un relevo de garantías. Ahora, Coscollá tendrá un papel relevante en la próxima reunión de la Mesa de la Función Pública que se avecina, primera toma de contacto de carácter formal entre el nuevo Consell y las organizaciones sindicales.
-Alberto Sanchis. Director General de Vivienda, Rehabiltiación y Regeneración Urbana. Fuentes de la conselleria aseguran que el papel de este alto cargo está siendo especialmente relevante en los primeros compases de la legislatura debido a que la consellera, María José Salvador, ha situado como prioridad el relanzamiento de las políticas sobre Vivienda. Sanchis, arquitecto cuyo nombramiento agradó en el sector, está centrado entre otros asuntos en la redacción de la Ley por la Función Social de la Vivienda, que esperan presentar a principios de 2016. Como muestra de la prioridad que supone este área, en el primer pleno del Consell ya se anunció la paralización de desahucios en el parque de viviendas, además de afrontar cuanto antes el problema de las ayudas, para lo que se ha firmado un calendario de pagos para saldar la deuda pendiente.
Además, Sanchis también está en el epicentro de la conselleria en el estudio de las soluciones de rehabilitación para las 700 viviendas públicas que existen en la Comunitat que no pueden ponerse a disposición de la gente porque no recogen las condiciones mínimas de habilitabilidad. Por otro lado, esta dirección general también se está coordinando con el Ayuntamiento de Valencia para la remodelación del emblemático barrio del Cabanyal.
-Aitana Mas. Directora general de Transparencia y Participación. En general, según remarcan fuentes de la conselleria que lidera Manuel Alcaraz, todo el departamento está trabajando contrarreloj de cara a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia que tendrá lugar el 9 d'OCtubre. Tras la elaboración del Código de Buen Gobierno, donde los altos cargos Pepo Ochoa y Alfonso Puncel ostentaron la batuta, Mas está llevando el peso en las reuniones con los ayuntamientos y con diferentes colectivos para resolver dudas sobre ello, así como sobre la propia ley de Transparencia, la publicación de la declaración de bienes o el Portal de la Transparencia. No obstante, desde la conselleria también destacan la labor de la secretaria autonómica, Zulima Pérez, especialmente en el trabajo de colaboración con las universidades y deFederico Buyolo en Cooperación.
-Julià Álvaro. Secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático. El coportavoz de Verds-Equo, tras arduas negociaciones con la conselleria de Obras Públicas, tendrá bajo su responsabilidad las competencias en materia de evaluación ambiental. Además, fuentes de la conselleria apuntan a que los esfuerzos de este alto cargo se están dirigiendo también a la supervisión de las actuaciones a realizar en Vaersa, el ente público de gestión de residuos que cuenta con cerca 1.300 trabajadores, y al que se buscan fórmulas para "darle la vuelta". Por otro lado, Álvaro también tiene como prioridad la política sobre agua, con la intención de alejar el centro del debate sobre los trasvases para dirigirlo a la reutilización, depuración y otro tipo de medidas.
