Las fundaciones sanitarias, paradigma del descontrol en el sector público de la Generalitat

VALENCIA. Las irregularidades en contratación de personal y servicios detectadas en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat (Fisabio) no son una excepción dentro de sector público valenciano. Las auditorías de cuentas de las empresas y fundaciones públicas que la Conselleria de Hacienda ha publicado esta semana revelan multitud de incumplimientos en los entes de la Generalitat como sueldos por encima de la legalidad, finiquitos hinchados de manera innecesaria, contratos ilegales o gastos que rebasan lo permitido.

Una serie de deficiencias que contribuyen a incrementar la elevada losa de la deuda que arrastra el sector público instrumental y que se repiten con mayor incidencia en las fundaciones sanitarias, convertidas en el paradigma del descontrol que ha marcado el proceder en los últimos años en muchas áreas del entramado de empresas, fundaciones y entes públicos de índole diversa y utilidad cuestionable.

Contrataciones de personal sin autorización previa o no ajustadas a la legalidad, subvenciones y gastos sin justificar o abuso de los contratos menores para saltarse los controles son algunos de los puntos negros detectados por los auditores en este tipo de fundaciones. En muchos casos, además, se trata de incumplimientos reiterados ejercicio tras ejercicio a pesar de las señales de alarma enviadas por los técnicos y las advertencias para revertir la situación y actuar dentro de los cauces legales. Avisos que la mayoría de veces han caído en saco roto con el consiguiente perjuicio económico para las arcas públicas.

El caso de Fisabio, detallado por este periódico a partir de las conclusiones del informe de cumplimiento de la Intervención General, es clamoroso. La fundación, que últimamente ha estado en el ojo del huracán por el escándalo que provocó la dimisión de la secretaría autonómica de Sanidad tras demostrarse que colocó a su hija, se salta la norma en la concesión de ayudas y en los procedimientos de contratación. Sólo en la auditoría de 2015 se alerta de los gastos injustificados en viajes, algunos en clase preferente y habitaciones de categoría superior, se censura la concesión sin control de miles de euros en ayudas y se concluye que al anterior gerente se le pagaron 15.000 euros de indemnización que no le correspondían cuando fue despedido tras el cambio en el Consell.

La auditoria de cumplimiento de la legalidad -elaborada por el auditor externo y la Intervención de la Generalitat- correspondiente a otras fundaciones sanitarias como la de Investigación del Hospital Clínico (Incliva) o la de La Fe evidencian que no son cuestiones aisladas.

En el caso de la primera, buena parte de las anomalías tienen que ver con las contrataciones de personal sin autorización previa de la Conselleria de Hacienda, que tampoco dio el visto bueno a la masa salarial solicitada por la fundación.

Mejoras salariales y contrataciones sin autorización

El gasto de Incliva en personal ascendió a 4,77 millones de euros, pero la dotación que figura en los presupuestos de la Generalitat para gastos de plantilla en 2015 fue de 3,23 millones. Por ello, los auditores llaman la atención de lo que supone el incumplimiento del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, para el control del gasto en el sector público.

Además, el informe revela que por "uso y costumbre" la fundación aplica "diversas mejoras" reguladas en el convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación, que dejó de ser de aplicación para la fundación en 2012. "Por tanto, la fundación está aplicando mejoras que no están reguladas en la legislación que le resulta de aplicación y que no cuentan con el previo informe favorable de la conselleria competente en la materia -la de Hacienda-", advierten los auditores.

Para algunas nóminas analizadas, al no coincidir las categorías laborales con las tablas salariales, no se ha podido cotejar el importe del salario base con las tablas salariales aplicables. "No obstante, en dichos casos el importe siempre es mayor", aseguran los técnicos.

En cuanto a la relación de puestos de trabajo, Incliva formalizó en 2015 varias solicitudes de autorización para contratar con carácter temporal a personal adscrito a proyectos de investigación por un importe total superior a 1,20 millones de euros de los cuales 118.134 euros quedaron pendientes de aprobar por parte de Hacienda.

en varios de los expedientes analizados el contrato se adjudica antes incluso de que se reciba la la documentación preceptiva

Como muestra, de una propuesta de contratación de personal por "necesidades urgentes e inaplazables" de 453.000 euros se aprobaron finalmente 417.000 porque para dos de los puestos no se incluyó "ninguna causa" en el escrito de autorización remitido a la Conselleria de Hacienda. Según justificaron a este periódico desde la Conselleria de Sanidad, se trata de dos sustituciones por maternidad a las que no ha respondido Hacienda.

En otro caso, los auditores alertan de que el empleado que consta en el puesto número 89 "no es la persona realmente contratada". Según Sanidad, la anomalía se explica porque la persona contratada en ese puesto presentó su baja voluntaria a finales de 2014 y en su lugar se contrató otra persona, "pero es el mismo puesto". "Se solicitó la autorización  con fecha 6 de octubre de 2015 y seguimos sin tener contestación por parte de la Conselleria de Hacienda", sostienen fuentes de la Conselleria que dirige Carmen Montón.

Gastos innecesarios en viajes

La auditoría de cumplimiento de la legalidad también se detiene sobre los 104.985,17 euros gastados en viajes, con concreto sobre los que corresponden a proyectos privados -los públicos los analiza el ente que concede la ayuda- para concluir que no existen evidencias ni de autorización previa del gasto ni de que el mismo "esté debidamente motivado".

En cuanto a los procedimientos para la adjudicación de contratos, también detecta una serie de deficiencias que recomienda corregir, como la falta de firma de los pliegos de condiciones por el adjudicatario en el momento de la firma del contrato o la falta de justificación en los métodos de adjudicación elegidos. Además, denuncia que en varios de los expedientes analizados el contrato se adjudica antes incluso de que se reciba la la documentación preceptiva según el pliego.

En el caso de la Fundación para la Investigación de La Fe, se repite la contratación de personal temporal sin autorización previa de la Conselleria de Hacienda, así como la asunción de gastos del plantilla por encima de lo consignado en los presupuestos de la Generalitat. Las tablas salariales propias que aplica no han sido aprobadas, según los auditores.

Además, en relación al procedimiento interno para contratar personal, el informe del interventor alerta de que las convocatorias de la Fundación de La Fe no se publican con la suficiente antelación y tampoco incluye una breve descripción justificativa de la motivación de la misma, ni de la plaza ofertada ni del baremo a aplicar para la selección de los candidatos.

Como ocurría en el caso del Incliva, los gastos de viajes de personal y de directivos de la fundación no han sido aprobados previamente ni justificados mediante "documentación soporte del gasto".

La intervención detecta que los adjudicatarios facturan a la fundación por conceptos que no aparecen en el contrato

Por lo que se refiere a la contratación, los auditores dejan constancia de que los incumplimientos aflorados en informes previos no han sido subsanados. "Las instrucciones de contratación no han sufrido modificación alguna respecto del ejercicio 2013, por lo tanto, mantienen las mismas deficiencias e imprecisiones que se hicieron constar en el informe del ejercicio anterior, incluida la falta de informe de la Abogacía de la Generalitat", sostienen.

Algunas de esas deficiencias son la imprecisión en los baremos a aplicar para evaluar las condiciones técnicas de las ofertas o la facturación posterior de conceptos que no formaban parte del contrato adjudicado, como por ejemplo servicios de mantenimiento.

Además, alertan los técnicos de que el listado de contratos menores de esta fundación ni está numerado ni coincide con el importe certificado a la Intervención General. "Para una muestra de contratos menores encontramos que no existe evidencia de la solicitud previa del gasto y su autorización y aprobación, que la fundación no ha solicitado las tres ofertas preceptivas y que el plazo de pago excede del legalmente establecido", subrayan.

Subvenciones sin control

También llaman la atención sobre la contratación directa sin expediente de contratación de servicios de asesoría y consultoría externos sin autorizaciones ni los informes previos preceptivos.

Este ente también se salta la normativa a la hora de conceder subvenciones. El análisis de una convocatoria seleccionada al azar por los auditores arroja conclusiones demoledoras. La retahíla de incumplimientos comienza por la ausencia de firma en la convocatoria por el órgano competente y por la falta de un baremo de los criterios a tener en cuenta para la valoración de los solicitantes.

Tampoco consta el nombramiento de la comisión evaluadora. "La Fundación únicamente nos facilita un Excel con las valoraciones. Dicho Excel no está firmado ni fechado", lamentan los técnicos. Pero hay más. El criterio a seguir para la concesión de las ayudas no está regulado por escrito, como tampoco existe, para la convocatoria analizada, constancia de las solicitantes presentadas ni una motivación de la concesión o denegación de la concesión.