Las nuevas exigencias de la política agraria común pueden excluir a parte de los agricultores valencianos

BRUSELAS. “De la granja a la mesa” fue el eslogan estrella de la legislatura de Ursula von Der Leyen, cuando accedió en 2019 a la presidencia de la Comision Europea. En su programa figura una reforma sustancial de la Política Agrícola Común (PAC), que deber ser aprobada antes que finalice el mes de junio. El nuevo modelo implica la arquitectura verde y las normas medioambientales, el comercio con terceros países y las medidas excepcionales de mercado. Lo más difícil será conjugar la protección medioambiental y el comercio con terceros países, si lo que se pretende es una agricultura de proximidad, sostenible climática y socialmente, y que permita a los agricultores europeos vivir de la tierra, un “desideratum” que reclaman los agricultores valencianos a través de la Unió de Llauradors i Ramaders (La Unió).

La pasada semana, tras una noche entera de negociaciones en el Consejo de Agricultura, no se llegó a alcanzar un acuerdo. En el trasfondo, quedan las deficiencias estructurales de una política agraria que se hizo para los países del norte en los Tratados iniciales de 1957, sin tener en cuenta los países mediterráneos que se han ido adhiriendo al proyecto europeo en los últimos 40 años. En la memoria y en las hemerotecas, aún quedan las imágenes de los agricultores franceses volcando los camiones cargados con frutas y verduras españolas en los años 80, cuando España entró en el mercado común. 

La Unió lamenta esta falta de acuerdo en el Consejo y lo achaca a la “mayor presión ambiental y social a la que se quiere someter al sector agrario”. Su secretario general, Carles Peris, explica que “la intención del Parlamento es elevar el nivel de exigencia para las explotaciones en las cuestiones relacionadas con medio ambiente y cambio climático, con un mayor porcentaje para eco-esquemas y más rigidez en su aplicación en los primeros años”. 

Competencia desleal de los productos importados

Para La Unió, lo importante de verdad es que estos eco-esquemas den respuesta a necesidades del sector y sean atractivos para que los agricultores y ganaderos participen en los mismos y aseguren su buen funcionamiento. La organización se opone a dedicar más dinero de la PAC al objetivo ambiental y a aumentar la presión sobre las explotaciones, “mientras no se exige nada ni remotamente parecido a los productos importados”.  Joanma Mesado, secretario técnico de La Unió, comentaba que “no es admisible que si la Estrategia de la Granja a la Mesa impone unas condiciones a nuestras producciones, aceptemos productos importados de terceros países con unas condiciones distintas”. 

En particular, explicaba, el principal problema está “en materia fitosanitaria)”, por lo que reclama a la Comisión, transcurrido un año de su publicación, el informe de impacto de la Estrategia. Además, La Unió considera que la respuesta del sector agrario a la ambición ambiental de la UE es ya más que suficiente, y la mayor en términos cuantitativos y cualitativos de todas las políticas europeas.

En la misma línea se expresa en relación a la condicionalidad social, en la que La Unió se alinea con la posición del Consejo, acerca de la carga burocrática que haría pesar sobre la PAC, cuando cada Estado miembro cuenta ya con su propia normativa laboral que tiene que hacer cumplir. En este sentido, persisten las discrepancias sobre el cumplimiento de las condiciones laborales en el campo, que los eurodiputados quieren introducir como condición para cobrar las ayudas, o el mecanismo para conseguir dirigir más pagos a las pequeñas y medianas explotaciones.

Respecto de la figura del “agricultor genuino” como beneficiario de las ayudas PAC, Carles Peris, manifestó que, “tal y como se ha estado fraguando, al final todo apunta a que será una decisión política de cada Estado miembro en su plan estratégico”. Por ello La Unió se reitera en aproximar la figura de agricultor activo a la de profesional, requiriendo un mínimo del 25% de ingresos procedentes de la actividad agraria y exceptuando de la mismas a quienes reciben hasta 1.250 euros de pagos directos, para evitar la exclusión de los sectores sociales del medio rural. 

La clave está en los agricultores pluriactivos

Mesado defiende la idiosincrasia de la agricultura valenciana y añade que, el agricultor genuino, “han de ser los profesionales y una parte de los agricultores pluriactivos, por su función ambiental y de mantenimiento de las zonas rurales”.

Entre las faltas de acuerdo del Consejo anterior, está la cláusula de flexibilidad que los Estados miembros exigen para poder gastar parte del dinero reservado para los eco-esquemas en otras ayudas. Como estos regímenes ecológicos serán voluntarios para agricultores y ganaderos, puede que no se acojan a ellos y el dinero se pierda.

El Consejo de Agricultura celebrado los pasados 26 y 27 de mayo termino sin acuerdo entre los ministros que debatían sobre el futuro de la agricultura de la UE en Bruselas. El objetivo general era llegar a un acuerdo sobre los tres reglamentos que componen el paquete de reformas de la PAC. Se trata de un Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, un Reglamento sobre la organización común de mercados (OCM) única y un Reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC. 

Los principales puntos de discusión incluyeron: condicionalidad social, focalización de pagos y arquitectura verde. Si bien se lograron avances en varias áreas, quedaron pendientes varias cuestiones clave. Por lo tanto, se decidió posponer las conversaciones hasta la próxima reunión de ministros de agricultura y pesca en junio.