FOTO: EFESeptiembre, sexto mes de la pandemia. Regreso de unas vacaciones inexistentes o modestas. España se destaca del resto de Europa por su número de contagios. La situación es mejor que en marzo, pero la recuperación económica no se despereza con la intensidad esperada. Nuevo curso escolar: millones de hogares sintiendo la incertidumbre que desata el regreso a las aulas cuando el riesgo cero no existe.
Son señales que deberían suscitar reacciones abiertas, dialogantes, en diversos escenarios públicos. No es así. España enferma. Obligados a entendernos sobre el contenido de la recuperación económica financiada por Europa, advertimos que el Congreso entona esa jota que se aferra a la última palabra del último discurso de sus señorías para escarbar en la desconfianza sobre las posibles parejas de baile: curioso, porque para lo poco que se aman, los ataques de celos son memorables. Y, fuera del Congreso, cansancio ante el sucesivo estreno de piezas teatrales con la misma trama: un apretón de manos inicial que culmina en una escena final de despecho, digno de ese Madrid separador donde la negatividad cuenta con buen despacho y mejor sueldo. Señoras y señores, el tacticismo y el oportunismo en todas sus modalidades, formas y colores.
Más allá de las enfermedades tangibles e intangibles anteriores, estos días hemos avanzado en el conocimiento de la procedente del caso kitchen y sus vinculaciones. Presuntamente, personas de alta responsabilidad pública, pertenecientes al gobierno o partido de Mariano Rajoy, utilizaron los servicios de policías amantes del cash para borrar las huellas de la financiación ilegal del Partido Popular, incluyendo la estrecha vigilancia de su tesorero, Luís Bárcenas, y su esposa.
En este asunto convergen varios rasgos que agravan los síntomas de la España enferma. El primero y más humillante para un país democrático: la utilización de uno de los poderes del Estado para boicotear a otro; en este caso, el Ejecutivo contra el Judicial. La lealtad mutua entre ambos poderes se ha transmutado en un reiterado intento de obstaculizar la acción de la Justicia, retirando de la circulación aquellos indicios que pudieran sustentar la tesis acusadora, esto es: que formaba parte de las prácticas habituales del PP el recurso a fuentes de financiación ilegales y corruptas.
Otro signo alarmante de la España enferma: los cargos públicos y agitadores más señalados de aquella operación formaban parte de algunos de los cuerpos funcionariales más prestigiosos. Entre otros, abogacía del Estado, letrado de las Cortes, comisarios de policía… Gente a la que se supone más que instruida en el conocimiento de la Constitución Española, incluida la obligación de respetarla y defenderla.
Si el desconocimiento no era la causa, ¿cómo explicar que estos servidores del Estado se ciscaran en los pilares del Estado democrático? Conocemos lo suficiente de la historia de la administración española para deducir que las inyecciones introducidas de imparcialidad, transparencia y modernización se han enfrentado a recurrentes intentos de descargar, por la puerta de atrás, el veneno de la influencia y la ponzoña de la apariencia como sustituta de la legalidad efectiva. Unas corrientes contrapuestas que, según su fortaleza relativa, decantan fenómenos como el de la patrimonialización, política o funcionarial, de algunas parcelas de la Administración General del Estado. Un resultado que, yendo hacia atrás, enlaza con la escasa impronta liberal aplicada desde el siglo XIX a la construcción del propio Estado y la germinación de culturas administrativas, internas y de límites difusos, que difieren en su grado de comprensión de lo que debe ser el empleado público: ¿servidor ecuánime, cómplice del compañero o secuaz del mandatario?
Las anteriores manifestaciones de la España enferma agreden al Estado de Derecho y moldean la imagen que éste ocupa entre nosotros. Conforman un ambiente social permisivo ante los fraudes públicos y enaltecen con el calificativo de “listo” o “espabilado” a quien los comete. Han provocado, incluso, una crisis institucional en torno a la Corona. Resucitan la literatura castellana de la picaresca y escarnecen la honradez, el trabajo bien hecho y el mantenimiento de la palabra dada. Unas consecuencias de puertas adentro que obtienen su retrato correspondiente en el ámbito europeo e internacional: un retrato de desprestigio (¿queda algo de la marca España?) que alienta la desconfianza y prolonga los prejuicios históricos. Mala cosa en un momento en el que dependemos de la Unión Europea más que nunca.
