Convocan una concentración ante la Generalitat para exigir su retirada urgente
VALENCIA. El temido amianto, ese material engañoso que hace décadas se enredó en infinidad de edificios, revelado ahora como tóxico y cancerígeno, también se encuentra presente en un buen número de centros escolares de la Comunitat Valenciana. Concretamente, hay 176 sospechosos, de los cuales 87 se ubican en la provincia de Valencia. Pese a ser un tema ampliamente denunciando, la sospecha sobre su presencia silenciosa y el riesgo que conlleva para la salud de profesores y alumnos no parece alertar la Generalitat, que todavía no se ha decidido a extirpar el problema de manera urgente.
El riesgo de enfermedad preocupa, y mucho a sindicatos y padres. Es por ello que varios de ellos decidieron agruparse en la Comisión 'Fibrociment, No Gràcies’, dependiente de la Federació d’Ensenyamen de CC.OO, de EUPV y de FAPA Valencia. Llevan luchando desde 2007, con el respaldo de otras autonomías afectadas. Y no se rinden porque, el próximo jueves, convocan una concentración en la valenciana plaza de Manises con motivo del Día Internacional de la Salud Laboral. Como siempre, reclamarán un plan urgente de acción. “Un inventario, un calendario, que se destinen presupuestos, desamientado en los casos pertinentes y, sobre todo, mayor implicación de la Administración”, detallan.
Además, la Comisión realizará una charla informativa sobre esta problemática mañana, en el Colegio Público Sector Aéreo de Valencia, un centro afectado por el amianto. Durante el tiempo de legislatura de la actual Administración, han trascendido casos puntuales. Uno de ellos fue el del colegio público Carles Salvador, ubicado en el barrio de Benimaclet, donde retiró el porche de uralita "porque ya estaba muy mal, con partes rotas y grietas”. También se apartó la cubierta del centro Vasco Núñez, en Benidorm, con más de veinte años de antigüedad. Y hace unos meses se anunció que se actuaría en el Colegio Público Padre Manjón, situado en la pedanía de La Torre, que aún conserva placas de uralita en el techo del gimnasio y prevé su sustitución para finales de año. Ahora queda otro centenar y medio.
El tema viene de largo. A principios de 2015 la Generalitat puso en marcha un Plan de Registro, Evaluación y Retirada de Fibrocemento en centros educativos e intervino sobre 27 casos autonómicos. No fue una iniciativa casual, sino que vino motivada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se obligaba a entregar a Esquerra Unida documentos que constataban la presencia de amianto en diferentes centros. Los jueces también obligaron a diagnosticar cada caso, además de a poner soluciones inmediatas para el desamiantado. La cuestión se ha ido dilatando en el tiempo.
La Comisión Fibrociment, No Gràcies ha asegurado que el Consell "tiene la obligación de aplicar el principio de precaución y actuar antes de que empiecen a enfermar los profesores, el alumnado y el personal de los centros en diez o veinte años”. En este sentido, recuerdan que el amianto "tiene un periodo de latencia muy alto desde la primera exposición”. Además, denuncian que "ya han muerto docentes y alumnos en países de la Unión Europea" por la exposición a este material. Por ello, reivindican que la Conselleria de Educación “no puede retrasar por más tiempo la identificación de materiales en nuestros centros educativos”. La Comunitat Valenciana no es la única afectada por esta problemática sanitaria: en Andalucía se habla de más de 200 casos de amianto en escuelas pública.