Las residencias, "satisfechas" por la suspensión del concurso de atención farmacéutica de Sanidad

VALÈNCIA (EP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) se ha mostrado "satisfecha" por la suspensión de la licitación de concurso Resi-EQUIFar de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para la distribución de medicamentos en las residencias de la Comunitat Valenciana, la cual "rechazan".

El presidente de Aerte, José María Toro, ha protestado porque sus propuestas para la mejora de la calidad del servicio y la "imprescindible" colaboración con las residencias "no han sido atendidas". Por ello, Toro ha anunciado que continuarán exigiendo el "nivel de calidad" que reciben hoy, que va en beneficio de la persona residente.

"No aceptaremos limitaciones en el servicio que se recibe por considerarlos contrarios al interés de las personas usuarias de los centros", ha explicado Toro en un comunicado.

Aerte considera que las entregas semanales ordinarias de medicamentos, las extraordinarias de 72 horas y las urgentes de 24, "no reflejan la realidad de las residencias", donde existe un "gran número" de cambios de tratamiento por las características del grupo y que requerirán un "importante número de envíos urgentes", lo que consideran que "complicará la logística del concurso y se apartará del escenario planteado por la Consellería".

En este sentido, han explicado que muchas residencias están recibiendo actualmente este servicio de manera diaria, lo que permite "cambiar los medicamentos necesarios de un día para el otro", mientras que el sistema propuesto "no puede dar la misma calidad", han sostenido.

Asimismo, a nivel jurídico, las residencias consideran que la ley estatal permite elegir a las residencias la posibilidad de establecer un servicio de farmacia propio si tienen más de 100 plazas y un depósito vinculado a una oficina de farmacia, en el caso de contar con un número inferior. Sin embargo, el concurso obliga a someterse a este sistema a todos los centros, sin respetar ambas circunstancias recogidas en la normativa nacional, lo que consideran "ilegal".

"Otro aspecto sorprendente es que los pliegos del concurso están firmados en septiembre y noviembre de 2017, antes incluso de que se hubiera aprobado la modificación de la Ley en las Corts y de la aprobación del decreto, todavía en fase de tramitación, que es donde se debería desarrollar todas las características del servicio que deberían ser recogidas en la licitación" han criticado desde la Asociación de Residencias.

Además, han asegurado que la infraestructura depende de la entidad que sea adjudicataria del concurso, por lo que en las siguientes licitaciones tendrá "una ventaja" sobre las otras empresas que se presenten, que tendrán que hacer la inversión de manera completa, lo que provocará que se pueda convertir en un "contrato indefinido".

"Inseguridad jurídica"

Aerte ha criticado que el listado de centros incluido en la licitación no tiene en cuenta que se pueden abrir nuevos centros que estarán obligados a acogerse a este plan, que algunos de los centros del listado no son correctos, que no todas las plazas están ocupadas y que hay muchos residentes que funcionan por mutuas, como los funcionarios o servicios privados y que "no deberían ser tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto de las entidades que quieran participar en la licitación", lo que genera "confusión e inseguridad jurídica".

La Asociación de Residencias también ha criticado que, con el nuevo sistema, las personas que residen en una residencia privada serán atendidas por el mismo procedimiento que el que tiene actualmente las que residen en las residencias públicas, posibilidades que "no son las mismas" que las que tienen las personas que residen en un domicilio particular.

"La equidad se va a hacer a la baja y no se va a igualar a todo el mundo en el servicio que tienen las personas en su domicilio", han asegurado desde Aerte.