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El 'truco' de las telefónicas para escapar a las tasas locales: separar el negocio de las infraestructuras

14/02/2021 - 

VALÈNCIA. El cobro de las tasas municipales a las empresas de telefonía móvil continúa siendo una asignatura pendiente. Las operadoras siguen escapándose de sus obligaciones fiscales para con los distintos ayuntamientos que han aprobado un gravamen a las redes e infraestructuras que emplean en las ciudades las compañías para prestar el servicio a sus clientes. Pese a estar plenamente vigente la normativa, son pocos los municipios que han conseguido rascar el bolsillo a las telefónicas por este concepto.

Son diferentes los motivos que alegan las empresas para postergar el abono de este impuesto local. Por ejemplo, argumentan ante la administración que no son titulares de las redes repartidas en los núcleos de población. Lo cierto, sin embargo, es que las operadoras estarían separando en empresas distintas por un lado la titularidad de las redes y, por otro lodo, su actividad económica -los servicios de telefónía-. Y esto les ha permitido hasta el momento escurrir el bulto.

Es lo que recoge el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre las tasas de los grandes ayuntamientos,que expone rotundamente que las operadoras de telefonía "han adoptado modificaciones societarias, segregando la titularidad de las redes de la actividad de prestación del servicio de telefonía". Una triquiñuela que les ha permitido quedar "exoneradas de tributación [...], lo que ha redundado en la escasa recaudación obtenida de la tasa".

Desde que se empezaron a aprobar estas ordenanzas en distintas ciudades como Madrid o Sevilla,  la cuestión se había judicializado en diferentes ocasiones precisamente porque las tasas se aplicaban tanto a aquellas empresas que eran titulares de las infraestructuras como a las que simplemente las utilizaban para prestar el servicio. El litigio llegó al Tribunal de Justicia europeo, que dictaminó que estas tasas sólo se pueden aplicar a aquellas compañías que sean titulares de las redes.

Aquel fallo obligó, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla a modificar su ordenanza para circunscribir el cobro sólo a las titulares de las infraestructuras. El Ayuntamiento de València aprobó la suya en 2016 y ya contempla este extremo. Pero ni aún así se está consiguiendo recaudar un sólo euro precisamente porque, tal como señala el órgano fiscalizador, las compañías del sector de la telefonía móvil están aprovechando la sentencia europea para hacer "modificaciones societarias" que les permitan declararse no titulares de las redes y, de esta manera, evitar el pago del gravamen.

Ha ocurrido tanto en Madrid, como en Barcelona, València, Zaragoza o Málaga, donde en muchos casos ya ni se presupuesta ningún ingreso por esta vía ante las evasivas del sector, como publicó Valencia Plaza. La ordenanza del Ayuntamiento de València obliga a las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil a declarar ante la concejalía de Hacienda las redes que operan en la ciudad. En concreto, el número de líneas móviles activas de abonados domiciliados en el municipio y el número de líneas fijas. Un deber que, por el momento, ninguna de ellas ha cumplido, según asegura la concejalía que dirige Borja Sanjuán.

 Borja Sanjuán, portavoz del PSPV en València. Fotos: DANIEL GARCÍA-SALA

"A efectos de liquidar la tasa [...], las compañías no facilitan los datos previstos en el artículo 7 de la ordenanza fiscal correspondiente", explicaban en el departamento fiscal del consistorio a finales del año pasado. Cuatro años lleva el Ayuntamiento de València intentando conseguir los datos, con escaso éxito. De hecho, ante la falta de colaboración por parte de los operadores, el Servicio de Inspección de Tributos y Rentas ha abierto sendos expedientes de inspección tributaria a estas empresas. En ellos, se les requiere los referidos datos, aunque "se está en fase de recepción".

2017 era el primer año en el que se aplicaba esta tasa y el consistorio proyectó que recaudaría al menos dos millones de euros por esta partida. En 2018 rebajó la expectativa a 100.000 euros anuales. Pero tampoco se consiguió nada, ni en 2019, ni durante 2020. En 2021 ya no se ha contemplado ningún ingreso. A la postre, hay una ordenanza fiscal aprobada y de obligado cumplimiento pero cuyo gravamen resulta inaplicable por falta de datos de mercantiles como Vodafone y Orange.

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