Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Desde que se empezara a aplicar en 2017, de poco ha servido la tasa a las compañías telefónicas por la implantación de sus redes móviles e instalaciones en la ciudad de València. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha podido cobrar ni un sólo euro a las empresas operadoras y la previsión para el año que viene apunta en el mismo sentido. El motivo: o bien se niegan a ofrecer sus datos al consistorio a partir de los cuales empezar la recaudación, o se excusan en que no tienen instalaciones en la capital.
Aprobada a finales de 2016, la ordenanza que regula este gravamen obliga a las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil a declarar ante la concejalía de Hacienda las redes que operan en la ciudad. En concreto, el número de líneas móviles activas de abonados domiciliados en el municipio y el número de líneas fijas. Un deber que, por el momento, ninguna de ellas ha cumplido, según asegura la concejalía que dirige Borja Sanjuán.
"A efectos de liquidar la tasa [...], las compañías no facilitan los datos previstos en el artículo 7 de la ordenanza fiscal correspondiente", explican en el departamento fiscal del consistorio. Cuatro años lleva el Ayuntamiento de València intentando conseguir los datos, pero la tarea ha resultado en fiasco por ahora. De hecho, ante la falta de colaboración por parte de los operadores, el Servicio de Inspección de Tributos y Rentas ha abierto sendos expedientes de inspección tributaria a estas empresas.
En ellos, se les requiere los referidos datos, aunque a fecha de hoy "se esta en fase de recepción". La importancia reside en que, sin esos datos, el consistorio no puede calcular cuánto deben pagar las compañías. Gran parte de ellas alegan "que no disponen de líneas o redes en el término municipal de València", circunstancia que genera no pocos recelos en la administración municipal, que pierde la oportunidad de llenar las arcas municipales con estos ingresos.
2017 era el primer año en el que se aplicaba esta tasa y el consistorio proyectó que recaudaría al menos dos millones de euros por esta partida. Ante la imposibilidad de hacer efectivo el cobro -lo cual generaba cierto descuadre en los presupuestos locales- en 2018 rebajaron la expectativa a 100.000 euros anuales. Pero tampoco se consiguió ni un euro, ni en 2019, ni durante este año. El fracaso en esta empresa ha hecho que el consistorio ya no refleje ninguna entrada de dinero por esta tasa para el año que viene. A la postre, hay una ordenanza fiscal aprobada y de obligado cumplimiento pero cuyo gravamen resulta inaplicable por falta de datos de mercantiles como Vodafone y Orange.
Lo cierto es que este tipo de tasas llevan generando controversia en ayuntamientos de toda España, con su consiguiente litigiosidad. Algunas de ellas han llegado a los tribunales ordinarios, otras a los Tribunales Superiores de Justicia, incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Habitualmente, el resultado ha sido desfavorable para las administraciones públicas en cuanto al sistema de cálculo de la tasa y en cuanto a quién debía pagarla -sólo deben hacerlo los propietarios de las instalaciones y no las operadoras que hagan uso de ellas-.
Pero más allá de las múltiples sentencias, que han ido modulando las tasas implementadas por muchos consistorios, la del Ayuntamiento de València se asemeja a otras como la de Madrid, que ya cumple con la jurisprudencia europea y española, por lo que no debería haber problema en su aplicación. Y pese a todo ello, Madrid tampoco está teniendo demasiado éxito en la recaudación.
Según las cuentas anuales del consistorio que dirigía Manuela Carmena hasta los comicios, y desde entonces, José Luis Martínez-Almeida, la mayoría de ingresos previstos y finalmente reconocidos no llegan a entrar en el Ayuntamiento. En 2018 y 2019, la partida de ingresos reconocidos era de 502.000 y 327.000 euros respectivamente, pero en los dos ejercicios lo recaudado a final de año apenas alcanzaba los 2.000 euros. En València, ni eso.
